LA INSTALACIÓN DE UNA SIERRA DE VAPOR EN COVALEDA – II

EL NOTICIERO DE SORIA – Num. 2122 – 29-01-1908

Don Marcelo Díez, dueño de la Sierra de vapor, se halló en nuestra redacción hace días y tuvimos sumo gusto en recibirle, entregándonos el largo escrito que desde luego le dijimos que se lo publicaríamos, pues en todo asunto público deben ser oídos el pro y el contra, y nuestra imparcialidad así nos lo dicta siempre.

He aquí lo que en su propia defensa alega correctamente el señor Díez, diciendo lo siguiente:

Señor Director del NOTICIERO DE SORIA

Muy señor mío y distinguido amigo: En los números 2119 y 2120 de su ameno e ilustrado periódico, he visto que ha tenido usted por conveniente ocuparse de la instalación de una sierra mecánica movida a vapor, que, por creerme absolutamente amparado por la ley, he creído oportuno instalarla en Covaleda.

Se y tengo verdadera satisfacción en consignar, que tanto usted como don Juan J. García y todos los respetables señores que forman parte del Excelentísimo Ayuntamiento de esta capital que se han ocupado de este asunto, ha procedido y proceden con la más absoluta buena fe, pero creo no equivocarme al afirmar que, lo que han hecho, no tiene otro fundamento que el creer, sospechar o temer, que dicha sierra, o se han instalado contraviniendo lo que manda la ley, o porque en ella ven un perjuicio para los intereses generales de los habitantes en pinares, o un peligro para la prosperidad y conservación de los montes, y, que esta creencia, sospecha o temor, tiene por fundamento los informes que sobre ella les hayan dado, los que hasta hoy han protestado en una u otra forma de la instalación; y con el fin de que personas tan respetables y la opinión general pueda formar juicio verdadero sobre asunto que tiene para todos tanto interés, me voy a permitir, contando con su tradicional benevolencia, demostrar en su periódico, como lo hecho por mi, es plenamente legal y beneficioso para los habitantes de Covaleda y no constituye peligro alguno para el mayor desarrollo de la riqueza forestal de nuestra provincia.

Primeramente, que he procedido dentro de la ley y a su amparo, lo dice claramente el artículo 38 en la reforma penal de montes alegado pro don Juan J. García; y para demostrarlo creo suficiente el consignarlo literalmente, dice así:

“Art. 38. No podrá establecerse dentro de los montes públicos ninguna clase de industrias que necesite para su existencia, ya sea como primera o segunda materia los productos del suelo o vuelo de los mismos, sin que se instruya un expediente en el que se oiga el parecer del pueblo dueño del monte, del Ingeniero Jefe del distrito y Gobernador de la provincia, resolviendo la Dirección general del ramo, previo informe de la Junta facultativa del Cuerpo de Ingenieros de montes.

Los particulares dueños de las fincas lindantes con montes públicos podrán establecer en ellas libremente toda clase de industrias siendo responsables de los daños que se causen en los montes públicos por efecto de las mismas, exceptuándose únicamente los hornos de cal y yeso para lo cual necesitarán la oportuna autorización.”

Que soy dueño, con pleno domicilio, de la finca donde he construido la fábrica, puedo demostrarlo a cuantos quieran y lo deseen; si he causado daños o en lo sucesivo causo, entonces estaré obligado a responder de ellos, pero hasta tanto que no se demuestre la existencia de tales daños, y espero que no se podrán demostrar nunca porque me considero (y ninguno bien nacido puede dudar legítimamente de ello) con honradez suficiente para no causar daño a nadie, ni en nada, nadie, nadie creo que tenga derecho por solo sospechas a impedir el ejercicio de mi derecho, expresamente consignado en la ley, como sucede en el caso presente. Se alega que otros que han intentado hacer lo mismo se les ha negado el permiso. Contra esto yo no tengo que decir, sino que a mi, ni me lo han negado, ni me lo han concedido, sencillamente por la razón de que yo no lo he pedido y que no lo he hecho por creer que estoy suficientemente autorizado por la letra del citado artículo. ¿Se trataba en esta ocasión de instalar en finca propia o en la del Estado? Si lo primero, a mi juicio, no tuvieron necesidad de pedirlo; si lo segundo, pudieron, sin faltar a la justicia, negarlo o concederlo según el criterio de los encargados de juzgarlo; yo estoy en el primer caso.

Se ha alegado también contra la instalación de la sierra, que podría ser origen de sucesos desagradables y de que ya ha habido rozamientos que los hacen presumir.

No acierto a dar otra interpretación a estas palabras que una más o menos velada amenaza, pero ¿tiene algún fundamento racional? ¿Es que porque yo haya montado una sierra en Covaleda, perjudico los intereses generales en sus habitantes? Nada más lejos de la verdad.

Tiene próximamente Covaleda 250 vecinos y cada uno de ellos recibe su suerte de pinos que ha de aprovechar del modo más económico posible. ¿Qué perjuicio se les seguirá en que haya una sierra más donde puedan elaborar sus maderas? ¿Los que hoy (y no son pocos) tienen que vender o aserrar sus maderas en malas condiciones porque no pueden menos de hacerlo con relativa facilidad a los que actualmente tienen montados aparatos similares?

¿Protestarán porque tengan otro sitio donde acaso encuentren mayor beneficio? No, evidentemente que no; por eso esas amenazas pueden venir de otra parte, no de la inmensa mayoría de los vecinos de Covaleda, ni tienen justo y legítimo fundamento, y acaso, acaso son consecuencias de que alguien verá un peligro para su negocio personalismo porque haya otros que le hagan competencia pero esto nadie puede evitarlo y los que se interesan por el bien general, menos.

Por último se alega contra lo hecho, el que es un peligro para el desarrollo y conservación de los montes su proximidad a esta sierra, pero ¿es que no está penado el serrar maderas fraudulentas? ¿Es que los guardas no pueden vigilarlas? ¿Es que no tienen todos y cada uno de los señores que se oponen a la instalación, derecho para denunciar los abusos, si llega haberlos, cosa repito que nadie puede pensar sin ofenderme? ¿Qué concepto tienen de la integridad y celo de las autoridades encargadas de la conservación de nuestros montes?

Pidan pues que se corrija, que se persiga, que se castigue inexorablemente lo ilegal, pero dejen que cada uno haga uso de su legítimo derecho instalando una industria donde puede hacerlo sin herir otros derechos como en el caso presente.

Más aún, pidan la reforma de la legislación actual si la creen deficiente pero, entre tanto, respeten el derecho ajeno como pide la razón.

Termino, señor Director, rogando a todos los que han intervenido y han de intervenir en este asunto que lo estudien con la atención debida para que se resuelva en justicia y dándoles las gracias más expresivas por su exquisita corrección queda suyo afmo. Y S.S.Q.B.S.M.

MARCELO DÍEZ

.-.-.-.

SIERRA CHIQUITA (movida por agua 1985)

Invoca el señor Diez lo que las leyes prescriben y, hoy por hoy, no ha llegado a nuestra noticia el que la primera Autoridad civil de la provincia haya resuelto ya en este asunto.

Dejamos pues, a nuestra colaborador don Juan José García, que aludido también en el caso de que se trata y autor  y firmante de la instancia elevada al Excelentísimo Ayuntamiento de Soria, sea, aquel, quien conteste ahora al señor Diez.

Y por hoy sin dar más extensión al asunto, lo terminamos con la Contestación de don Juan José García, que dice así:

Hemos de confesar ingenuamente que, aun defendiendo una mala causa, el comunicante señor Diez se expresa bien, y su alegato pudiera suscribirlo un abogado.

Yo no soy abogado, ni tengo talento; solamente me precio de saber leer, que no es poco; y acudo al diccionario de la lengua.

“Linde.- La raya o parte divisoria entre dos o más terrenos contiguos.”

“Límite.- Línea que circunscribe una cosa.”

La contigüidad supone separación, diversidad, impenetrabilidad, independencia en las cosas o en los terrenos, y la linde es la raya divisoria, etc.

El contenido está limitado por el continente, pero no linda con él.

Por eso no decimos que la provincia de Soria linda con terrenos de la monarquía española, ni el término de Covaleda linda con la provincia de Soria, ni la fábrica de don Marcelo Diez linda con el monte de Covaleda; sino que está limitada por él, está circunscrita por él, está dentro de él.

Y como la ley no nos habla de límites, si no de lindes, veamos si continuamos sabiendo leer y agradeciendo que el mismo comunicante no ahorre el trabajo de transcribir el artículo 38 de la Reforma penal de montes aprobada por R.D. de 8 de mayo de 1884.

Refiriéndose al segundo párrafo a fincas lindantes con montes públicos, y demostrado que la de referencia no linda con el de Covaleda, no hay para que acogerse a tal subterfugio alegando derechos de propiedad que nadie disputa.

La fábrica de don Marcelo Diez está dentro del monte; y como dentro de los montes públicos, según dice el citado artículo no pueden establecerse tales industrias sin que se preceda el expediente que en el mismo se determina, ese el es derecho que alegan los vecinos de Covaleda para protestar del establecimiento de la fábrica.

Hay además aquí un argumento de sentido común; y aunque no esté escrito en ninguna parte, yo afirmo que el que pretende interpretar las leyes forzando el sentido común obra con malicia y se equivoca a sabiendas.

Dada la facilidad de que cualquiera se haga dueño de una propiedad, ¿Qué industrias serían las que el artículo cita lo considera como vedadas sin la formación de expediente? Ninguna, porque no habría ciudadano tan insensato que arrastrase los peligros y las molestias del expediente pudiendo evitarlas con la adquisición de un pequeño pedazo de tierra de los mil y mil que ya existen dentro de todos los montes como propiedad particular.

¿Será que el legislador quiso entretenerse en redactar un artículo tonto para que las gentes se entretuvieran también en burlarse de él?

No. El legislador dijo bien: En la linde del monte, es decir, fuera del monte, yo no tengo más remedio que respetar el derecho de propiedad porque mi jurisdicción forestal no llega allí, pero dentro del monte, ninguna industria se podrá establecer, etc, etc.

Paso por alto lo de las fantásticas amenazas que el comunicante ha creído vislumbrar, y lo de los intereses lastimados, y aun concedo graciosamente mi benevolencia a los inmensos beneficios que a la comarca va a traer la instalación de la fábrica y hasta transijo con que se llame mal nacidos a los que se atrevan a albergar sospechas sobre los inmaculados propósitos de los dueños de la instalación; pero constándome que se ha criticado en corrillos mi intervención en este asunto, y que se me ha calificado de Quijote, he de decir sobre esto dos palabras nada más.

Como yo no pienso ser diputado, ni senador, ni alcalde, ni gobernador, ni mangoneador de ningún negocio, cuando me erijo en paladín de alguna causa lo hago desinteresadamente. Mis aficiones por la conservación de la riqueza forestal y por el bien público, el cariño natural hacia mi tierra y mis coterráneos me obligarán muchas veces a actuar de Quijote; pero ya saben todos los que me conocen y los pinariegos especialmente, que yo solo peleo por mi Dulcinea, y mi Dulcinea es la justicia.

J. JOSÉ GARCÍA

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