LA VECINDAD ENTIERRA DE SORIA – ENRIQUE DIEZ SANZ – II

LA VECINDAD ENTIERRA DE SORIA – ENRIQUE DIEZ SANZ – II

LAS AUTORIDADES Y LOS OFICIOS LOCALES

Los cargos de alcaldes y oficiales se renovaban cada año. En Covaleda se reunía el concejo en la forma habitual, al finalizar el año, el día de San Esteban, y se decía una misa del Espíritu Santo. Posteriormente, en público concejo, los alcaldes salientes nombraban a cuatro diputados, los cuales, bajo juramento, se comprometían a nombrar «para otro año a los alcaldes y oficiales para gobernar la república»: además de los alcaldes ordinarios, un procurador, el fiel, el mayordomo y los deheseros eran los oficiales elegidos. El mayordomo administraba los propios y se encargaba de disponer de todo lo concerniente a la «mesa comunitaria» en las comidas concejiles. El número de deheseros guardaba relación con la cantidad de zonas de pasto y montes que poseía cada aldea. Covaleda nombraba anualmente a diez, Vinuesa, a seis y Aldeaelseñor, un solo guarda de montes. El concejo finalizaba con la ceremonia del juramento de los nuevos cargos, los cuales, ante los alcaldes viejos, se comprometían a «ejercer su oficio bien y fielmente». El último acto del día era una comida comunal sufragada a cuenta de «los propios del concejo»

La negativa a aceptar el cargo podía suponer una multa en dinero, y, aun pagándola, «no se les excusaba del oficio» (En Covaleda, año 1601, la no aceptación suponía una multa de 100 maravedís.)

Los oficios menores

-dehesero, guarda, etc.- no eran incompatibles con el servicio de «casa, calle y cuadrilla», dedicado a tareas de higiene y limpieza en general y al que estaban obligados a colaborar todos los vecinos con uno de los miembros de la familia.

Sin embargo, los alcaldes y el procurador eran reservados de este servicio y, además, estaban exentos no sólo el año que detentaban la alcaldía o la procuración, sino también el año inmediatamente posterior.

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En las aldeas de cierta importancia la dedicación a los cargos municipales exigía, en determinados casos, el abandono de las ocupaciones privadas. Por ello, ciertos cargos públicos, si bien no eran remunerados, mantenían un período de carencia. En Covaleda el cargo de alcalde no podía volver a ser ocupado por el mismo individuo «[…] hasta que haya holgado dos años, de manera que al tercer año puedan nombrarlo e no antes» y el cargo de mayordomo, por considerarlo de «grandísimo trabajo», sólo podía ser ocupado «una vez en la vida y no más, conforme a la costumbre antiquísima». Por otra parte, como en los oficios existía un orden jerárquico que iba desde la alcaldía –el más importante-, pasando por el mayordomo, hasta el guarda, algunas ordenanzas prohibían el paso de un oficio mayor a otro menor, por ejemplo de alcalde a mayordomo. Las Ordenanzas de Covaleda justificaban este hecho con el siguiente argumento: «Por el daño o perjuicio que dello biene e ha benido a la buena gobernación deste lugar, que parece ser bajera volver un ombre de alcalde a mayordomo».

El ceremonial de entrega de varas de autoridad solía celebrarse en una fecha importante, próxima a la de elección de cargos, antes o después de Misa Mayor. Los alcaldes viejos entregaban la vara –símbolo de autoridad- a los alcaldes nuevos y, estos últimos, solían comenzar a ejercer su oficio en la misma ceremonia religiosa y en el concejo abierto que solía celebrarse inmediatamente después En ese primer concejo el nuevo alcalde tomaba juramento a los oficiales nombrados por designación directa: «el repartidor de alcabalas», «los apreciadores de prados» y «los jurados». Al primero de estos «oficios menores de concejo» ya hemos hecho referencia al analizar el sexmo. Se trata del «cogedor del concejo», oficio común a todas las aldeas y que se encargaba de recaudar los impuestos «por menudo».

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Los oficios menores en las aldeas de sierra

Los municipios serranos del sexmo de Frentes: Duruelo, Covaleda y el independiente de Vinuesa carecían de campos cerealísticos y sus habitantes vivían de la ganadería, de la madera y del transporte. En una sistemática y acertada política de aprovechamiento de los objetos de trabajo: pasto y madera, se cifraba buena parte de su bienestar. Por ello, los oficios que se encargaban de la regulación del pasto en las dehesas, alguna de ellas «privilegiada» desde el siglo XIII, tenían extraordinaria importancia.

Los «deheseros», guardas a caballo de las dehesas y montes, vigilaban para que ningún extraño se aprovechase de los recursos comunales de las aldeas que, aunque inmensos en extensión, eran privativos de estos municipios. Los deheseros habían jugado un papel básico durante la Baja Edad Media y seguían jugándolo en el siglo XVI porque nunca faltaban los conflictos con vecinos de las aldeas limítrofes, con la Mesta como institución e incluso con ganaderos de la Tierra de Soria. Entre otras misiones, los deheseros tenían que «renobar e bisitar los mojones del término cada un año, desde mayo hasta septiembre». La función de los «apreciadores de prados» era la de fijar la fecha exacta en la que los vecinos podían iniciar la corta de hierba de los prados del concejo, fecha variable anualmente en función de circunstancias climatológicas Los «jurados» dirigían las «cuadrillas» a las que se tenían que adscribir todos y cada uno de los vecinos para el aprovechamiento de la madera del pinar. Cada cuadrilla tenía asignada una parte del monte para su «corta» y el jurado de la cuadrilla, de acuerdo con las autoridades locales, decidía los pinos que se debían cortar ese año, intentando, siempre, evitar el esquilmo.

La adscripción a la cuadrilla, que duraba todo el año, se iniciaba el día que se daba «la pechería» (día de San Antón) y, si algún vecino se olvidaba de inscribirse, perdía los derechos de corta por ese año. Cuando los vecinos se dedicaban a otras actividades económicas: pastores, ganaderos, carreteros, etc., no podían vender, conjuntamente con las cuadrillas, los pinos del año. Debían esperar a que les tocase su «suerte de pinos» o bien recibían la denominada «campana» que consistía en la entrega, por parte de la cuadrilla, de un número determinado de pinos, entrega que se realizaba en tres plazos: el primero, durante todo el mes de mayo; el segundo, desde el último día de mayo hasta el día de San Miguel de septiembre y el último, que finalizaba con el año. Estas entregas gratuitas de las «cuadrillas» se subastaban en «público concejo» y el dinero obtenido se repartía entre los vecinos no dedicados al trabajo de «corte y aprovechamiento del pinar».

En los concejos de los sexmos meridionales, con una economía basada en el cultivo cerealístico, los oficios eran mínimos. En Quintana Redonda había un Fiel del Concejo que, posiblemente, actuase como «hombre bueno», con el último voto en caso de divergencias; en Mazaterón existían como cargos electos dos alcaldes, dos fieles del concejo, dos contadores de repartimientos del concejo y un «coxedor del lugar». Pero lo habitual eran los dos alcaldes y el cogedor y en las aldeas con monte propio, el oficio de guarda de la dehesa o del monte, solía ser pagado con salario.

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LA PROPIEDAD COMUNITARIA

Las pequeñas comunidades aldeanas de la Tierra de Soria, como las del resto de Castilla, necesitaban no sólo el terrazgo de cultivo, sino también una reserva de pasto para alimentar al ganado ovino y bovino y una zona de vegetación baja o mediana para el aprovechamiento de leña. Ambas cosas, junto con un caudal de agua suficiente, resultaban imprescindibles para la supervivencia. De ahí la importancia que se le dio a estas propiedades de usufructo colectivo, importancia que viene reflejada en multitud de ordenanzas, reglamentaciones y pleitos que, circunscribiéndolos a la Tierra de Soria, hemos utilizado como base bibliográfica para el presente capítulo.

El origen de esta clase de propiedad comunitaria es tan antiguo como confuso; romanos, visigodos y musulmanes ya tuvieron aprovechamientos de estas características. Los autores que han tratado el tema se decantan por la mayor o menor influencia que determinado pueblo ha podido tener en la formación de la propiedad comunitaria castellana, pero la realidad es que, en Soria, la reconquista y posterior repoblación del territorio y sus especiales circunstancias motivaron un reforzamiento de las propiedades colectivas.

El origen bajomedieval de los montes y dehesas del concejo soriano debe remontarse a épocas anteriores a 1256. El 19 de julio de dicho año Alfonso X confirma en Segovia un privilegio que concedía a la villa de Soria la posibilidad de aprovechamiento de sus dehesas

El ejido

El ejido era otro tipo de propiedad comunitaria. En general, se trataba de un campo común, situado en las afueras de los pueblos, que podía ser utilizado para múltiples funciones: servían para establecer las eras, para el desenfado y para el ganado. En el fuero de Soria se prohibía labrar en los ejidos y se castigaba con la pérdida de las bestias y el cultivo (heredamiento) que pasaban al concejo. De todo ello se deduce que la función del ejido en Soria y su Tierra era fundamentalmente ganadera y así se comprueba en la sentencia sobre términos del bachiller Salinas, en la que se declara a varios despoblados como «términos realengos y exidos para pasto de la ciudad de Soria».

El ejido era importante, por extensión y dedicación, en las aldeas ganaderas serranas. En Covaleda abarcaba «desde los atajos del rroyo a la yedra y al colmenar que llaman de Andrés Escribano y al molino del rrobledo y a pradexón y a la paridera y al moxón de la dessa acia el pueblo […]», y estaba situado junto a la pradera del concejo. Ambos territorios comunales poseían una senda común que podía ser utilizada por los vecinos para «transitar con cargas de “tedas, leña, ramón y helechos”» y por las ovejas cuando venían de esquilar, pero «por su camino, sin hacer pausa». Estas limitaciones y la veda del ejido desde el día primero de marzo hasta final de septiembre se debía a que se reservaba, en exclusiva, para pasto de «vacas paridas, becerros de leche y para cabalgaduras y lechonas paridas».

En las ordenanzas de la aldea colindante de Vinuesa aparece regulada la extensión de los ejidos locales y la forma de guardarlos Dentro de ese territorio destinado para ejido no podía entrar el ganado cabañil, exceptuando «vacas paridas que se lleguen a la aldea». Cualquier rebaño de vacas, ovejas, cabras, puercos y yeguas que incumplían la prohibición era multado, cada vez, con la pena de 20 maravedís.

En las aldeas meridionales con economía agrícola, mejor o peor resuelto el problema de los pastos con el aprovechamiento de la dehesa boyal, el ejido se utilizaba para establecer las eras’ para la trilla y como lugar comunitario para el solaz y el desenfado de los vecinos de la aldea.

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La dehesa boyal

Es preciso diferenciar la función de las dehesas boyales entre las aldeas con dedicación agrícola, de aquellas otras: Covaleda, Duruelo, Molinos y Salduero, en las que muchos de los vecinos eran miembros de la Cabaña Real de Carreteros. En las primeras, eran los animales de labor los que se beneficiaban de los pastos; en las segundas, los bueyes dedicados al transporte. De ahí, que ambos tipos de dehesas mantuviesen reglamentaciones diferentes. En Salduero, todas las dehesas de las zonas yermas eran de propiedad concejil y estaban dedicadas a los ganados de la Cabaña Real; sin embargo, las zonas de monte proporcionaban pasto común para todo género de ganado.

En Covaleda existían dos dehesas boyales: Valdehorna y la Nava. Respecto a esta última, las ordenanzas, después de definirla como «privilegiada por el Rey Nuestro Señor para los bueyes domados que andan en carretería, probeyendo trigo y bino y los demás mantenimientos», justifican esa exclusividad de pastos con el argumento de que «en el lugar no se coxe ningún género de pan ni legumbres sino yerba y los bueyes an menester la dehesa boyal». La misma fuente refleja los límites de la dehesa.

“del arroyo de Cabañares tomando el camino lo atrocha asta Riaguela e passa el río y ba derechamente por la Espinosa a yero Ondillo abaxo a dar en Duero y Duero abaxo asta donde dicen la Olla e río de la Cacera de los Molinos asta dar en el arroyo quentra en la pradera de Riaguela y arroyo arriba asta bolber a Cabañares que es donde comentó y entra aquí la toca”.

En las dehesas boyales privilegiadas de los municipios serranos las multas eran durísimas. La veda de la dehesa de la Nava en Covaleda se comunicaba a los vecinos mediante un pregón y, posteriormente, se cerraban las calles de paso obligado hacia ella. A partir de ese momento, los ganados debían acudir a pastar al río «vía recta y camino derecho, por bado cerrado sin vuelta ni retorno, ni pausa».

Cuando se producía esta circunstancia, los infractores podían ser prendados por cualquier vecino, recibiendo a cambio de la delación una cuarta parte de la «prenda», que podía llegar a ser de una res de día y dos de noche, en el caso de que el rebaño fuese mayor de 50 cabezas, y, siendo menor, cinco maravedís por cabeza se intentó aumentar las multas a los ganados «extraños» que entraban en la dehesa privilegiada de La Nava. El concejo serrano solicitó al Consejo una Real Provisión en ese sentido; sin embargo, aquél se limitó a remitir la ley que contemplaba las mismas penas vigentes, es decir, cinco maravedís por cabeza de ganado infractor, aunque añadían nuevas consideraciones como la de que «cualquier vecino de Covaleda, e incluso sus criados, pudiesen prendar y acusar ante la justicia».

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Los prados

Los prados eran otros terrenos de pasto que en el siglo XVI solían ser de propiedad privada, pero que, en algunos concejos de la Tierra de Soria, se mantenían todavía como propiedad comunitaria. Al necesitarse mucha humedad para su mantenimiento, los prados de estas características se localizaban en las aldeas serranas de los sexmos de Frentes y Tera, cerca de los ríos o en lugares con abundancia de agua, que quedaban acotados durante un cierto tiempo para posibilitar el crecimiento de la hierba.

En los prados concejiles el trabajo y el aprovechamiento eran comunitarios. Cada vecino aportaba un segador y el heno cosechado era repartido entre todos. Otra forma de aprovechamiento de los prados concejiles consistía en señalar a cada vecino un distrito de aprovechamiento. Sin embargo, todos debían respetar la fecha del inicio de la siega, que era una decisión del concejo y que se denominaba «soltar el pago». En uno de los prados comunales de Covaleda el valle de Cobarenosa se «soltaba el pago» el día de Santiago de cada año. Después de segado el heno, durante la otoñada, el prado se aprovechaba para pasto gratuito de vacas y becerros. Al finalizar esta estación del año, se iniciaba el «estercolado del prado », labor regulada por el concejo, incluso en aquellos prados pertenecientes a los «propios» de la aldea y, por tanto, arrendados a particulares.

El estercolado se realizaba con carretas y caballerías, podía durar hasta el mes de marzo y consistía en extender estiércol sobre los prados, estiércol que «los vecinos solían cargar a cuestas». A partir de abril, se prohibía pasar por los prados «porque había bellocino y se dañaba la hierba naciente».

Durante esas fechas, el concejo buscaba alternativas de paso y zonas de tránsito obligado.

[…] se podrá passar por la calle de los Castillos que ha a la Tijera y por la senda de Arriguela que ba a la Paduleza y por la senda que ba del corral del concejo a los Royos y al molino el Campo […].

La reglamentación concejil se extendía a la conservación de los prados de los particulares por los que no se podía pasar «con carreta cargada ni vacía sin licencia solicitada en público concejo». El mismo concejo se encargaba de elegir apeadores que debían «hacer cruces, poner mojones y señales» que estuviesen a la vista, con el fin de que ningún vecino alegase ignorancia al «estrechar las calles y tomar para sí tierra comunitaria»

En estos territorios del noroeste de la Tierra de Soria, en donde se alcanzaba el máximo pluviométrico, abundaban los prados, pero también las necesidades de pasto, a pesar de que el bovino soriano de raza serrano-pinaríega, posiblemente indígena y de proporciones menores de las habituales, era de una sobriedad extraordinaria.

Los concejos reglamentaban el aprovechamiento, el abonado, el riego (En   Covaleda se aprovechaba el arroyo que pasaba por el centro del pueblo para regar el «prado del concejo», desde «el sábado tanido a bísperas, asta el lunes salido de missa) e incluso prohibían la venta de heno a los forasteros, dando prioridad de compra a los convecinos por «el tanto». Ya hemos visto anteriormente la exclusividad de pastos para los ganados de los vecinos, llegándose al extremo de que, cuando algún vecino propietario cedía a sus criados alguna res en «horras», es decir, cesión y posterior mantenimiento a costa del nuevo dueño, debía solicitarse el oportuno permiso en el concejo abierto, aunque bien es verdad que los criados vecinos de la aldea y casados estaban exentos de este trámite.

La alimentación del ganado caballar en los prados comunales estaba muy limitada. En la aldea citada sólo se podía tener para uso propio una caballería domada y dos yeguas cerriles con sus crías durante dos años, y todos ellos deberían acudir a pastar al prado dehesa del río Ebros, muy alejada del pueblo, de los prados comunitarios y de las dehesas boyales del concejo. Este ganado cerril, junto con los ganados menores que pastaban en el mismo lugar, no podía regresar al pueblo sin licencia de los alcaldes, los cuales, previamente, habían pulsado el parecer de los vecinos reunidos en concejo abierto para fijar la fecha.

El ámbito de actuación de los doce caballeros de sierra se circunscribía a los «montes reales» de la jurisdicción, excepto en los montes y dehesas de Covaleda y Duruelo, donde, por privilegio antiguo que se remontaba a 1327, no tenían jurisdicción los montaneros de Soria (Privilegio del rey don Sancho del año 1327 (a. 1289), confirmado sucesivamente por Fernando IV, Alfonso XI, Enrique II, Juan I y Enrique III.)

Esta circunstancia, y la gran extensión de sus respectivos términos, propiciaba los enfrentamientos intervecinales. En 1502 dos jueces árbitros nombrados por ambos concejos «acordaron, declararon y sentenciaron» la mojonera que dividía los términos y las multas a pagar por la infracción. El compromiso intervecinal tuvo validez jurídica en la Chancillería de Valladolid, pues, años más tarde y en un nuevo enfrentamiento, un auto del alto tribunal ordena al concejo de Covaleda el cumplimiento del compromiso

Existencia de un libro del concejo en donde se llevaba memoria de los pinos cortados, día, mes y año de la corta y precio pagado por el comprador. Este libro debían llevarlo los alcaldes y servía como control de corta y para información de los vecinos.

Prohibición de «redolar» los árboles en los montes, salvo alguna viga grande que podía redolarse o limpiarse en la «tozana» que era el lugar expresamente destinado para ese fin. Esta normativa tenía como objetivo evitar la suciedad del monte y los posibles incendios subsiguientes.

Prohibición de atravesar pinos y robles en los caminos que impidiesen el paso a carretas y hombres.

Prohibición de que los particulares se aprovechasen de los pinos derribados por el viento y por el rayo, salvo cuando se dedicaban a la construcción de timones y pértigas de carretera. En este último caso, si el pino estaba vendido, se debía obtener la preceptiva licencia del dueño. Por otra parte, los pinos secos eran propiedad del concejo.

Prohibición absoluta de derribar hayas en los hayedos.

Los vecinos de la aldea podían, libremente y sin licencia, obtener madera de los pinos y robles del monte para la construcción de carretas.

En el mismo sentido podían obtener leña seca y «tedas» (teas) para el consumo de todo el año. Ese privilegio lo tenían también los miembros de la Cabaña Real de Carreteros, aun sin ser vecinos de la aldea, porque estando de paso podían, no sólo apacentar sus bueyes y mulas «por los términos permitidos a los mismos vecinos», sino cortar madera de los montes por donde pasaren «para reparo de las carretas, y leña para guisar» (Novísima Recopilación, lib. 7, tít. 28, ley 3 y N. V, lib. 7, tít. 28, ley 4, por las que se permitía pastar a los ganados de la Cabaña Real de Carreteros, siempre que guardasen las cinco cosas vedadas.)

Para evitar la duplicidad de venta de una misma partida de pinos, todas las transacciones debían hacerse delante de la justicia. El pinar se distribuía en «cuadrillas» para el aprovechamiento de la manera. Cada vecino se adscribía a una de ellas. Las cuadrillas se dividían en «mayores» y «menores», en función de la extensión y de la densidad del pinar.

Prohibición de labrar pinos «horcajados» en las cuadrillas mayores.

Prohibición de labrar pinos en cuadrillas ya «labradas», es decir, ya aprovechadas. El infractor perdía la vecindad y todos los beneficios inherentes a ella durante un año.

A pesar de todo, si las penas llegaban a ejecutarse por falta de pago del condenado, se prohibía que las autoridades cogiesen como prenda la sierra, el hacha, la azuela y el cuchillo por ser los «instrumentos que tenían para ganar de comer».

El aprovechamiento de la madera exigía la corta, el oreo en «carne viva» al aire del monte y la «cura de la madera» que se realizaba en «castrilletas» cuadrangulares con intersticios. Una vez secados los troncos, se descortezaban o redolaban en las tozanas y se bajaban del pinar mediante una operación de arrastre realizada por los bueyes y vacas de la mencionada raza «serrano-pinariega», utilizando un dispositivo especial formado por una madera con un grueso clavo y una argolla a la que se fijaba el pino, ya cortado.

Los incendios y la corta indiscriminada eran los principales enemigos de los montes. Tenemos varias referencias a incendios producidos en la jurisdicción, pero ¿cuál era su origen?, ¿podían evitarse, sobre todo teniendo en cuenta que junto a las pérdidas materiales producían buena cantidad de víctimas humanas? Por los testimonios que poseemos se deduce que casi nunca eran debidos a causas naturales, ya que el clima de montaña, con la consiguiente humedad, lo dificultaba en las zonas más septentrionales. En realidad, solían ser los ganaderos, quienes, para mejorar los pastos, limpiaban el monte de maleza, zarzas y espinos mediante el sistema de prenderles fuego o «rozarlos», sin preocuparse demasiado por la consecuencia inevitable de la desaparición del arbolado, aunque fuese positivo para los pastos, porque, a las pocas semanas, nacían nuevos brotes de hierba.

En otras ocasiones los incendios eran provocados por la negligencia de los propios vecinos. Algunos concejos intentan evitar este hecho en sus Ordenanzas.

[…] atentos que por poner en mal recaudo la lumbre se a quemado mucho pinar u se a echo gran pérdida, que ninguno de noche sea ossado ir a pescar con lumbre, aunque sea a lo suelto y baldío del río, sin que lo aga saber a los alcaldes, porque si suscediese desgracia con la lumbre se sepa quien lo hico […].

Precisamente los sucesivos incendios fueron la causa de que la ciudad de Soria redactase sus nuevas ordenanzas sobre montes en el año 1518, pero, a pesar de ello, los incendios siguieron produciéndose a lo largo del siglo; por ejemplo, en 1564 se tardó más de una semana en «matar los fuegos» que, además, produjeron numerosas víctimas.

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El nivel de instrucción

La preparación cultural de los campesinos de la Tierra de Soria era, cosa natural en la época, muy baja. El grado de analfabetismo alcanzaba cotas que superaban el 90 %. Los datos que han llegado hasta nosotros son siempre indirectos: documentos notariales e institucionales en donde era necesaria la firma, la cual, por el trazo, nos puede aproximar al número de personas que sabían leer y escribir. Veamos algunos ejemplos:

En la escritura de venta de un censo al quitar por parte del concejo, vecinos y moradores de Covaleda, los 30 vecinos que en aquel momento forman el concejo, en el que se incluyen las «fuerzas vivas»: alcalde, teniente-alcalde, escribano, etc., firman el documento los que saben hacerlo y el resto ruegan a un estudiante que lo haga por ellos. Pues bien, únicamente ocho pueden hacerlo, y tres de ellos firman con tal inseguridad y discontinuidad en los rasgos, que demuestran un analfabetismo absoluto (AHPSO, sec. Protocolos. Protocolo de Juan de la Peña, año 1591. Venta de censo al quitar a las monjas del convento de Santa Clara por parte del concejo de Covaleda).

Cuando ya se contaba con el oportuno permiso, se reunía el concejo en los lugares acostumbrados. Allí, delante del escribano, los asistentes se comprometían por ellos mismos, y «en voz y en nombre del concejo, vecinos y moradores, tanto por los ausentes como por los herederos y sucesores» (AHPSO, secc. Protocolos. Prot. de J. de la Peña, año 1591, Escritura de venta de censo al quitar, vendido por el concejo de Covaleda a la abadesa y monjas del convento de Santa Clara de la ciudad de Soria.) a hacer frente a los compromisos de pago, compromiso que debía cumplirse «sin embargo ni excusa de ningún fuego, ni agua, ni otra causa fortuita del cielo y de la tierra, aunque acaezca, lo que Dios no quiera, la total destrucción o esterilidad o pestilencia».

Para responder del pago, el concejo hipotecaba sus bienes comunales o «propios», siempre que no estuviesen hipotecados con anterioridad.

En el caso anterior, Hinojosa del Campo «vendió y cargó el censo sobre una dehesa de hierba y pasto del concejo, sobre un monte de roble de más de cien yubadas y sobre otro monte de carrasca, también comunal». Sin embargo, el concejo de Covaleda, para poder avalar el censo al quitar de 75.000 maravedís, que en 1591 fue comprado por «la abadesa, monjas y convento de Santa Clara» de Soria, sólo pudo utilizar la heredad denominada «El Lomo», de tres leguas, que rodeaba el pueblo.

Es muy posible que Covaleda tuviese hipotecados el resto de bienes «comunales» y de «propios», mediante «censos al quitar» vendidos con anterioridad. Para completar el aval, tuvieron que hipotecar diferentes propiedades, prados y casas, sobre todo, el alcalde Andrés de Diego, el teniente de alcalde, Domingo Herrero, y 17 vecinos del pueblo (AHPSO, secc. Protocolos. Prot. de Juan de la Peña, año 1591. «Escritura de venta de censo al quitar del Concejo de Covaleda a la abadesa, monjas y convento de Santa Clara de la ciudad de Soria.»).

Los concejos hacían frente al pago de los réditos mediante el repartimiento entre los vecinos, que se realizaba de forma proporcional a la riqueza, recaudándose conjuntamente con el repartimiento del servicio y alcabala, es decir, un tanto por cada res y por cada fanega de trigo. De esta forma, cuanto más endeudado estuviese el concejo, más caro resultaba el mantenimiento de los animales y menos dinero real se obtenía de los cereales cosechados El Común, a su vez, como si tuviera calculado el riesgo, compra dos nuevos censos a los concejos de Golmayo y Covaleda por un valor de 21.000 y 42.000 maravedís respectivamente . El caso de este último concejo es sorprendente. En menos de quince años tiene que vender, que nosotros sepamos, hasta cuatro censos diferentes: uno al convento de Santa Clara (75 000 mr.), otro a los Doce Linajes (42 000 mr.), otro al Común de la ciudad de Soria (42 000 mr.) y otro a Jhoana de Pamplona (75 000 mr.). Este último era pagado por el concejo limítrofe de Vinuesa con el que mantenía fuertes divergencias en materia de pastos, seguramente por algún arbitraje sobre dicha cuestión.

Precisamente las instituciones y particulares que compran los mencionados censos a Covaleda son el arquetipo de los inversores-prestamistas de finales de siglo.

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LOS CONFLICTOS

Otro motivo de conflicto constante provenía del interés de los mesteños por aprovechar los ricos pastos en Covaleda y Duruelo, que mantenían privilegios especiales. En Covaleda, por ser término comprado «con dineros propios», la Mesta no podía hacer cañada ni pasos en sus términos y sus ganados tenían absolutamente prohibida la entrada en el término municipal (AMCO. Carta ejecutoria con sentencia a favor del concejo de Covaleda, año 1572.). En 29 de noviembre de 1571 la Real Chancillería de Valladolid falla a favor del concejo de Duruelo, declarando que «los ganados de la Mesta no tienen paso, pasto y aprovechamiento en el término de Duruelo, porque los vecinos son “libres de facer lo que crean útil en sus defesas y montes”».

En 21 de noviembre de 1600 se repite una sentencia en términos parecidos, de lo que se deduce que los grandes ganaderos mesteños seguían insistiendo en el aprovechamiento de las finas hierbas de la sierra de Urbión, precisamente las que daban calidad a las lanas de Vinuesa, las más valoradas de la cuadrilla soriana, y con las que años más tarde se fabricarían en Francia las telas denominadas «londrins», destinadas a la exportación al «levante», aquellas de las que se afirmaba en Sedán que: «les draps étainet faits de laines d’Espagne (Segovia, Albarracín, Soria)»

Para realizar el reparto individual o «hijuela por vecino» se fijaba un día determinado, habitualmente el día de San Antón. Ese día los vecinos declaraban, bajo juramento, los bienes muebles y raíces que poseían, «sin dejar cossa que no declare», según manifestaban las Ordenanzas. En el caso de que, por malicia, alguno de los vecinos encubriera algunos bienes y no los declarase, la bolsa del concejo se hacía cargo del pago. De cualquier forma, cada vecino tenía su fiador abonado, que pagaría los pechos en el caso de que el primero no cumpliera con su obligación fiscal, y, en última instancia, cuando ni uno ni otro podían hacer frente al pago, la ejecución de la deuda mediante almoneda pública dejaba los bienes «sanos y de paz» para el nuevo propietario que acudiera a la subasta.

El incumplimiento de la declaración previa de bienes antes del cobro era multado, aunque se solía conceder una prórroga de tres días para los ausentes de la localidad.

Con los datos obtenidos, los contadores de cada aldea elaboraban los «padrones», en los que constaba no solamente la cantidad individual a pagar por cada uno de los vecinos, sino también la forma en que debían recaudar el dinero los receptores, según manifestaban, «para que mal ni daño no venga al pueblo».

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