ATLAS FORESTAL DE CASTILLA Y LEÓN – XV

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Génesis y desarrollo de la ordenación de montes

Introducción

La forma en que la sociedad percibe los montes ha evolucionado de manera notable con el tiempo, sobre todo a lo largo de las últimas décadas. Hasta finales del siglo XVIII fueron considerados lugares apartados, inhóspitos y hostiles para el hombre, refugio de fieras y malhechores. Sin embargo, una nueva visión de los montes como fuente de materias primas para el autoconsumo o la industria, así como una precoz conciencia sobre la posibilidad del agotamiento de sus recursos por prácticas de uso abusivas, enmarcarían la percepción del monte en el siglo XIX. La defensa de la propiedad y la salvaguardia contra aprovechamientos forestales esquilmantes condicionan la política, la legislación y la técnica forestal de esta época. Una vez asegurada razonablemente la persistencia del monte, una sociedad cada vez menos dependiente de los recursos forestales directos para su supervivencia diaria —maderas, leñas, pastos, caza, etc.— reclama, desde la segunda mitad del siglo XX, la máxima multifuncionalidad de los terrenos forestales y, en especial, la optimización de sus beneficios indirectos al conjunto de la sociedad. Así, el paisaje, el ocio y la conservación de especies o hábitats singulares vinculados al monte, son funciones que se demandan a estos espacios hoy más que nunca, planteando el difícil reto de conseguir una gestión de los terrenos forestales compatible con todas ellas, ya sean directas o indirectas, maximizando el balance final de beneficios tanto para sus propietarios como para el conjunto de la sociedad.AtlasForestal_CastillayLeon_Bloque2_Página_145_Imagen_0001

La Ordenación de Montes, como disciplina de organización de los diversos usos posibles de los recursos forestales, directos o indirectos, en el tiempo y en el espacio, ha venido asegurando para nuestros montes ya desde mediados del siglo XX no sólo su persistencia intrínseca, sino la mejora de su capacidad para lograr objetivos de funcionalidad múltiple, principios hoy de demanda creciente.

Los inicios de la Ordenación de Montes

El siglo XIX marca en la Península Ibérica, como en el resto de Europa, una época de cambios trascendentales para los montes. El legado del Antiguo Régimen español en materia de montes fue un patrimonio forestal en muy desigual estado de conservación. Durante siglos se asistió a un constante goteo de normas jurídicas parciales, a menudo incluidas en compendios legales generales —Fuero Juzgo de 681, Fuero Real de 1255, Las Siete Partidas de 1263, Fuero Viejo de Castilla de 1356, etc.— o bien independientes, bajo la forma de Pragmáticas, Reales Provisiones, Reales Cédulas, etc., otorgadas por los sucesivos monarcas para intentar atajar aspectos concretos de los múltiples abusos detectados en relación con los montes: pastoreo incontrolado, roturaciones arbitrarias o incendios, entre otros. A todo este cuerpo legislativo disperso es preciso añadir la no menos numerosa normativa de carácter municipal y señorial, plasmada en ordenanzas diversas de ámbito local. El primer cuerpo legislativo unitario específicamente forestal se promulga en 1748, año en que Fernando VI dicta la Real Ordenanza para el aumento y conservación de Montes y Plantíos. Ya en el siglo XIX, con la publicación del Real Decreto de 22 de diciembre de 1833 por el que se aprobarían las Ordenanzas Generales de Montes, en las que se crea por primera vez una Dirección General de Montes, se produce un avance sustancial.

Sin embargo, el principal obstáculo para el fomento de los montes era por aquel entonces la falta de criterios científicos y técnicos para el manejo de las masas, cuyo aprovechamiento se guiaba aún por antiguos preceptos emanados de la fuerza de la necesidad y de la costumbre.

Los Comisarios de Montes, delegados del Rey para el control de los montes, eran a menudo personas totalmente ajenas a la ciencia forestal. La sustitución de esta vieja administración forestal, propia del Antiguo Régimen, por una administración forestal moderna y profesionalizada, basada en criterios científico-técnicos, tal y como hoy la conocemos, se gestó a lo largo de la década de 1840, comenzando de hecho en 1854. No se consolidaría, sin embargo, hasta 1859, año en que un Real Decreto suprime la figura del Comisario de Montes y traslada sus funciones a los Jefes de los Distritos Forestales. El funcionamiento de estos organismos territoriales de gestión forestal empezó a regularse en 1857, con la aprobación de la Instrucción para el Servicio Facultativo de los Montes en los Distritos Forestales.

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Felipe Romero y Gilsanz, Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de Valladolid, estudió las dunas interiores de la provincia para profundizar en el conocimiento del fenómeno dunar y por hacer comprender a la sociedad los daños del avance de las arenas en los terrenos de propiedad privada dedicados al cultivo agrícola y la necesidad de su repoblación forestal. Así se expresa en el «Informe sobre las dunas interiores de la provincia de Valladolid» elaborado en 1896 y remitido a la Junta Consultiva de Montes; se acompaña de un croquis a escala 1:50.000 de los terrenos más importantes constituidos por arenas voladoras, situados en los términos municipales de Aldeamayor de San Martín, La Parrilla, Portillo, Camporredondo y San Miguel del Arroyo. En este croquis se reflejan los montes públicos y los terrenos con arenas sueltas de particulares, con indicación de la cabida y la especie dominante (Archivo del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid).

Las llamadas Memorias de Reconocimiento de los montes a cargo de los Distritos Forestales constituyen el germen de los primeros proyectos de ordenación de montes en España.

Tienen su origen en una Real Orden de 27 de noviembre de 1852, por la que se mandaba reconocer las principales masas forestales y practicar los estudios necesarios para su mejor conservación y aprovechamiento.

Una Real Orden de 18 de abril de 1857 promulgó las primeras Instrucciones de Ordenación de Montes españolas.

Desgraciadamente, el nivel técnico y científico forestal de nuestro país en aquel momento, así como el escaso desarrollo de las técnicas de inventario, impidieron que las Memorias de Reconocimiento derivasen en verdaderos proyectos de ordenación, como habría sido de desear: los Distritos Forestales no cubrían todavía la totalidad del país, los medios humanos y materiales de la nueva administración forestal eran precarios, y la inestabilidad administrativa muy acusada. Por ello, estas primeras instrucciones no pasaron de ser una mera declaración de intenciones, y no llegaron a aplicarse en la práctica (García-López, 1995a).

En 1859 se creó en el monte La Garganta, actual número 144 de utilidad pública de la provincia de Segovia, propiedad del Ayuntamiento de El Espinar, una Escuela de Prácticas Forestales para completar la formación académica de los alumnos de la Especial de Ingenieros de Montes de Villaviciosa de Odón. Ubicada en una imponente masa de Pinus sylvestris de unas 3.000 ha, no sólo tuvo como objetivo la formación en el propio monte de los alumnos de la Escuela de Ingenieros de Montes, fomentando su vinculación al monte y su fortaleza mediante pesados trabajos topográficos y selvícolas, largas caminatas y prolongadas estancias en campamentos, sino que estaba llamada a poner en práctica, por primera vez, los principales preceptos de la ciencia forestal alemana y francesa en un proyecto de ordenación para el monte La Garganta. Por su minuciosidad y alto nivel técnico y científico, dicho proyecto debía servir como modelo para los proyectos que desde entonces se redactasen en el resto de los montes españoles para su mejor conservación, aprovechamiento y mejora (García- López, 1995b; García-López & Sáiz Garrido, 1997). El director de la Escuela, el joven y brillante ingeniero José Jordana, comenzó por elaborar la Memoria de Reconocimiento del monte, no limitándose a redactar un documento de trámite y de carácter exclusivamente técnico, como mero preámbulo de un inventario y de una posterior ordenación del predio: movido por su curiosidad, minuciosidad y aficiones humanísticas, efectuaría entre 1859 y 1862 un ambicioso trabajo recopilatorio, del que resultó una verdadera fotografía, no sólo del monte como unidad productiva, sino como medio natural en su conjunto, otorgando gran importancia a los llamados productos secundarios frente a la madera. Prestó además especial atención al ser humano como parte integrante del medio, a sus costumbres vecinales históricas en relación con el monte y a su acervo lexicográfico y cultural de índole genuinamente forestal (García-López, 1992, 1994a y 1994b).

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Datos de las medidas y terminología tradicionales de las piezas comerciales de madera en la Memoria de Reconocimiento del Monte de Utilidad Pública ordenado nº 144 «La Garganta» de El Espinar (Segovia), redactada en 1862.

Asimismo, en coordinación con las entonces recién creadas Comisión de Estadística General del Reino y Junta General de Estadística, organismos precursores de la moderna estadística en España, se tomó como objetivo la puesta a punto de una metodología, a la vez sencilla y rigurosa, de inventariación estadística de los recursos forestales bajo criterios científicos modernos, efectuándose por los ingenieros de montes Antón y Romero el primer inventario científico conocido de la historia forestal española. Los resultados de dicho inventario se plasmaron en un plano de rodales que constituye uno de los documentos básicos para la historia de la ordenación de montes en España (Antón & Romero, 1863).

La temprana supresión de la Escuela de Prácticas en 1862, por problemas presupuestarios y administrativos en una época de convulsiones políticas y sociales, no permitiría ultimar el proyecto inicial de tres fases —memoria, inventario y ordenación propiamente dicha—, cerrándose tan sólo las dos primeras y quedando pendiente la formación, como culminación del proceso, del proyecto de ordenación modelo del monte. No obstante, la memoria redactada llegó a incluir en uno de sus anexos la denominada Propuesta de Ordenación, en la que se exponían por primera vez en España los principios básicos de un plan de ordenación, que no llegó a llevarse a la práctica. En ella se expuso la problemática básica de esta disciplina en su aplicación a las masas españolas, destacando la difícil aplicación de las reglas centroeuropeas a la realidad de las masas mediterráneas, a menudo irregulares o irregularizadas por la naturaleza de los aprovechamientos realizados en ellas, y de comportamiento hasta entonces poco menos que desconocido.

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Primer plano de ordenación de montes en España. Plano de rodales del monte de utilidad pública 144 «La Garganta» de El Espinar (Segovia), por Antón Villacampa y Rómero López (1863) (Archivo del Servicio Histórico Militar).

El 24 de mayo de 1863 se promulga la primera Ley de Montes. Dos años más tarde, en desarrollo de la misma, se aprueban las segundas instrucciones de ordenación, denominadas Instrucciones para la Ordenación Definitiva de los montes públicos. Se ha venido atribuyendo su limitada aplicación práctica a la inestabilidad política y administrativa del periodo, a la penuria de medios de la recién creada Administración Forestal y a una incertidumbre casi generalizada en relación con el estado posesorio de los montes, pendientes de deslinde en su mayor parte, que no permitía abordar todavía planes a largo plazo. De hecho, en 1864 se habían dictado las primeras normas para la inscripción de los montes públicos en los Registros de la Propiedad y el mismo año se crearía una Comisión Regia para ejecutar deslindes.

A pesar de su restringida aplicación, estas instrucciones constituyen el marco normativo en el que se desarrollaron los primeros proyectos de ordenación. En este sentido, cabe a la región castellano-leonesa el honor de haber sido el escenario inicial de las tentativas de ordenación de montes en España. El primer proyecto de ordenación de monte público aprobado en nuestro país data de 1882, y corresponde al monte El Quintanar, en Ávila. Fue redactado por el ingeniero de montes Carlos Castel, autor también del proyecto del monte abulense Valle Iruelas, segundo catalogado que se ordenó en la región, aprobado en 1886. En ambos casos la especie principal era Pinus pinaster.

La figura de Carlos Castel, ingeniero, político y precursor de consultores forestales privados, merece destacarse por su muy importante intervención en las ordenaciones de primera hora redactadas en Castilla y León. A las ya mencionadas en Ávila, durante la década de los ochenta del siglo XIX, es preciso añadir otras de montes públicos realizadas por este forestal para la iniciativa privada: que sepamos, al menos en Valladolid —primer grupo de la concesión de 1894— y Segovia —grupos primero, tercero y sexto, entre 1898 y 1899—.

También en 1882 se formarían los primeros proyectos de ordenación de robledales —Quercus pyrenaica—: el del monte Matas de Valsaín, en Segovia, elaborado por los Ingenieros Rivero, Breñosa y Castellarnau, afectos al servicio de la Corona, y el del monte La Herrería, también propiedad de la Corona, en San Lorenzo de El Escorial, en Madrid, redactado por Lucas de Olazábal, autor de un clásico tratado de Ordenación de Montes (Olazábal, 1883), primero merecedor de tal nombre, que, junto con los textos de Agustín Pascual (1870) y algunas traducciones de obras foráneas, constituirían la columna vertebral de la doctrina dasocrática española hasta bien entrado el siglo XX.

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Plano del proyecto de ordenación (original a escala 1:20.000) del Grupo Primero de Segovia, en el que se representan los montes Cabañas del Moreno y Mangas, Pinar Grande y Pimpolladas, Pinar y Robledal y El Pinar, pertenecientes a los ayuntamientos de Navalmanzano, Pinarejos, Zarzuela del Pinar y Aguilafuente, respectivamente. Dicho proyecto fue redactado por Carlos Castel en 1898. En el plano aparecen reflejados los tranzones por clases de espesura, así como las superficies rasas y otros datos de interés (Archivo de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente).

En virtud de la Real Orden de 9 de mayo de 1890 se crea la Sección Directiva e Inspectora de las Ordenaciones de los Montes Públicos, primer órgano específico en la materia, y se promulgan las correspondientes Instrucciones para el Servicio de las Ordenaciones de los montes públicos por Real Orden de 31 de diciembre del mismo año. Estas instrucciones sí fueron objeto de verdadera aplicación a gran escala en España, por lo que en la práctica han venido siendo consideradas como las primeras, e inauguran de hecho la moderna ordenación de montes en nuestro país. No se revisarían hasta 1930.

Esta primera etapa de establecimiento de la Ordenación de Montes en España termina con la sustitución del primer órgano específico en la materia, la Sección Directiva, por una Inspección de Ordenaciones, en 1901, y se salda con unas 120.000 ha ordenadas, de las que unas 50.000, el 42 %, se encontraban en Castilla y León. Tan sólo diez años después de la creación de la nueva Inspección, la cifra de hectáreas ordenadas ascendía ya a unas 450.000, distribuidas en 431 montes y 125 proyectos, confirmándose así la consolidación de las prácticas asociadas a tan importante disciplina forestal (Olazábal & Martínez, 1911).

Evolución ideológica y técnica entre 1890 y 1930

En las Instrucciones de Ordenación de 1890 se presta muy escasa atención a los regímenes basados en la reproducción vegetativa del arbolado. De hecho, los montes bajos, los montes medios de trasmochos y los oquedales de pies trasmochados se encontraban muy extendidos en aquel momento, caracterizando este tipo de estructuras a buena parte de las masas de frondosas españolas y, desde luego, de las castellano-leonesas. Apenas se regula en ellas la forma de proceder en el caso de las masas irregulares, reservando su aplicación a supuestos poco menos que excepcionales.

Tampoco se dedica atención alguna a la ordenación de aprovechamientos como los resinosos o los corcheros, que ya por aquel entonces habían alcanzado una notable relevancia económica nacional y, sobre todo en el caso de los primeros, regional, hasta el punto de que, en muchos montes, los ingresos procedentes de los aprovechamientos de resinas, corcho y piñón de pino piñonero, iniciados a escala industrial durante la década de 1860, superaban con creces a los proporcionados por los aprovechamientos maderables. Las ordenaciones resineras y corcheras más antiguas se elaboraron durante la década de los ochenta del siglo XIX, por lo que se anticipan en algunos años a las instrucciones que comentamos, y se desarrollaron de hecho en condiciones de extremada penuria normativa (Allué-Andrade, 1999; Suárez et al., 1999), regulándose a menudo en las propias reales órdenes por las que se adjudicaba la realización de los estudios de ordenación de dichos montes a industriales interesados en asegurarse el suministro de las materias primas que producían. Sin embargo, la entrada en vigor de las instrucciones de 1890 no se tradujo en ninguna mejora en este sentido, por las razones ya indicadas.

Es importante destacar que, durante el lapso de tiempo registrado entre 1890 y 1930, se fue abriendo camino una convicción bastante generalizada entre los forestales españoles sobre el carácter absolutamente singular del monte y de las producciones forestales mediterráneas, a las que, por su especificidad y multiplicidad, difícilmente podrían aplicarse modelos centroeuropeos. Estos modelos, tan presentes en la formación de los forestales españoles desde el propio momento de creación de la Escuela de Ingenieros de Montes, son puestos en cuestión ya desde esta época. En este sentido es preciso destacar, en nuestro escenario regional, la notable evolución ideológica registrada entre los primeros proyectos redactados para masas pobladas por Pinus pinaster y Pinus pinea en la meseta castellana, orientados hacia la producción resinera, y la filosofía que animó otros algo posteriores, como el formado en Valladolid para el segundo grupo de la concesión de 1897 por los ingenieros de Andrés y González de Heredia, en virtud de la cual la ordenación debe tender a crear montes maderables en que se aprovechen al mismo tiempo las leñas, resina y el fruto (Gordo, 1999). Este claro y precoz enunciado del principio de la multiplicidad y compatibilidad de las producciones en el monte mediterráneo resulta ilustrativo de una corriente de pensamiento que coexistió con las doctrinas oficiales, plasmadas en las instrucciones vigentes, y que acabaría cristalizando algo más tarde, como veremos.

Por otra parte, los problemas de regeneración encontrados en muchos de los montes ordenados desde finales del siglo XIX, no siempre bien diagnosticados, determinaron la aparición de posturas muy conservadoras. El desvío de fracciones importantes de la posibilidad de regeneración hacia las cortas de mejora, al que se asociaron casi siempre retrasos más o menos importantes en la marcha ordenada de los montes, o el recurso a la entresaca en situaciones manifiestamente inadecuadas para su aplicación, sacrificando a menudo la densidad de las masas y su rentabilidad y posponiendo la resolución de los problemas sin contribuir a ella con ninguna aportación concluyente, fueron respuestas frecuentes a esta clase de dificultades.

Las Instrucciones de Ordenación de 1890 posibilitaron, no obstante lo anterior, la ordenación de una quinta parte de la superficie total ordenada en España en la actualidad.

En esta primera remesa de montes ordenados hasta 1930 figura la mayor parte de las masas forestales más emblemáticas, salvo raras excepciones. La superficie ordenada en Castilla y León hasta 1930 ascendió a casi 200.000 ha, lo que supone aproximadamente un 42 % de la superficie ordenada en España hasta esa fecha.

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