ATLAS FORESTAL DE CASTILLA Y LEÓN – XIV

La Clasificación General de los montes públicos de 1859

En 1858, el Gobierno liberal restableció la desamortización y se acentuó la lucha entre el Ministerio de Hacienda y el de Fomento. Un Real Decreto de 1859, al dictar las reglas de enajenación para el cumplimiento de las leyes desamortizadoras, recuperó las tres clases de montes públicos e incorporó una nueva excepción: «la reserva de terrenos que, no siendo aptos para el cultivo agrícola, estén desnudos de árboles para la formación de plantíos».

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El Catálogo de los montes públicos de 1862, para Castilla y León, comienza a publicarse en los boletines provinciales en 1862 y reflejan el triunfo del proceso desamortizador. Frente a la Clasificación de 1859, los resultados son restrictivos, tanto en la superficie forestal exceptuada como en el número de montes reservados. En la imagen, portada del Catálogo provincial de Soria, publicado en 1865.

Al día siguiente, una Real Orden del Ministerio de Fomento dispuso la obligación de que los ingenieros de montes realizaran una Clasificación General de los Montes Públicos, poniendo fin a las labores de comisarios de montes y peritos. El Ministerio de Hacienda estableció un breve plazo de 119 días, entre el 17 de febrero y el 15 de junio, que de no cumplirse implicaría el paso automático de los montes de la segunda clase a la categoría de enajenables.

Su ejecución obligó a detener todos los trabajos forestales, llevándose a cabo con fuertes limitaciones de personal, una deficiente red viaria y escasa documentación local, debido a la inexistencia de catastros forestales, agravadas estas circunstancias por la premura de tiempo.

La falta de un conocimiento correcto de la flora forestal española que permitiera distinguir todas las especies de los géneros Pinus y Quercus, como señala Ruiz Amado (1862) «fue la causa de que el pobre ingeniero que no conociera la composición florística de los montes, tuviera que poner lo que le pareciera, no lo que fuera».

Los ingenieros autores de la Clasificación de las provincias de la región fueron: Joaquín Alfonseti (Ávila), Dionisio Unceta (Burgos), Sabino Calvo (León), Pedro Mateo Sagasta (Palencia), Carlos Martel (Salamanca), Juan José Herrán (Segovia), Luis Gómez (Soria), Manuel del Pozo (Valladolid) y Roque León (Zamora).

La Clasificación es una completa relación de montes por ayuntamientos en la que figuran los propietarios, la cabida aforada y las especies dominante y subordinada. Debe entenderse como una magnífica aproximación a las principales masas naturales, pese a la precariedad de los recién creados servicios forestales, por lo que las cifras han de manejarse con precaución. Se aprobó definitivamente por Real Orden de 30 de septiembre de 1859, sin quedar blindada a la presión del Ministerio de Hacienda, pues éste consideraba definitiva la relación de montes enajenables y revisable la de los montes exceptuados.

En Castilla y León resultaron enajenables 1.776 montes con 236.071 ha, frente a los 5.662 montes exceptuados con 1.617.239 ha, de las que 171.741 ha eran encinares y 42.043 ha rasos, brezales, espinares y estepares. El Estado y las corporaciones civiles no poseían ni el uno por ciento de la superficie total de los montes públicos, en propiedad de los ayuntamientos. Para los políticos, los criterios debían ser aún más amplios; el propio Ministerio de Hacienda no respetó la Clasificación y vendió montes exceptuados a los que cambiaba previamente el nombre o bien los dividía en partes que renombraba para facilitar la enajenación. Destinó a dehesas boyales fincas exceptuadas, como delatan las quejas de gobernadores e ingenieros de las provincias de Ávila y Salamanca, oponiéndose a su destino para el ganado de labor. Así, se desencadenó otra crisis entre ambos ministerios, cuya solución provino otra vez de Fomento, al tolerar lo vendido e inhibirse de las cuestiones relativas a los montes exceptuados, gestionados por Hacienda —los de aprovechamiento común y las dehesas boyales—, aunque exigió suspender y anular las ventas de lo no enajenable y castigar la inobservancia de los Comisionados de ventas.

El Marqués de Corvera, ministro de Fomento, propuso en 1860 la redacción de una ley de montes; defensor de la tesis del Estado como poseedor de los montes altos, la ley tendría como preceptos: la adquisición de los montes públicos exceptuados y la aceptación de la venta de los montes de primera clase de reducida extensión, así como los montes exceptuados poblados por encinas, alcornoques y coscojas con la condición de no ser roturados. El proyecto de ley no se llevó a efecto por la oposición frontal del Ministerio de Hacienda, que rechazó la compra de montes por el Estado, dado su empeño en lograr su venta.

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En 1931 se dispone la revisión del Catálogo de 1901. Aunque este trabajo se desarrolla en la mayoría de las provincias españolas, el Ministerio de Agricultura sólo publica dieciséis de ellas (Avila, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid en Castilla y León). En este Catálogo ya se distingue entre la cabida total y la pública, las superficies pobladas por monte alto, bajo y rasas, y la especie principal. Se acompañaba de un plano que recogía los montes catalogados a escala 1:300.000, distinguiendo los montes públicos poblados de pino, de roble y rasos, así como las zonas forestales. En las imágenes, portada del catálogo provincial de Ávila (izquierda), publicado en 1932, y detalle de su plano.

 El Catálogo de los montes públicos de 1862 y la conservación de los bosques

La solución a la crisis se inició con el Real Decreto de 22 de enero de 1862 y la normativa para la creación de un Catálogo de los montes públicos exceptuados de la desamortización.

El plazo concedido fue mínimo y en pleno invierno, pues el Catálogo debía finalizarse el 15 de marzo. Los recursos humanos continuaban siendo muy limitados, con un ingeniero por provincia, 27 peritos y 55 guardas mayores para toda la región (Memoria, 1861). En cada partido judicial se diferenciaba entre montes del Estado, montes de los pueblos y montes de los establecimientos públicos. La primera clase del Informe de 1855 quedó reducida a los predios poblados por pinos, robles y hayas, siempre que su cabida superase las 100 ha, permitiendo agrupar los que distaran entre sí menos de un kilómetro. El Catálogo podía considerarse un nuevo intento del Ministerio de Hacienda de poner en venta bosques exceptuados en 1859, como alcornocales, sabinares o encinares.

Las medidas decretadas se sancionaron el 24 de mayo de 1863 con la primera Ley de Montes, cuya vigencia alcanzó casi un siglo. Esta Ley impedía la venta de muchos montes por ayuntamientos y diputaciones, que se creían autorizados por la ley municipal y provincial para disponer de ellos a su voluntad, salvaguardando la masa patrimonial y adscribiendo la tutela de estos montes a la política forestal del Ministerio de Fomento.

El Catálogo, para Castilla y León, comenzó a publicarse en los boletines provinciales en 1862 y reflejaban el triunfo del proceso desamortizador. Frente a la Clasificación de 1859, los resultados eran restrictivos, tanto en la superficie forestal exceptuada (el 85 %) como en el número de montes reservados (el 57 %). Sin embargo, el Catálogo de 1862 declaraba inalienables 1.370.234 ha distribuidas en 3.237 montes que, a partir de entonces y en cada provincia, irían indisolublemente acompañados de un número de identidad que, a la vez, lo sería de garantía (Mangas, 1991).

Frente al proceso desamortizador, los forestales asumieron los principios conservacionistas, siendo frecuentes las publicaciones y los artículos en los medios de comunicación que rechazaban esta política forestal.

A pesar de la existencia del Catálogo, numerosos montes exceptuados, como pinares y robledales, se enajenaron por la presión del Ministerio de Hacienda, que autorizó su venta en 1868 «reservando solamente los que tengan una grande y reconocida importancia por declaración que haga el Ministerio de Hacienda de acuerdo con los de Marina y Fomento». La venta supuso una opción para dar salida a la crisis agropecuaria del siglo XIX, unida a intereses y actitudes ambiciosas de algunos agricultores, toleradas por los ayuntamientos. A este período le siguió la guerra civil entre 1872 y 1876, dejando a su paso un patrimonio forestal verdaderamente diezmado, acompañado de una triste crónica de sucesos como asesinatos de guardas en varias provincias —Casavieja, en Ávila, entre otros— y atentados con heridas graves.

Los encinares eran los montes más codiciados por Hacienda, pues alcanzaban los mayores precios. En Castilla y León, los montes enajenados con mayor superficie fueron el «Páramo de Villalta», en El Almiñé y sus agregados, en Burgos, con 12.000 ha; «Los Alfoces» en Antigüedad, Baltanás y Villaconancio, en Palencia, con 5.279 ha;

«Casarrubia» en Maderuelo, en Segovia, con 4.290 ha; y «Val de Tiétar» en Lanzahita, Gavilanes y Pedro Bernardo, en Ávila, con 3.500 ha.

Los ingenieros, apoyados en el criterio de especie, clasificaron en ocasiones masas mixtas de Quercus con presencia de encina como robledales, para evitar su venta. Así, el Catálogo de Valladolid, publicado en 1866, recogía 42.504 ha de robledal pobladas por Quercus humilis y Quercus tozza, cuando realmente estaban pobladas por Quercus faginea y Quercus ilex. Sin embargo, esta superficie aparecía mermada en un 6 por ciento respecto a 1859 al haberse enajenado, de forma irregular, ocho montes exceptuados; se iniciaría así una tendencia que se acentuaría hasta dejarla reducida, en el Catálogo de 1901, a un solo monte, «El Robledal» de Traspinedo, de 396 ha. En Salamanca se talaron por completo los robledales de San Felices de los Gallegos y Villarino, y en Segovia se vendieron las «Matas de Valsaín y Pirón», robledales de Quercus pyrenaica, antiguas propiedades de la Corona, que en parte quedaron definitivamente en manos de particulares.

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El patrimonio comunal también resultó desposeído de los rasos y matorrales exceptuados en 1859 y susceptibles de repoblación, entre los que destacaban «Los Llanos de la Herrada» en Alconaba, Aldealafuente, Cubillos y Tardajos, en la provincia de Soria, con 4.000 ha; «Monte de la Reina» en Toro, Zamora, con 4.000 ha; «Mampodre y sus agregados» en Maraña, León, con 3.541 ha; y «Umbrías», estepar en Salas de los Infantes, Burgos, con 3.106 ha. Tampoco los pinares escaparon a los intentos de venta; en 1870 se enajenaron ilegalmente en Segovia miles de pinos de la Comunidad de Cuéllar y parte del monte de Valsaín.

En Valladolid se vendieron cinco pinares, divididos en lotes, que formaban una masa continua de 10.000 ha ubicada en la antigua Tierra de Cuéllar y zonas limítrofes de Peñafiel. En la actualidad, un 20 por ciento de esta superficie vuelve de nuevo a la titularidad pública por compra; parte se conserva por sus propietarios privados como «La Fraila», en Montemayor de Pililla, y «Vega de Santa Cecilia», en Quintanilla de Abajo, propiedad de Bodegas Vega Sicilia; pero la mayoría está transformada en parcelas de agricultura marginal. Los pinares también se vieron sometidos a la usurpación de los labradores: el monte «El Negral» de San Miguel del Arroyo, en Valladolid, rodeado por tierras de cultivo, redujo su superficie de 4.669 ha en 1866 a 2.500 en 1901; en 1924, cuando se deslindó, tenía una extensión de 627 ha, con más de la mitad de su superficie rasa.

La consolidación del Catálogo de montes de utilidad pública

El 7 de julio de 1876 se dispuso un aumento de la Guardia Civil para la custodia de los montes; con ello se intentaba conseguir cierto grado de estabilidad en la consolidación de los patrimonios públicos. Al año siguiente se aprobó una ley y una instrucción para resolver un problema frecuente en el proceso desamortizador: evitar que los compradores de montes, cuyo importe pagaban a plazos, pudieran talar todo el arbolado si no lo habían abonado en su totalidad. En contraposición existen casos singulares de ventas en las que no se liquidaba inmediatamente el vuelo ni se roturaba el monte, como el encinar de Saldaña de Ayllón y la fresneda de «Los Porretales», en el curso medio del Cega, en Segovia (Allué, 1994).

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El fomento de los montes se inició en 1877 con la Ley de Repoblaciones, que ordenaba repoblar claros, calveros y rasos de los montes públicos por medio de la diseminación natural, las siembras y las plantaciones. Posteriormente, se nombró una comisión encargada de la revisión del Catálogo. A su vez, se iniciaron los proyectos de ordenación que, a largo plazo, demostraron ser un magnífico instrumento para retornar la riqueza forestal perdida.

Montes deforestados de forma fraudulenta a finales del siglo XIX serían recuperados mediante siembras durante la primera mitad del siguiente siglo, como «El Pelayo», con 1.000 ha, de la Comunidad de villa y tierra de Cuéllar (Allué, 1994). Otros presentaban un lamentable estado del vuelo, como describe Castel (1897) en el inventario del primer proyecto de ordenación de Valladolid: «Defectuoso es por lo demás el estado de la masa arbórea de estos montes, hasta el punto de que ni el nombre de masa debiera recibir en muchos sitios por lo aclarada que se presenta». Los pinares carecían de regeneración, esquilmada por el diente del ganado; escaseaban los grandes árboles maduros y las espesuras eran siempre defectivas, de modo que «el vuelo de estos montes ha llegado a un estado lastimoso, que urge mejorar por medio de la ordenación, si no han de convertirse en estériles y peligrosos arenales». Siglo y medio de gestión forestal ha permitido legar al siglo XXI unos espléndidos pinares en los arenales de la llanura castellana como espacios de ocio, con unas existencias árboreas y unos aprovechamientos regulares de madera y fruto que constituyen forestas vivas y en nada recuerdan al monte que recibieron los primeros ingenieros.

La corriente conservadora, que puso fin al individualismo de las leyes desamortizadoras, se inició en 1883 al dictarse unas disposiciones relativas a la fijación del estado posesorio de los montes públicos, a su mantenimiento y a las reclamaciones que contra el mismo se promoviesen (Guaita, 1951).

La Ley de Presupuestos de 1892 marcó un hito legal al vincular el concepto de «utilidad pública», restringido al ámbito hidrológico, a la condición indispensable para preservar los montes catalogados de las facultades enajenadoras, cuatro décadas después de su definición por la Junta Facultativa del Cuerpo de Ingenieros de Montes, consecuencia de la Ley Madoz.

La Ley de 30 de agosto de 1896 pretendía poner fin al conflicto de la distribución patrimonial entre Hacienda y Fomento, a cuyos efectos se dispuso la «revisión y formación definitiva del Catálogo de los montes, que por razones de utilidad pública, deban quedar exceptuados de las ventas». El Real Decreto de 20 de septiembre de 1896 definió jurídicamente el concepto de monte de utilidad pública y mandó revisar el Catálogo vigente con sujeción a este criterio. El resultado final de esta legislación fue el eal Decreto de 1 de agosto de 1901, por el que se publicaba el Catálogo de los Montes y demás terrenos forestales exceptuados de la desamortización por razones de Utilidad Pública que, en Castilla y León, amparaba una superficie de 1.315.623 ha, distribuida en 2.712 montes. Quedaban aún bajo la tutela del Ministerio de Hacienda, como terrenos de dominio público que no revestían carácter de interés general, 432.773 ha disponibles para su venta a particulares, con excepción de los declarados de «aprovechamiento común» y «las dehesas boyales». La unificación de esta tutela en una sola administración no se realizó hasta 1926, al pasar al Ministerio de Fomento los montes que dependían del Ministerio de Hacienda y los enajenables que no habían encontrado comprador.

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La Dirección General del Medio Natural lleva a cabo un importante esfuerzo de puesta al día y rectificación de las provincias cuyos catálogos estaban pendientes de rectificación, junto a la difusión del mismo mediante la edición de unos índices provinciales publicados bajo el título «Catálogo de los Montes de Utilidad Pública de la provincia de Valladolid (1998), Segovia (1999), Salamanca (2000), Ávila (2001) y Soria (2002)».

Era el fin de más de un siglo de desamortización y el preludio para que se iniciara la compra de lo que ya se había poseído y la repoblación de lo que se había talado, pero a partir de unas condiciones más favorables.

Por Orden Ministerial de 24 de abril de 1931 se dispuso la revisión del Catálogo de 1901. Aunque este trabajo se desarrolló en la mayoría de las provincias españolas, el Ministerio de Agricultura sólo publicó dieciséis de ellas: Ávila, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid en Castilla y León. En este Catálogo se distinguía entre la cabida total y la pública, la superficie poblada por monte alto y bajo, la superficie rasa y la especie principal. Este territorio, catalogado y gestionado por los distritos forestales, se fue consolidando mediante el deslinde y posterior amojonamiento de los montes, acabando con la constante merma y utilización no pública que les había precedido.

En 1932, la superficie total de montes públicos en Castilla y León era de 1.315.881 ha, cifra que permaneció prácticamente constante con respecto a 1901 (Gil, 1994).

La historia del Catálogo muestra que, durante casi setenta años de enajenación de la propiedad forestal del Estado y de los ayuntamientos, más de 500.000 ha de superficie pública pasaron a manos privadas, pero esta cifra es inferior a la real por la errónea estimación de la superficie de partida en 1859. Se consolidó la permanencia de los pinares de propiedad pública y regresaron al Catálogo montes fallidos en su venta como los vallisoletanos de Valdenebro, Villabrágima, Villalba de los Alcores, Fombellida y Villabañez: 4.584 ha de robledales en los que la mitad de la superficie se declaró rasa y el resto presentaba una reducida fracción de cabida cubierta, secuela de su paso por el período desamortizador y una intensa presión demográfica. Otros montes declarados enajenables no encontraron comprador por su extrema marginalidad, como los sabinares segovianos al pie de Somosierra y en la Sierra de Pradales que, finalizada la desamortización, se incorporaron de nuevo al Catálogo de 1932 con 913 ha, hasta alcanzar en la actualidad la superficie de 2.000 ha.

En Soria, de las 29.188 ha de encinar exceptuadas en 1859, sólo 2.864 ha quedaron en manos públicas en el Catálogo de 1934, distribuidas en cinco montes (Ciria, Ágreda, Ólvega y Pozalmuro).

Tras su consolidación en este primer tercio del siglo XX, la superficie pública se incrementó por la compra de fincas particulares, sobre todo a partir del desarrollo del Patrimonio Forestal del Estado (PFE, 1940-1971). En la década de los cincuenta se inició un proceso impulsado por la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial para clarificar el estado legal de los montes de utilidad pública, a través de un amplio programa de deslindes y amojonamientos.

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Los índices provinciales publicados presentan una estructura común: descripción de los montes catalogados, planos por términos municipales, relación por terminos municipales de los montes catalogados y plano provincial. En la imagen, localización de los montes del C.U.P. del término municipal de Navaleno tomada del índice provincial (Soria, 2002).

La Ley de Montes de 1957 consagró el Catálogo de montes de utilidad pública como un registro público de carácter administrativo. La propiedad forestal catalogada logró un estatuto jurídico de especial significación y valor. La posibilidad de ser enajenada y expropiada sólo se produciría en el caso de concurrir grandes restricciones, siendo inembargable e imprescriptible, a excepción de la posesión en concepto de dueño, de forma pública, pacífica y no interrumpida durante treinta años. Así mismo, el Catálogo no otorgaba la propiedad, pero la inclusión de un monte en el mismo constituye una presunción posesoria «juris tantum» a favor de la entidad propietaria a quien el Catálogo asignaba su pertenencia.

Dado el tiempo transcurrido, en 1966 el Ministerio de Agricultura dispuso ampliar, rectificar y conservar, el Catálogo. A partir de los años setenta se aprobarían por Decreto los Catálogos de las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid, actualizados por órdenes posteriores, mientras que en las restantes provincias castellanas seguiría estando vigente el Catálogo de 1901.

En 1971 se creó el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) que asumió, entre otras, la función repobladora del PFE y las de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, encargando a la Subdirección General de Recursos en Régimen Especial la gestión de los montes públicos. Dentro de esta Subdirección, el Servicio del Catálogo tenía encomendado el perfeccionamiento, actualización y consolidación del mismo, bajo el principio conservacionista derivado de la tutela histórica de los montes catalogados.

Con la creación del Estado de las Autonomías, la gestión de los montes públicos se transfirió a organismos autonómicos con muy diversos objetivos y problemáticas. La Junta de Castilla y León asigna la competencia del Catálogo a la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente. La actual superficie catalogada de utilidad pública, que asciende a 1.738.718 ha en 3.320 montes, es la mayor del país y representa más de un tercio de la superficie forestal de Castilla y León (4.896.158 ha). La distribución de esta superficie por provincias es muy irregular, reuniendo entre León (37 %) y Burgos (16 %) más de la mitad.

Este porcentaje se reduce al 11 % en Soria y al 10 % en Palencia. Entre las cinco provincias restantes disponen sólo del 26%, participando Segovia del 8 %, Ávila del 7 %, Salamanca y Zamora del 4 % cada una, y Valladolid del 3 %. La Dirección General del Medio Natural, a través del Servicio de Ordenación de los Ecosistemas Forestales en una primera etapa, y actualmente por el Servicio de Protección de la Naturaleza, lleva a cabo un importante esfuerzo de puesta al día y rectificación de las provincias con catálogos pendientes de actualización, junto a la difusión del mismo mediante la edición de unos índices provinciales: Valladolid (1998), Segovia (1999), Salamanca (2000), Ávila (2001) y Soria (2002).

En la actualidad, el mayor problema de los montes catalogados es la ausencia de deslinde en el 60 por ciento de los predios de la región, precisando un reconocimiento previo del terreno ante cualquier actuación de defensa de la propiedad, repoblación, aprovechamiento o mejora.

Este problema se agudiza en las provincias de Burgos, León, Palencia y Zamora, mientras que en las restantes la propiedad pública catalogada está muy consolidada. La pérdida del parcelario en el campo, como consecuencia del largo abandono y de la colonización espontánea de los espacios forestales, hace muy difícil la determinación de los límites reales de los montes.

La creación y consolidación del Catálogo de los montes de utilidad pública es uno de los hechos más destacados de los últimos ciento cincuenta años de historia forestal.

Su existencia ha sido y es una garantía jurídica de protección y conservación para el patrimonio público forestal, elemento singular del paisaje, de la economía y de la cultura de nuestra región, sobre parte del cual se asienta hoy la Red de Espacios Naturales de Castilla y León.

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