ATLAS FORESTAL DE CASTILLA Y LEÓN – VI

Arias, promotor de la Ciencia de Montes

Antonio Sandalio de Arias y Costa (1774-1839) fue un activo miembro de la Sociedad Económica Matritense. De afiliación liberal, fue un decidido impulsor del cultivo del arbolado y de los temas forestales en los comienzos del siglo XIX. Fue director del jardín botánico de Madrid, de la Matritense, e Inspector general de Montes con la implantación de las ordenanzas de 1833.También redactó un proyecto de «Escuela de aguas y bosques» de inspiración francesa, que no vería la luz. Fue protector de Agustín Pascual, que quedó huérfano a los 4 años, ejerciendo una notable influencia sobre él.

Antonio Sandalio de Arias (1774-1839) formó parte en 1812 de la comisión de la Sociedad Económica Matritense, que reeditaría la centenaria Agricultura de Herrera con objeto de divulgar los principios agrarios, actualizados por las adiciones de conocidos especialistas. La obra apareció en 1818-19 con la participación de Agustín Pascual (1786-1822), profesor en la escuela de Veterinaria, y Claudio Boutelou (1774-1842), descendiente de la conocida familia de botánicos. Pertenecían a la Matritense y promovieron el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, un proyecto de Godoy iniciado en 1797 que pretendía aprovechar el respeto de los campesinos por los párrocos para utilizarlos como difusores de la teoría y las reformas agrarias imprescindibles. Ambos fueron padres de los pensionados que, veinticinco años después, irían a estudiar a Tharandt la Ciencia de Montes.

Arias se encargó de las adiciones que tratan de los árboles, a los que dedicó extensos comentarios. En sus exposiciones siguió el planteamiento de los ilustrados, cuyas opiniones asumió y actualizó, si bien se limitó a siembras y plantíos, sin incorporar los principios dasonómicos ya conocidos en los países germánicos. Arias se alejó de Jovellanos, quizá por los efectos de la política liberalizadora, y reclamó la tutela estatal en materia de montes:

debe [el Gobierno] no fiarlo todo del interes individual; y, para precaver toda escasez, señalar desde luego un número considerable de terrenos baldíos de realengo en muchos y muy diversos puntos de la península, eligiendo, segun mejor convenga, los montes huecos ó las tierras calvas, para que (…) se hagan grandes siembras de bellota, castaña, fabuco, piñon, y de cuantas otras especies de árboles puedan convenir al suelo y clima del pais en que se verifique (…) Uno y otro sucede: todos cortan y talan: pocos ó ninguno siembra ni planta: el mal ha llegado á lo sumo; mas esperamos que nuestro sabio Gobierno instruido de todo tomará las medidas mas acertadas para su remedio.

En 1814, Arias se incorporó al Jardín Botánico, del que fue nombrado director en 1823, al suceder a Lagasca, obligado a emigrar como consecuencia del restablecimiento del régimen absoluto tras el periodo constitucional del general Riego. Apenas un año después de ser nombrado, Arias cesó (Colmeiro, 1875), aunque volvió a tener renombre cuando, en 1832, se reconciliaron la monarquía absolutista y el liberalismo moderado.

En 1832 se encomendó al recién creado Ministerio de Fomento el plantío y conservación de los montes arbolados, teniendo entre sus dependencias las Conservadurías de Montes del interior y las Subdelegaciones de Marina en la zona costera. Las Ordenanzas de 1833 tradujeron el Código forestal francés de 1827. Sin embargo, en Francia los montes de particulares estaban sometidos a la intervención de la Administración pública, mientras que en España seguían bajo la libertad absoluta impuesta por los legisladores de Cádiz. La propia ley refleja esta situación en el artículo 233: Tomará provisionalmente [la Dirección] todas las providencias y medidas que fueren oportunas para adquirir pleno conocimiento de todo, y distinguir los legítimos derechos de las usurpaciones, los buenos usos útiles al mayor número de pobladores de los abusos introducidos, ya por la invasión ciega y desordenada de los muchos, ya por el monopolio mas ó menos aparente ó disfrazado de los pocos, en la propiedad común.

En su artículo 217, la Ordenanza creaba el cargo de Director general de montes, con el asesoramiento de un agrónomo Inspector general de montes. Para este cargo fue elegido Arias, pero poco después fue nombrado director de una recién creada Escuela especial de Ingenieros de bosques. La guerra carlista, la sublevación de los sargentos en La Granja y el cambio político de las Cortes Constituyentes de 1836, acabaron con las expectativas de cumplir la ordenanza y crear la escuela. Restablecida la Constitución de 1812 y la ley de 1823 relativa al gobierno de las provincias, el poder que se otorgaba a las municipalidades impidió al Gobierno central organizar una Administración de Montes.

Poco antes de morir, en 1839, Arias finalizó una Instrucción teórico-práctica para la conservación, repoblación, fomento, multiplicación y aprovechamiento de los montes.

Tras un discurso preliminar, sus seis capítulos tratan de la extensión aproximada que ocupaban los montes, de su clasificación según las especies de árboles que se crían, de los medios para su dirección y conservación, de la división de los montes según su edad, de las cortas, y de la necesidad de aumentarlos (Antón Ramírez, 1865).

Uno de los patrimonios forestales mejor conservados de Castilla y León son los pinares de Valsaín y Riofrío, en buena medida como resultado de su íntima relación con la Corona. Perteneciente en un principio a la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, este bosque fue comprado por Carlos III en 1761. Frente a otros propietarios obligados a la materialización de los beneficios directos del monte, la Corona podía mantener en sus propiedades productos esenciales (entre ellos el arbolado), pues obtenían los recursos básicos en otros ámbitos y reservaban ciertas posesiones a funciones de ocio. En agosto de 1847 Agustín Pascual elaboraría una instrucción práctica para las cortas y entresacas de estos montes, aplicando por primera vez en España los principios aprendidos en su estancia en la Escuela de Tharandt, en Sajonia.

 

Bernardo de la Torre y la gestación de la Escuela de Villaviciosa

Agustín Pascual hijo (1818-1884) y Esteban Boutelou, asistieron entre 1843 y 1845 a la Escuela de Bosques y Economía Rural de Tharandt, en el Reino de Sajonia. La Casa Real les pensionó para dirigir luego las propiedades del Real Patrimonio, si bien sus actividades serían otras, gracias a la relación que iniciaron Pascual y Bernardo de la Torre (1792-1875), militar retirado, jurista reconocido e influyente senador. En su diario, relataría: Mi primera conferencia con Pascual fue tan animada y yo vi en ella con tal claridad el partido que podia sacarse de los estudios que acababa de hacer este joven en Alemania, que en este día se puede asegurar que quedaron convenidas y asentadas las bases de la Escuela de Ingenieros de Villaviciosa.

Antonio Sandalio de Arias y Costa (1774-1839) fue un activo miembro de la Sociedad Económica Matritense. De afiliación liberal, fue un decidido impulsor del cultivo del arbolado y de los temas forestales en los comienzos del siglo XIX. Fue director del jardín botánico de Madrid, de la Matritense, e Inspector general de Montes con la implantación de las ordenanzas de 1833.También redactó un proyecto de «Escuela de aguas y bosques» de inspiración francesa, que no vería la luz. Fue protector de Agustín Pascual, que quedó huérfano a los 4 años, ejerciendo una notable influencia sobre él.

Bernardo de la Torre venció los obstáculos opuestos al establecimiento de la Escuela. Pascual planteó el contenido doctrinal de los estudios. A Bernardo de la Torre se le debe la gestación de la Escuela tal como la deseaba Pascual, pues éste era persona de carácter débil y de voluntad complaciente; sencillo en extremo y de gran timidez, ni siquiera firmó muchos de sus trabajos, ni hizo gala de los muchos méritos que alcanzó. Como señalaría con crudeza Olazábal (1885), Pascual, preciso es confesarlo, no nació para la lucha.

Pascual no designó a la nueva Ciencia con el vocablo forestal, que él introdujo. El término lo deriva del alemán forst, que se aplica al monte con dueño (forestis dominica) ya sea el Estado, propietario que da seguridad al monte, ya sea el individuo. Forestal, en su origen, lo utiliza para aquello que está fuera del aprovechamiento común, por lo que considera que no equivale a la selva, al monte. Lo forestal aludía a un monte en el que se ejerce una actividad racional, que alcanzará su grado más elevado con la aplicación de los principios dasonómicos. El término expresa el efecto del trabajo y el capital sobre la selva primitiva, a la que equipara con el monte: heredamos montes y legaremos forestas, escribió en 1868. Con Pascual, la Ciencia de Montes, obtuvo entidad y se separó de lo agropecuario; dejó de ser considerada un complemento, para ser un fin que se distingue de lo agronómico por métodos y plazos.

Creación y afianzamiento del Cuerpo facultativo de Montes

De la primera promoción formada por 29 ingenieros destacarán los nombres de Madariaga, Laguna, García Martino, o Xérica. Terminan en 1852, al tiempo que La España publica una colección de artículos escritos por Pascual para influir en la opinión pública y crear un Cuerpo similar a los de Caminos o Minas que diese cabida a unos ingenieros sin cometido administrativo. En esos artículos se justificaba la propiedad pública del monte alto, pues el Estado es el único que puede evitar la ruina de una riqueza, que no creándose sino con los ahorros de tres o cuatro generaciones, solo puede poseerse por un propietario que las pueda sobrevivir (…) siendo los Estados los propietarios naturales del monte alto, era indispensable que los gobiernos fueran tambien los mas hábiles en dirigir la producción de esta clase de bienes. Al final expone: ¿De qué el ausilio de la ciencia si no se organiza por medio de un cuerpo facultativo? La Sajonia y la Francia nos lo han dicho en sentidos opuestos (…) Todos los sistemas franceses [basados en los reglamentos] han sido ensayados en nuestro país y reconocidos como insuficientes. Solo el «sistema sajon» es nuevo en España y no ha sido todavia puesto á la prueba de la esperiencia. Creemos, por tanto, que su dia ha llegado.

Agustín Pascual (1818-1884). El fundador de la dasonomía en España fue poseedor de una sencillez y una modestia extremas. Como fundador de los estudios de ingeniero de montes, estuvo a la cabeza del escalafón del cuerpo que se creó para la administración de los montes españoles. A él se debe la organización de la Administración forestal española y gran parte de la normativa que se fue generando. Hombre inteligente, de vasta cultura y dedicado a la ciencia, alcanzó una posición destacada. Fue director de la Sociedad Económica Matritense por casi veinte años, académico de la Lengua y senador.

Una Real Orden de 1854 diferenciaba a los nuevos profesionales de los comisarios de montes, todavía en ejercicio:

No son agentes de las elecciones, sino conservadores de los montes. Se iniciaba así el camino para llevar sus conocimientos a la práctica. La «Ley Madoz» de 1855, al ordenar la venta de los bienes de propios, los de beneficencia e instrucción pública y cualquiera otros pertenecientes a manos muertas, permitiría crear una Administración Forestal basada en los facultativos recién nacidos. La falta de datos sobre la realidad forestal del país los hizo necesarios, pues se exceptuaron los montes y bosques cuya venta no crea oportuna el Gobierno. Con las ventas, se pretendía una mayor vinculación con el sistema político liberal y hacer frente a la galopante deuda pública.

El criterio que determinó qué montes eran enajenables fue la región a la que pertenecían de acuerdo con la doctrina, esbozada por Jovellanos, de proteger los montes con influencia sobre los territorios y economías aledañas o de cotas inferiores. Para facilitar su aplicación se utilizó el criterio de la especie arbórea dominante. La Junta de Montes recién creada recomendó exceptuar las formaciones ligadas a los terrenos inútiles para la agricultura, a las zonas de grandes pendientes, a las altas montañas, o a especies de turnos dilatados. Opina [la Junta] por la venta del monte bajo o inmaderable y la conservación del alto o maderable. Defendía que los montes altos no eran del interés particular, porque la riqueza forestal era la única propiedad que ganaba administrada por el Estado, y esto no sucedía si pasaba a manos de los particulares. El Informe fue muestra de la irrupción en nuestro país de un nuevo estilo de pensamiento en geobotánica, que tuvo en Willkomm a su inspirador (Casals, 1996).

Las categorías de montes definidas en el Informe no convencieron al Gobierno. En 1859, volvió a entrar en vigor la desamortización y se dio contenido a los nuevos técnicos, ya más numerosos, al mandarlos a las provincias para que confeccionaran en ¡tres meses! una Clasificación General de los Montes Públicos. Se inició una dura lucha entre el Ministerio de Hacienda, partidario de la más amplia y rápida liquidación de los montes públicos obviando la normativa, y el Ministerio de Fomento, que procuraba evitar la venta.

La Clasificación se hizo con la rapidez impuesta. Ésta, junto a las limitaciones de personal, la infraestructura viaria de la época, el desconocimiento de los montes propiedad del Estado y la inexistencia de catastros forestales, motivó que los datos expuestos, en la que fue la primera estadística forestal del país, deban ser tomados con reservas. Pero es la única aproximación disponible y una relación de montes públicos por ayuntamientos, en la que figuran los propietarios de los mismos, las superficies y las especies dominantes y subordinadas. Su mayor valor radica en ser un registro histórico y ordenado de manera sistemática y por provincias de las masas naturales de España, a excepción del País Vasco. Su consulta permite conocer la distribución e importancia de las principales especies forestales tal como habían llegado a mediados del XIX en montes de propiedad pública. Destaca la pobreza del Estado en montes, sólo el 1,34 % del suelo del país, mientras que los pueblos poseían el 18,5 %. Diversas investigaciones consideran que el último porcentaje debía de ser superior. La Clasificación fue el argumento que llevó a los ingenieros de montes a ser los gestores de la propiedad pública forestal.

Defensa y ordenación de la propiedad pública

Los primeros técnicos fueron conscientes de la necesidad de una ordenación territorial en el espacio que tutelaban.

Entendían que los montes bajos y las dehesas proporcionaban recursos importantes e imprescindibles a las comunidades propietarias y no se debía ir en contra de sus derechos e intereses. Laguna (1864) refiriéndose a las fajas de melojo que se extienden por la base de la Sierra de Guadarrama se pregunta:

«¿Sería conveniente que se cediesen también al Estado, y que éste las convirtiese en monte alto?»

Y responde:

«No. Es preferible que no enajenándose bajo ningún pretexto, continúen en poder de los pueblos para los que son un gran recurso, y para algunos pueblos pequeños hasta una condición de existencia».

En otro lado situaban al monte alto, por precisar una gestión especial para mantener su persistencia, necesaria para el consumo de maderas y cuya carestía no podía ser remediada por la ciencia. Como no se puede suplir el tiempo que tarda en formarse un bosque, el Estado debía ser su poseedor, como garantía de su futuro.

La conservación de los montes públicos exigía la capacidad de oponerse a los abusos cometidos en nombre de la denominada «libertad de aprovechamiento». Era necesario evitar los abusos de los vecinos. Pero tales acciones sólo eran factibles si la guardería era independiente del poder local, pues como señaló García Martino (1871), era fiel servidora de quien la nombra y paga, se muestra tan activa y severa para denunciar y vejar a los enemigos de la fracción política a que pertenece el alcalde, como morosa, tolerante y hasta complaciente con los electores amigos. La guardería dejó de ser pagada por los pueblos en 1868, al entrar a formar parte del presupuesto del Ministerio de Fomento.

La revolución de 1868 daría lugar, una vez más, a numerosos excesos, denunciados por la Revista Forestal. En Castilla y León destacó la venta en 1870 de parte del monte de Valsaín, o la enajenación de cientos de miles de pinos de los montes de la Comunidad de Cuéllar. En 1871 se talaron por completo los robledales de San Felices de los Gallegos y Villarino, ambos en Salamanca; también tuvo lugar el asesinato de un guarda en Casavieja, en Ávila.

Los primeros cincuenta años estuvieron dedicados a la que seguramente fue la más dura y prolongada batalla mantenida por un Cuerpo de funcionarios del Estado: la batalla para evitar la privatización de los montes españoles Casals (1988). Las ventas tuvieron en muchos casos el agravante del resultado económico obtenido. Una instrucción de 1877 trataba de evitar que los compradores de montes, cuyo importe abonaban a plazos, pudieran talar el arbolado si no lo habían pagado en su totalidad.

Como comentaba Codorniú (1914) los rematantes solían talarlos enseguida, y con parte del producto de la corta pagaban al Estado. Aun en frecuentes ocasiones los asolaban con sólo abonar el primer plazo, declarándose luego en quiebra, y realizando un bonito, aunque no honrado negocio.

Como resultado de la desamortización, la mayoría de los encinares y alcornocales de propiedad pública fueron vendidos. La gestión forestal se limitó a pinares, robledales y hayedos, pero también a terrenos rasos o poblados de matorral localizados en los sistemas orográficos o en lugares de gran rusticidad. El enfrentamiento tanto con un uso ganadero que se quería mantener en su forma tradicional, como con las apropiaciones y rotura del espacio forestal público para su cultivo, generó el rechazo de un amplio sector rural, aquél que tenía en los montes públicos una fuente de ingreso. Cuatro meses de arresto mayor a un vecino de Olmedo en 1867 era el resultado de la corta y sustracción de unas maderas, eso sí, en el pinar de la localidad contigua de Santibáñez.

La Ciencia de Montes llegó a su mayoría de edad con la confección del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de 1901. Tras el largo trayecto histórico de reducción de los bosques, una parte destacada del patrimonio forestal consiguió con el Catálogo el máximo nivel de protección, al dejar de ser contemplados por los beneficios directos que proporcionaban. Los montes fueron considerados como factores de positiva influencia en el bienestar, la higiene y la riqueza de los pueblos (Guaita, 1951), sobre los que debían primar los intereses generales.

La implantación de la guardería forestal fue un factor decisivo para la recuperación del espacio arbolado. La proximidad al monte de un personal que fuera independiente de los intereses locales contribuyó a impedir el aprovechamiento fraudulento, tanto de los ricos y poderosos, como de aquéllos que tenían en el monte comunal la única forma de vida. Ello hizo que la administración forestal no fuera bien acogida en el mundo rural. Imagen extraída del libro «Tiempo de recuerdos». La Granja,Valsaín (1850-1950).

 Gestión del espacio forestal

Para Pascual, los hechos más importantes de la geografía vegetal debían ser considerados desde el punto de vista estadístico. Como vocal de la Junta de Estadística, pudo incluir en la Ley de 1859, relativa a la medición del territorio peninsular, el requerimiento de informes sobre la medida y distribución de la riqueza forestal. Estas ideas tendrán una elevada expresión técnica en los Bosquejos dasográficos de Oviedo y Santander de García Martino, o en el Plano de Rodales del monte «La Garganta», de los propios de El Espinar, elaborado por Antón Villacampa y Romero López, y publicados en 1862 por la Junta General de Estadística (García & Sáiz, 1997). La base cartográfica se complementó con informaciones de tipo botánico y estadístico. En 1868 se creó, en el seno del Ministerio de Fomento, la Comisión del Mapa Forestal con el objetivo de ser un inventario más exacto de tal riqueza.

Las ordenanzas de 1748 y 1833 fueron traducciones arregladas de las dadas en Francia, pero la ley de Montes de 1863 responde a las inquietudes dasonómicas de la Escuela de Villaviciosa. Aun así, la falta de recursos humanos y materiales será la constante; cuando se reorganizó la Administración forestal en 1865, el personal destinado a la gestión de un territorio que se aproximaba a la sexta parte del país, era de 80 ingenieros, 50 ayudantes, 300 sobreguardas y 500 guardas.

La censura a la exigua renta que producían, comparada con las cantidades invertidas por el Estado en la Administración Forestal y en la gestión de los montes, obligó a un avance lento, pues los presupuestos siempre fueron escasos.

En 1878 se dispuso que el diez por ciento de los aprovechamientos se destinara a mejoras en el propio monte, lo que permitiría consolidar y mejorar la propiedad. La guardería evitaba la acción del ganado y la defensa frente a ocupaciones, roturaciones y cortas fraudulentas. La superficie se delimitó y se regularizaron los aprovechamientos vecinales, ya fueran de leñas, maderas, pasto, o ramón.

El aprovechamiento de los productos resinosos procedentes del pino negral (Pinus pinaster Ait.) constituyó uno de los aspectos más relevantes de los pinares de la meseta norte, en particular los localizados en los arenales al sur del Duero, los más productivos. La extracción de la miera se venía efectuando de manera artesanal en las pegueras o alquitaras. Desde mediados del siglo XIX, la resinación de los pinos a vida dio lugar a una industria resinera de gran importancia económica que generó importantes beneficios a los pueblos propietarios. El pinar se convirtió en un espacio transitado por cuadrillas de resineros que encontraron en el monte público un importante medio de vida. A principios del siglo XX la práctica totalidad de los montes de la especie estaban ordenados para su resinación. Imagen extraída del «Estudio sobre la resinación de los montes españoles en sus aspectos botánico, forestal, industrial y económico.» de Julián Iturralde y Octavio Elorrieta (Madrid, Instituto de Ingenieros Civiles, 1914).

Los montes públicos se inscribieron en los registros de la propiedad, se deslindaron y se amojonaron.

El primer proyecto de ordenación de un monte público, «El Quintanar» de San Bartolomé de Pinares, en Ávila, fue aprobado en 1882; en 1884 se iniciaron siembras directas mediante fajas y golpes para recuperar los terrenos rasos hasta entonces dedicados al cultivo de cereales. Un inventario de 1887 señala la situación de los montes del Distrito Forestal de Valladolid denominados Arroyadas, Boca de Cega, Corbejón y Quemados, Albo Sancho y Covatillas, en los siguientes términos: Defectuoso es por lo demás el estado de la masa arbórea de estos montes, hasta el punto de que ni el nombre de masa debiera recibir en muchos sitios por lo aclarado que se presenta. Parece que esta situación era general en la región (Gordo, 1999). En 1891, el Distrito forestal de Burgos creó quince viveros de roble con el propósito de eliminar los claros de los montes donde se instalaban; los mejores resultados se obtuvieron en Valdeporras y Sotoscueva, gracias a estar al cuidado de un «cultivador inteligente», como señala la Estadística que se publicó en 1896.

Ya en los años noventa se generalizó la redacción de proyectos en los montes con rentabilidad económica, ya fuera en maderas, corcho o, sobre todo, resinas. El territorio se fue articulando con las obras civiles necesarias para la actividad forestal: pistas —que eran las primeras vías modernas de comunicación para muchos núcleos rurales—, diques, traídas de agua, levantamiento de tendidos eléctricos, casas y almacenes, etc.

Proyectos y estudios fueron demandados también por los grandes propietarios particulares. García Martino realizó para la casa de Medinaceli la ordenación de los pinares de las Navas del Marqués, en Ávila, pueblo en el que se instaló en 1871 la mejor fábrica de resinas de la época. Esta industria había establecido en 1848 la primera destilería española en Hontoria del Pinar, en Burgos. García Martino fue jefe de la Comisión del Mapa Forestal durante los diecinueve años que estuvo en vigor. En ese tiempo la Comisión no publicó ningún estudio parcial, de los muchos terminados y conservados en el que fue un rico archivo. La Comisión fue más celosa de alcanzar un acabado trabajo de conjunto que no se llegaría a publicar. Contiendas corporativas permitieron que se suprimiera en 1887, ya muerto su impulsor, Pascual. Aunque ocupó a ingenieros destacados, sus esfuerzos quedaron sin beneficio aparente.

Las posibles críticas dentro del colectivo se evitaron al destinar el ahorro debido a su disolución a ¡incrementar el sueldo! de la plantilla del Cuerpo. Finalmente, sus trabajos se perdieron en su práctica totalidad en el incendio provocado por la caída de un obús, que destruyó la Biblioteca de la Escuela de Montes durante la Guerra Civil.

 Madurez de la ciencia forestal

Superada la etapa desamortizadora, Lucas Olazábal (1829-1899) fue el más destacado forestal. Expuso la teoría y reglas de la Dasonomía en el tratado «Ordenación y Valoración de Montes» (1883), cuyas ideas fueron oficialmente adoptadas y aplicadas al crear en 1890 el Servicio de Ordenaciones de los Montes Públicos.

En la Exposición Universal de Barcelona de 1888 se expusieron algunos de los trabajos realizados por la Comisión del Mapa Forestal, creada en 1868. La evaluación de las superficies ocupadas por las distintas especies permitió la elaboración de mapas temáticos que sintetizaban toda la información existente, como los referidos a su distribución porcentual en cada provincia. Los mapas del pino negral y de la encina muestran la importancia de sus formaciones a finales del siglo XIX y fueron también presentados en el II Congreso Internacional de Selvicultura, celebrado en Roma en 1926.

La finalidad aplicada de la Ciencia de Montes se manifestó en las repoblaciones que consolidaron las dunas interiores en San Miguel del Arroyo, Portillo, y la Parrilla (Valladolid), y en Hontalvilla (Segovia). Mayores niveles teóricos se alcanzarían con Ezequiel González Vázquez (1884-1961), profesor de la Escuela cuya Selvicultura (1938) incluía una cuidada fundamentación ecológica para la compresión de las condiciones que regulan la existencia del bosque ibérico. Los montes tenían un estado de conservación malo en general y presentaban una manifiesta tendencia regresiva; de su reflexión deriva la necesidad de asegurar la existencia de los montes arbolados mediante una asidua práctica selvícola y posponer, para cuando se aproximen a un estado normal, la aspiración a su ordenación más perfecta. También planteaba el problema de introducir y aclimatar especies exóticas, así como la elección de especie para la repoblación de terrenos desarbolados, sin testimonio de la que pudiera haber sido la especie arbórea original.

En 1867 se establece una Comisión de Flora Forestal. Máximo Laguna
y Pedro de Ávila se encargaron de verificar los estudios preparatorios
y recoger los datos necesarios para la redacción de una Flora
forestal española.Tras varios años de excursiones por prácticamente
la totalidad de la península, formaron un herbario y tomaron datos
referentes a la distribución, cultivo y aprovechamiento de las especies
leñosas. Sus impresiones quedaron recogidas en las memorias que
reunían los recorridos y trabajos verificados (1870 y 1872).
Posteriormente se elaboró un libro que reunía la descripción detallada
de nuestras especies forestales. El primer tomo apareció publicado
en 1883, saliendo el segundo en 1890, junto con un atlas que representaba
a las principales especies forestales en excelentes láminas en
color, obra de Justo Salinas. El texto redactado fue la guía de gran
número de promociones de forestales que encontraban por fin un
tratamiento adecuado de nuestra riqueza forestal.

La Ciencia de Montes, gracias a su vocación de ciencia básica, consiguió su mayor prestigio con las aportaciones a las ciencias naturales de sus figuras más destacadas.

Máximo Laguna (1826-1902) redacta la Flora forestal española; Joaquín Castellarnau (1848-1943), radicado en Segovia, fue un microscopista de gran prestigio dedicado al estudio de las maderas españolas y un forestal atípico, pues tuvo a gala no haber tenido que marcar nunca un árbol para su corta. A Luis Ceballos (1896-1967) se le debe, tras los estudios de la flora y vegetación forestal de varias provincias, ser el impulsor del Mapa Forestal de España publicado en 1966, documento que permite diferenciar las repoblaciones realizadas en los decenios anteriores de las manifestaciones naturales, recogidas en la Clasificación de 1859. Su labor fue continuada en el Mapa Forestal de España a escala 1:200.000 dirigido por su discípulo Juan Ruiz de la Torre, que se publicó a lo largo de la década de los noventa del pasado siglo. Ambos mapas supusieron la culminación de una actividad inacabada por las luchas internas del colectivo en el siglo XIX. La labor cartográfica tuvo en Castilla y León una esporádica aportación del Mapa Agronómico Nacional, con la memoria relativa a la hoja 429, que incluía los Pinares de la Meseta Sur del Duero (Baró, 1951). Ceballos inició su labor científica en el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. A este organismo, nacido en 1928 por el impulso de Octavio Elorrieta (18811962), se incorporaría Emilio Huguet del Villar, lo que supuso la institucionalización de la fitosociología y del estudio del suelo, nuevas disciplinas científicas de honda repercusión en la formación y actividad profesional de los forestales. La investigación forestal continuó en 1971 con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, hoy con sus competencias dispersas y diluidas en las Comunidades Autónomas. Sin embargo, los trabajos dedicados a los rasgos adaptativos y su significado en las especies forestales no han sido suficientes. Métodos y plazos son diferentes a los de otras especies vegetales mejor conocidas. A estas dificultades se añade el tamaño de los individuos, el tiempo requerido para establecer certidumbres y una gran variabilidad dentro de sus poblaciones, que ha permitido con frecuencia aproximaciones especulativas.

Antonio García Maceira (1844-1923) fue un divulgador notable que dedicó sus esfuerzos a la entomología aplicada a las plagas de nuestras especies forestales. En la lámina II procedente de su libro Los Lepidópteros más dañosos a los montes españoles, publicado en 1911, recoge con la denominación de la época a las siguientes especies: Bombyx lanestris, L., fig. 1a y 1b. Ooneria dispar, L., fig 2a, 2b y 2c. Psilura monacha, L., fig. 3. Leucoma salicis, L., fig. 4a y 4b. Porthesia crysorrhaea, L., fig.5. Dasychira pudibunda, L., fig 6a y 6b. Cnethocampa procesionea, L., fig. 7. Cnethocampa pityocampa, God., fig 8 (lámina realizada por Josefa Sandino).

Tras la consecución del mapa, la estadística forestal se perfeccionó al extender el inventario forestal a todo el país. La información sobre especies dominantes y la densidad del arbolado era bastante aceptable en los montes de Utilidad Pública, de los que se hacía un seguimiento anual, pero dejaba bastante que desear en los montes de régimen privado, que en la década de los sesenta representaban una superficie total de 20 millones de ha (Martínez Millán, 1999). El primer Inventario Forestal Nacional (1966-1975) informó por primera vez sobre la situación global de los montes españoles. Tanto la calidad de los datos presentados como su importancia en el diseño de una política forestal permitió su consecución. El IFN-2 se desarrolló en el decenio 1986-96, y en 1997 inició su andadura el IFN-3, cuyo ciclo terminará en el 2006, y que se define como un inventario de los sistemas forestales (Villanueva, 2002).