JUNTA Y HERMANDAD DE LA CABAÑA REAL DE CARRETEROS BURGOS-SORIA – Pedro Gil Abad – VII

JUNTA Y HERMANDAD DE LA CABAÑA REAL DE CARRETEROS – VII

BURGOS-SORIA

Pedro Gil Abad

Burgos 1983

ORGANIZACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA

Por estar integrada en la Cabaña Real, la organización de la Hermandad estudiada tenía el siguiente organigrama judicial-administrativo:

A nivel nacional

Tribunal Supremo de Justicia Carreteril, formado por:

Juez Protector Conservador.

Alguacil Procurador General o Procurador General.

Alcalde Mayor de Cabaña.

Procuradores o Comisarios de las Organizaciones de Carreteros de grandes distancias.

Fiscal.

Escribanos.

Porteros y encargados de peaje.

A nivel provincial

Juez Subdelegado o Subjuez provincial.

Alcalde Mayor.

Procurador o Comisarios provinciales.

Fiscal provincial.

Escribanos.

A nivel de comarca o Comunidad Carreteril

Alcalde Mayor de la Comunidad-Presidente de la Junta de Hermandad.

Comisarios (Procuradores, Diputados, Delegados (dos por cada pueblo de carreteros).

Escribano-Notario.

Alguacil de Hermandad.

A nivel de Concejos de pueblos carreteros

Alcalde de Hermandad.

Comisarios o Procuradores de Junta.

Alguacil de Cabaña.

Escribano o

Fiel de techos.

Carreteros.

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Hablaremos de los diferentes niveles y cargos.

JUEZ PROTECTOR CONSERVADOR

El primer cargo que aparece a nivel nacional es el de Alcalde de adelantamiento, “alcalde e Juez de todas las ciudades e villas de carreterías de nuestros reinos[1]. Aunque no se especifican las funciones, el título es lo suficientemente claro para entender que bajo su jurisdicción estaba toda la Cabaña de Carreteros. Esto nos inclina a afirmar que desde la creación de dicha Cabaña, hubo una legislación especial, con un Juez particular y con jurisdicción privada que después pasó a llamarse Juez Protector Conservador.

No podemos estar de acuerdo con Tudela J., cuando dice que el Juez Protector fue creado por Real Orden de 18 de abril de 1754, pues existió ya según sabemos por multitud de documentos, durante todo el siglo XVII[2].

Por su parte Ringrose afirma que dicho cargo se creó en 1629[3] y Gascón, dice:

… podemos concluir que este cargo si bien pudo haber existido antes, fue actualizado o quizás creado por Felipe V entre 1700-1713[4].

Estoy de acuerdo con Ringrose en que ya en 1626 existió el cargo de Juez Protector Conservador, y antes, en 1521, aunque se llamara entonces “Alcalde de Adelantamiento, Alcalde e Juez de todas las ciudades e villas de carreterías de nuestros reinos”, ya que el poder era similar.

Una Real Provisión de 17 de septiembre de 1599, parece que hace referencia únicamente al Alguacil General. No es arriesgado suponer que durante todo el siglo XVI actuaron el Alcalde de Adelantamiento, Alcalde e Juez de todas las ciudades e villas de carretería de nuestros reinos, citado anteriormente y el Alguacil Procurador General, con funciones específicas cada uno.

El Juez Conservador sigue durante el siglo XVII protegiendo los intereses de la Cabaña Real de manera efectiva, aunque decaiga el poder real. No estoy de acuerdo en que, según Ringrose[5], no existen claras referencias al Juez Conservador después de 1652. En 1667 (3-4-1667) era D. García de Medrana, según podemos leer en un contrato de la Hermandad Burgos-Soria con el Estado para llevar grano desde Castilla la Vieja a Mérida, para las guerras contra Portugal[6]. Los carreteros siguen apareciendo

en los documentos durante todo el siglo y en especial entre 1673-1691[7], lo que no va muy de acuerdo con Ringrose cuando dice que los carreteros no aparecen hasta últimos del mandato del Conde de Oropesa[8].

Son muchos los documentos que nos hablan de la existencia del Juez Conservador en el siglo XVII. Nuestra afirmación es, pues, que dicho Juez existió desde la creación de la Cabaña Real o pocos años después con el nombre de Alcalde de Adelantamiento, Alcalde e Juez, etc. Que, al mismo tiempo, existió el Alguacil Procurador General y que, posteriormente, en el siglo XVII o antes, se dio el título de Juez Protector Conservador con categoría de Ministro del Consejo, quizás con más amplios poderes como el de nombrar Subdelegados, etc.

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Poder y funciones

Era el cargo con mayor poder y autoridad en la Cabaña Real de Carreteros a nivel nacional. Tenía categoría de Ministro del Consejo y podía elegir representantes suyos en las provincias. Su título era: “Juez Conservador de la Cabaña Real de Carreteros, Trajineros, Cabañiles y sus Derramas”.

La Ley dice sobre él:

… Atendiendo a la conservación de la Hermandad de Carreteros de la Cabaña Real de estos mis reinos y señoríos; he venido en elegir y nombrar un Ministro de mi Consejo, Juez Protector de ella y de sus derramas, a fin de que desagrave a los carreteros y cabañiles de los daños y perjuicios que se les hagan por qualesquiera personas, Concejos o comunidades, haciendo justicia a las partes; conociendo de sus negocios y causas, que como tales carreteros tuviesen y se les ofreciesen sobre el uso y exercicio de sus carretas, y lo demás a ello anexo y dependiente, con inhibición de todos y cualesquier Tribunales, Chancillerías, Jueces y Justicias de estos mis reinos y Señoríos: reservando las apelaciones que se interpongan de sus autos y sentencias al mi Consejo en la Sala de Mil y Quinientas, siendo en asunto de dehesas y pastos de invierno, y en los demás negocios a la Justicia, y no para otro juez ni tribunal alguno[9].

Las anteriores disposiciones nos hacen ver que los carreteros con la creación del Juez Protector Conservador, consiguieron una cota jamás pensada por ellos, aunque, como se ve en la actuación carreteril, la Corona no podía hacer otra cosa si quería tener un transporte propio, efectivo y barato.

Su jurisdicción privativa sobre los asuntos de carretería era total. Las mismas Chancillerías, aún en asuntos criminales, si se traba de carreteros, los pasaban al Juez Protector[10].

A él tenían que llegar todos los pleitos en última instancia, pudiendo existir solamente apelación a la Sala de Mil Quinientas en asuntos de dehesas y pastos, y a la de Justicia en el resto de los casos.

El Juez Conservador debe dar las providencias que crea necesarias para que se guarden los privilegios de los carreteros, las exenciones y preeminencias que tienen[11]. Debe estar informado de todo lo concerniente a las carreterías para que en cualquier momento:

…puedan conducir los abastos y provisiones de los Exercitos, sin dejar de atender al comercio de la Corte, Reynos y Señoríos…[12].

No debe permitir que se detengan ni hagan prisioneros a los trabajadores de las carreterías: mayorales, aperadores, ayudante de aperadores, pasteros, ayudantes de pasteros, gañanes, ayudantes de gañanes, etc.

“…porque en todo lo que mira al uso de dichas carretas y su tráfico han de estar sugetos precisamente a sus órdenes y providencias…”[13].

Estaba facultado para nombrar en las provincias y cabezas de partido a representantes suyos que tomaron el nombre de Subdelegados y Subjueces de Cabaña en el futuro[14] y, si no había un nombramiento específico, podía comisionar “a los Ministros de las Audiencias y Chancillerías, Corregidores de los partidos y Abogados de los Consejos[15].

Esta facultad fue ejercida frecuentemente, incluso nombrando Subdelegados de Cabaña a los Alcaldes Mayores y a los Escribanos[16].

La actividad del Juez Protector Conservador fue intensa, pues los conflictos de los carreteros, principalmente relativos a pastos, dehesas y acotamientos, eran continuos en su “trajino” permanente durante los diez meses del año.

Hay momentos en que las dificultades eran especiales y disminuían las carreterías y el transporte, debido a las muchas pérdidas de ganado y riesgo de las vidas[17]. Las actuaciones judiciales disminuyen en consonancia, como consecuencia lógica.

El Decreto de las Cortes de 8 de junio de 1813, sobre medidas para el fomento de la agricultura y la ganadería, será el detonante que haga explotar definitivamente la bomba de las controversias entre agricultores y ganaderos en perjuicio de éstos últimos.

Desde este momento se agudizan más las posturas y los acotamientos proliferan por doquier, dificultando el transporte. Los reyes se ven en graves dificultades, pues desean complacer a todos y, a veces, existen contradicciones legislativas.

Un sinnúmero de Leyes, Decretos, Reales Ordenes y Provisiones apoyan a los carreteros en sus privilegios, principalmente desde 1490, Ley II, título de la Novísima Recopilación, hasta la de 6 de septiembre de 1836.

El problema de los acotamientos trae continuas reyertas y pleitos entre pueblos, propietarios y carreteros. En estos momentos, la actividad del Juez Protector Conservador es mayor y sus intervenciones son casi continuas.

Como hemos dicho anteriormente, la mayor parte de los pleitos afectaban a asuntos entre carreteros y propietarios de las dehesas de invierno, pastos comunes de pueblos y rastrojeras, en relación con los derechos de arrendamientos y privilegios concedidos a la Cabaña Real[18].

La actividad del Juez Conservador fue tan intensa que se necesitó crear un aparato judicial, “protectoría de la Cabaña Real”, bajo la impronta de la judicatura tradicional española. En la cumbre estaba el Juez Protector Conservador.

Encontramos al Juez Conservador en todos los siglos en que existió la carretería, incluido el último tercio del siglo XVII, interviniendo en cuestiones de pastos[19].

Si alguna vez el Juez Conservador parece no tener actividad en los pleitos de los carreteros, no es por apatía de éstos, como insinúa Gascón[20], sino porque tenían sus graves crisis en pérdidas de bueyes, según hemos dicho antes. Ejemplos tenemos en la pérdida de 400 bueyes en los viajes de aprovisionamiento de grano y pertrechos de guerra a los ejércitos en la Guerra de Cataluña[21]; de 100 bueyes en la Guerra contra Portugal y 240 en la Guerra de la Independencia a manos de los franceses[22].

Amén de otros muchos casos en los que demuestran su temple serrano que los privilegios se los concedían por jura justicia.

El sueldo del Juez Protector (1834 y anteriores) era de 300 ducados por parte de la Hermandad y entregados con puntualidad por el Alcalde Mayor[23].

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PROCURADOR GENERAL DE LA CABAÑA REAL DE CARRETEROS

Este cargo aparece muy pronto en los documentos pues ya se dice que a petición suya se dan las cuatro primeras leyes que privilegian a los carreteros[24]. Se les concede la facultad de ejecutar las disposiciones relativas a que los carreteros puedan cortar madera de los montes para reparar sus carretas y que no paguen derechos por los bueyes sueltos que llevan de remuda[25]. Hasta este momento aparecen Procuradores de los carreteros en otros pleitos de modo circunstancial, como sucede en 1520[26].

Cada seis meses debía dar cuenta de lo ejecutado. Desde el principio de su nombramiento se encargaba de que se cumplieran las leyes, Reales Ordenes, Provisiones, etc. Posteriormente fue el representante directo y efectivo de los carreteros del Reino. En las primeras referencias aparece como Alguacil General de la Cabaña.

El 17 de mayo de 1646, encontramos al Procurador General recorriendo el Consejo para que se ordene que al pasar los carreteros por los pueblos

… no se les quite el vino y mantenimiento que llevaren para su sustento, ni se les maltrate por esa razón…[27].

“… yendo o viniendo las carretas cargadas por los pueblos, no se embarguen para la conducción de la sal…”[28].

El 23 de marzo de 1804, a recurso de los Comisarios y Procurador General, manda el Consejo a las Justicias que en sus respectivas jurisdicciones, se cumplan las leyes y privilegios dados a los carreteros …

Por Real Provisión de 20 de mayo de 1806 y 9 de julio de 1823, el Procurador General se preocupa de que se impriman los privilegios y de que los tengan todos los carreteros para poderlos llevar consigo y enseñar a las Justicias con el fin de que surtieran los mismos efectos que los originales.

La Junta y Hermandad de Carreteros Burgos-Soria llegó a tener tal relevancia que se le concedió el derecho a nombrar Procurador General, lo que le daba, al tener también sus comisarios o procuradores provinciales, una superioridad manifiesta sobre las demás organizaciones en lo jurídico-administrativo, ya desde el s. XVIII[29].

Las Ordenanzas de la Real Cabaña de Carreteros de Quintanar en el capítulo 13 nos habla del Procurador General. Consta de 9 artículos que tratan de lo siguiente:

El cargo de Procurador General “recaerá en persona de idoneidad, crédito, práctica en el manejo de negocios, afecto a la corporación y en el que concurran por punto general todas las circunstancias que deben adornar a un empleado de su clase”.

Su nombramiento se hará como hemos dicho antes por la Junta General de Cabaña.

Las obligaciones que tienen son de diferente naturaleza: como Procurador interviene en los negocios contenciosos de la Cabaña y tiene todas las que son consiguientes a su oficio; además, en lo gubernativo tiene las que vemos a continuación.

Será de su peculiar obligación el mover y agitar cuantos negocios y dependencias tenga la Cabaña en materia de conducciones bien sean con la dirección general de Rentas o particularmente conforme a las instrucciones que se le comuniquen y en su defecto en virtud del poder que le fuere otorgado[30].

Representará a la Dirección General de Rentas y a S. M. si fuere necesario para que los portes se paguen con prontitud y exactitud exponiendo lo que considere oportuno sobre el asunto.

Solicitará los oportunos despachos del Juez Protector para que se observen los privilegios y también los títulos de Subdelegados que se crearen nuevos. «En una palabra como el primer empleado de la Cabaña, y en quien ésta tiene depositada su confianza, debe mover cuantos negocios conciernen al bien y utilidad de la misma[31].

Acordará la impresión en · su tiempo de las colecciones de privilegios, despachos y todos los papeles cuya impresión sea necesaria para la Cabaña.

Está obligado al cumplimiento de las anteriores obligaciones y de cualquier otro negocio que la Cabaña le encargue quedando obligado al resarcimiento de los daños y perjuicios que se ocasionaren por su descuido, fraude o cualquier otro motivo.

No podrá imprimir más ejemplares que los que la Cabaña le indique y debe remitirlos al Alcalde Mayor para que haga de ellos la distribución correspondiente.

El cargo de Procurador General de Cabaña existió en la organización desde la fundación de la Cabaña Real; en trato directo con el Consejo del Reino pero no con la categoría de Ministro como el Juez Protector Conservador. Es el segundo cargo en importancia jerárquica.

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Alcalde Mayor de Cabaña

Su función primordial era ejecutiva. Citaba a las Juntas de las diferentes Hermandades o Asociaciones cuando era necesario fletar los trenes de carretería para el acarreo de la sal, trigo, carbón, provisiones, vituallas, municiones, pertrechos de guerra, etc. para servicio público y de la Corona[32].

Fiscal y Escribanos

Técnicos juristas, profesionales de las leyes con los estudios de abogacía.

Los escribanos de la protectoría firmaban todos los escritos que emanaban de los Tribunales nacionales. Sin su firma no tenían valor legal los comunicados o documentos. Su firma iba con la del Secretario de Cámara del Consejo de Castilla[33].

Procuradores-Comisarios de Organizaciones de la Cabaña Real

Tenían como misión propia ajustar y contratar con la Real Hacienda los artículos correspondientes para los transportes[34].

Una vez contratados los transportes, lo comunicaban a las Hermandades respectivas, de las cuales eran representantes, y éstas se reunían en Junta de Hermandad para efectuar el reparto de los portes a cada pueblo.

Tenemos constancia de la presencia de Comisarios o Procuradores de la Junta y Hermandad Burgos-Soria, “… para el cotejo y arreglo de lo que por dicha comunidad de Carreteros se trató y confederó en la villa y Corte de Madrid por dos comisarios que para esto se remitieron a dicha corte…”[35].

Esto nos confirma que la Hermandad tenía derecho a que la representaran dos comisarios en la Corte en los repartimientos de transportes de la Real Hacienda, lo que nos muestra el poder de la Hermandad por aquella época. No la representaba un procurador sólo según dice Ringrose[36].

Al aumentar su importancia determinaron que un procurador estuviera constantemente en Madrid para llevar de cerca todos los asuntos concernientes a su negocio. El prestigio e importancia de este procurador y el volumen de negocio de los transportes fue el principal motor que llevó al Consejo a conceder a la Hermandad Burgos-Soria el derecho a nombrar el Procurador General, según dijimos antes. En 1832 era nombrado por la Junta y Hermandad de la Comarca Burgos-Soria. Leemos en las Ordenanzas de la Real Cabaña de Quintanar. “Será peculiar atribución de la Junta el nombramiento de Agente Procurador General y en uso de esta facultad procederá en los casos que ocurra la vacante”[37].

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JUEZ SUBDELEGADO DE CABAÑA

Era el representante directo del Juez Conservador que tenía capacidad jurídica para nombrar a delegados suyos.

La Ley nos habla de sus facultades:

... que haya sugetos en las provincias cabezas de partido, para que con más facilidad puedan ocurrir, a la conservación de dichos carreteros y cabañiles, y reintegrarlos de los daños que se intente hacerles…[38].

Pueden ser Subdelegados:

los ministros de las Audiencias y Chancillerías, Corregidores de los partidos y abogados de los Consejo…[39].

De manera concreta, la Ley nos habla de sus poderes:

... para que puedan proceder en todo lo concerniente a la enunciadacarretería Real con la misma inhibición (que el Juez conservador);y en su consecuencia avocar y retener los procesos y autos que sehicieren y firmaren por las Justicias ordinarias, y demás jueces y Ministros de estos mis reynos y Señoríos continuándolos hasta sentencia definitiva; admitiendo las apelaciones, que se interpongan porlas partes para el mi Consejo y Salas de Mil y Quinientas y Justiciasegún su clase…”[40].

Con la llegada de los borbones a España, se ponen en funcionamiento el cargo de Jueces Subdelegados producto de su sistema.

Las Subdelegaciones evolucionan al ritmo de los Jueces Protectores o Protectorías de Cabaña. Siguen la pauta de la judicatura española: Juez Subdelegado, Procurador, Fiscal y Escribanos con Alcalde Mayor y Alguacil.

Todas las Subdelegaciones debían contar con listas actualizadas del total de carros, bestias y propietarios disponibles, de largas y cortas distancias; listas que enviaban a la Protectoría nacional[41].

El ámbito de su jurisdicción comprendía una provincia, zona o comarca determinada, residiendo en las capitales de provincia o pueblos portantes: Zamora, Becerril, Atienza, Roa, Campillo de Altobuey, Toro, Briviesca, Burgo de Osma, Salamanca, Granada, Ecija, Segovia, Palenzuela…[42].

El Subdelegado comunicaba a los corregidores de los diferentes lugares para que éstos obligaran a las Justicias cumplir las sentencias y disposiciones emanadas del Juez Conservador y del Consejo en asuntos referentes a la carretería.

Al candidato se le nombraba Juez Subdelegado de la correspondiente ciudad y “en diez leguas al contorno”[43].

El nombramiento lo hacía directamente el Juez Conservador. Intervenían en todas las disputas de carreteros en primera instancia.

El cargo recaía en distintos funcionarios destinados ya en las ciudades para las que eran nombrados. Ellos mismos lo solicitaban. Tenemos múltiples ejemplos. Piden ser nombrados: el Escribano Real de Atienza[44], el Alcalde Mayor de Zamora[45], el Alcalde Mayor de Ecija[46], el Abogado de los Reales Consejos de Segovia[47], el Alcalde Mayor de la Junta y Hermandad Burgos-Soria[48].

El Juez Conservador accedía normalmente a las peticiones de nombramiento de Subdelegados de la Real Cabaña.

Al no existir un nombramiento concreto de Juez Subdelegado, recaía directamente en los Corregidores y posteriormente en los intendentes[49].

Al ostentar un mismo funcionario distintos cargos en una misma jurisdicción, se daban casos difíciles y posturas comprometidas, ya que la gama de conflictos entre los carreteros afectaban a aspectos municipales, agrarios, de pastos comunales, de dehesas, etc… siendo la postura del Juez Subdelegado determinante y difícil por ello. La mayor parte de sus intervenciones tienen lugar por los pastos de invierno[50].

A veces se ve en conflictos con las Chancillerías y existen disquisiciones jurídicas sobre el ámbito de competencias en determinadas materias.

Así sucedió al actuar contra varios carreteros por la muerte a Pedro Valero, uno de ellos[51].

Alcalde Mayor

Recaían en él las mismas obligaciones y funciones a nivel provincial que las del Alcalde Mayor a nivel nacional.

Comisarios, Delegados o Procuradores Provinciales

Los Jueces Subdelegados convocaban Juntas Comarcales y enviaban a ellas a sus Diputados o Delegados. Las funciones eran similares a las desempeñadas a nivel nacional, en su ámbito provincial.

Fiscal y Escribanos

Daban fe de todos los escritos de las Subdelegaciones con su firma. Sin ella no tenían valor. Eran cargos técnicos ocupados por letrados.

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ORGANIZACION COMARCAL Y LOCAL DE LA JUNTA Y HERMANDAD DE CARRETEROS BURGOS-SORIA

El Concejo era la unidad administrativa y en Concejo abierto trataban los pueblos de la Hermandad todos los asuntos referentes a la Carretería.

La organización jurídico-administrativa de la Junta y Hermandad de la Cabaña Real de Carreteros Burgos-Soria estaba constituida por un Consejo.

Este Consejo estaba formado por un Alcalde Mayor de Cabaña y dos Diputados (Delegados, Comisionados, Procuradores, Comisarios) de cada una de las villas y lugares que componía la Corporación. Veamos las atribuciones de cada componente.

El Alcalde Mayor de Cabaña

Sera nombrado “alternativamente por un año en cada una de las villas y pueblos de que se compone esta Corporación”[52].

Sólo podían ser delegados los que con anterioridad hubiesen “obtenido el empleo de Alcalde Real Ordinario de su pueblo”. Además debía tener “cinco pares de bueyes por lo menos” y reunir las demás “circunstancias de idoneidad práctica del ejercicio de carretería y ha de saber leer y escribir”.

Era elegido por la Justicia y Ayuntamiento de cada villa en los últimos días del año. Juraba el cargo públicamente y comenzaba sus funciones a principios de año. Duraba, pues, el cargo un año.

“Es bien público y costumbre que el cuerpo de la Cabaña Real de Carreteros se haya de nombrar anualmente Alcalde Mayor a un individuo de ella”[53].

Era elegido el que obtenía en la votación del Ayuntamiento el mayor número de votos “entendiéndose la pluralidad absoluta”.

Si el Alcalde Mayor tenía que ausentarse podía nombrar a un Teniente Alcalde, debiendo concurrir en él todas las condiciones exigidas al Alcalde Mayor. Debía prestar juramento y comunicarlo a la Hermandad mediante carta circular antes de ausentarse.

Los Ayuntamientos que nombraban al Alcalde Mayor eran responsables de las irregularidades que éste cometiera y el Alcalde Mayor lo era, a su vez, de las que cometiera el sustituto nombrado por él libremente.

Si el Alcalde Mayor fallecía durante el año, el Ayuntamiento que lo eligió debía nombrar otro en las mismas condiciones. El Alcalde Mayor llevaba unidas las funciones de Subdelegado.

Su jurisdicción contenciosa era la que marcaba el Juez Protector. Las facultades gubernativas y económicas eran diversas: Presidir las Juntas; fijar el orden del día de las mismas; hacía de moderador procurando que cada uno ocupara el lugar que le correspondía, hablara con moderación y educación.

Si no era obedecido podía poner multas e incluso expulsar, al que cometiera desacato de autoridad, de la Junta de Hermandad.

Debía cobrar lo que correspondiera durante su mandato, hacer las cuentas finales y efectuar las inversiones correspondientes. Convocaba las Juntas cuando las circunstancias lo exigían. Tenía la obligación de buscar alojamiento a los junteros comisionados de los pueblos durante el tiempo que durase la Junta. Lo mismo debía hacer con sus caballerías. Si algún vecino se negaba a admitir a los comisionados el Alcalde Mayor podía multarle.

Examinaba los poderes que traían los diputados; expedía y autorizaba los fletes, fanegas o arrobas que se daban en los repartimientos, según las contratas que se hicieran; escuchaba las quejas contra los repartimientos, “procurando deshacer breve y sumariamente cualquier agravio, evitando en lo posible la formación de juicios”; hacía cumplir las contratas hechas con la Real Hacienda o con los particulares, “procediendo contra los descubiertos y morosos con todo rigor a la ejecución de multas y demás que haya lugar”.

Estaba encargado de mantener correspondencia con el Juez Protector, el Procurador General, otras Hermandades y con particulares sobre el negocio de los transportes y debía comunicarlo cuando el asunto fuera de especial interés, bien en Junta General “o circulando la noticia por los pueblos como se acostumbra”.

Respondía ante la Comunidad de los daños y perjuicios que de cualquier manera se ocasionaren a la Comunidad o cualquiera de los individuos, por su imprudencia, impericia u otro motivo culpable”.

A veces se metía en cuestiones que no eran de su incumbencia. Así sucedió con Manuel Rubio, Prior Síndico de la villa de Quintanar, el cual dice:

…que el Alcalde Mayor se abstenga… en asunto alguno judicial que ocurra entre partes aunque sea entre individuos y criados de la misma…[54], apelando a las Ordenanzas Municipales de la villa de Quintanar:

El salario del Alcalde Mayor era de 300 reales de vellón al año; además se le abonaban los gastos de correo, escritorio y los que ordinariamente le ocasionaren las Juntas.

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Diputados (Comisionados, Comisarios, Procuradores)

Eran los representantes de la Hermandad en las Juntas de Cabaña.

Cada Ayuntamiento de las villas y pueblos que formaban parte de la Hermandad, nombraban dos Diputados al principio de cada año.

Tenían obligación de asistir a todas las Juntas que se celebraran durante el año. Si por causa justificada no pudieran hacerlo, el Ayuntamiento correspondiente debía nombrar a los suplentes necesarios siguiendo las mismas normas que para los anteriores.

Para ser nombrados Diputados debían concurrir en ellos “las circunstancias de honradez, pericia en el arte de leer y escribir; práctica en el ejercicio de carretería y que serían interesados, entendiéndose por tales los que tengan al menos cuatro pares de bueyes de trajino”[55].

Estos Comisionados iban provistos de los correspondientes poderes de los Ayuntamientos que les habían nombrado. Así podemos leer en una reunión del Concejo de Quintanar el día 10 de enero de 1740:

“En la Villa de Quintanar de la Sierra en diez días de el mes de henero de mili setezientos y quarentta, estando los Señores de Justicia regimiento y vezinos de ella en su Sala Capitular donde fueron llamados a son de Campana tañida como lo an de costumbre … Determinaron que al respecto tener la Real Cabaña Junta General mañana once deel que corre y que para ella están nombrados los Seniores Manuel Domingo de Pedro y Manuel Santos Molero, para que como comisarios deesta Villa ocurran aella. A estos seles da entero poder y facultad para que en lo queen dicha Junta se tratare y confiriere determinan por esta Villa y su consejo lo que mejor les pareziere, Otorgando los poderes que se ofrezcan asi por lo que toque a la Cabaña como para otras qualesquier dependienzias … pues para ello se les dan muy cumplida y amplia como esta Villa le tiene y sin ninguna limitazión; esto determinaron y decretaron y firmaron los que supieron y por los que no yo el escribano[56].

No podían ser admitidos a formar parte de la Junta si no iban provistos de estos poderes amplios y totales de sus respectivos Ayuntamientos.

En la villa o pueblo en que se celebraba la Junta asistían a ella como Junteros o Diputados los dos Alcaldes Ordinarios como únicos representantes y con las mismas obligaciones que los Diputados.

Una vez terminada la Junta, los Comisionados estaban obligados a dar parte a los Ayuntamientos respectivos, de lo tratado en ella, antes de las 24 horas siguientes de volver a sus pueblos o villas.

Escribano de la Real Cabaña:

Debía ser “persona de honor, providad, idoneidad, práctica y afecto a la Corporación con todas las demás circunstancias recomendables que deben concurrir en funciones de esta clase”[57].

Lo nombraba la Junta General por mayoría absoluta de votos y “previos los informes que la Junta tuviese a bien tomar”.

Las principales obligaciones del Escribano eran: “Actuar en todas las dependencias judiciales y negocios contenciosos que se suscitaren entre individuos de Cabaña y derramas de quienes percibirán justos y legítimos derechos con arreglo a reales aranceles”; debía asistir a las Juntas que se celebraran según le comunicara el Alcalde Mayor en circular a tal efecto; “autorizar las actas de las Juntas y sacar una copia legal y fehaciente de los acuerdos de cada una”; “otorgar todos los poderes que sean necesarios en los negocios de Cabaña, tanto contenciosos como gubernativos”; “proveer de las compulsas y copias correspondientes a cualquier documento que fuere necesario a la Cabaña”; “autorizar los fletes que hayan de darse a los interesados en los repartimientos de sales y cualquier otro género”; “asistir a la formación de inventario de papeles de la Cabaña y presenciar la entrega del archivo que haga de un Alcalde Mayor en otro y autorizar las actas de entrega”.

El Escribano estaba obligado “al resarcimiento de los daños y perjuicios que se ocasionaren por su impericia, descuido, abuso o cualquiera otro motivo culpable”[58].

En el caso de que no pudiera asistir a las Juntas por cualquier causa estaba obligado a poner un sustituto pagado por él y con las mismas obligaciones.

El sueldo correspondiente al Escribano estaba fijado en setecientos reales anuales.

Se los pagaría la Comunidad por la asistencia a las Juntas y demás obligaciones. Se abonaba además la manutención en cada uno de los días que se ocupaba en la Junta y el gasto de su caballería.

Si actuaba en defensa de los particulares podía cobrar de acuerdo con los reales aranceles.

Juntas de Cabaña

Tenían lugar por lo menos una vez al año “Y en los tiempos y épocas en que sean necesarias su celebración”. Estaban presididas por el Alcalde Mayor y asistían a ellas dos Diputados de cada una de las villas y lugares que componían la Hermandad. Se reunían en la casa habitación del Alcalde Mayor de Cabaña.

Las convocaba el Alcalde Mayor por carta circular que dirigía “por la vereda de costumbre” y era cumplimentada por las Justicias para que no pudiera alegarse ignorancia, del día y hora de su celebración. Esta circular llevaba el orden del día de los asuntos a tratar y debía enviarla con anticipación suficiente para que los Diputados “puedan venir instruidos del modo de pensar de sus respectivos pueblos”.

Es claro que el Alcalde Mayor era el Presidente de la Junta.

Antes de ser admitidos los Diputados o Comisionados en las Juntas, el Alcalde Mayor examinaba los poderes de los mismos no siendo admitidos a formar parte de la Junta los que no eran previamente autorizados.

Una vez examinados los poderes, cada Diputado ocupaba el puesto que le correspondía de acuerdo con un orden establecido: El Alcalde Mayor ocupaba el sitio preferente como Presidente, a derecha e izquierda suya se colocaban los Alcaldes Ordinarios de la villa o pueblo donde se celebraba la Junta; a éstos les seguían por orden y antigüedad los Diputados que anteriormente hubieran sido Alcaldes Mayores o Comisarios en la Corte; por el mismo orden, derecha e izquierda, se colocaban los demás, ordenados según la edad.

Una vez sentados todos, el Alcalde Mayor abrirá la sesión, y proponía a la Junta los puntos que habían de ser tratados en la reunión. Los Diputados podían hablar sobre dichos puntos guardando el orden y la debida compostura.

Discutido el primer punto se pasaba al segundo y así hasta acabar el orden del día. Cualquier Diputado podía proponer al Alcalde Mayor la discusión de algún asunto antes, en y después de la Junta sin interrumpir el orden del día y siempre que fuera en bien de la Cabaña.

Propuesto el asunto era sometido a discusión. Si no se aprobaba por mayoría total, se efectuaba una votación hasta alcanzar la mayoría absoluta, extendiendo el acta correspondiente. Lo acordado se guardaba siempre que no fuera en contra de las Ordenanzas de Cabaña o de otros Decretos promulgados con anterioridad.

Para derogar lo que otras Juntas hubieran acordado, era necesario que concurrieran justas y graves causas, en cuyo caso debieran votar a favor dos terceras partes de los Diputados.

Las atribuciones de la Junta eran de diversa índole: “tratar de todos los negocios pertenecientes al bien y utilidad de la Corporación por el orden y método dicho antes”; “acordar y hacer los repartimientos de sales y demás efectos de conducciones que se contrataren por la Cabaña o sus apoderados, cuidando de que éstos se hagan con la debida Igualdad”; “decretar los impuestos y repartimientos que sean necesarios para atender a los gastos de la Corporación”; “acordar el método conveniente para los repartimientos sea por fletes o certificados, según las circunstancias y con previsión a los abusos que en esta materia puedan cometerse”; decretar los arbitrios menos gravosos en el caso de que los recursos ordinarios no fuesen suficientes a cubrir todas las atenciones o las que exijan un gasto imprevisto o extraordinario”; “nombrar Comisionados cuando parezca conveniente y sea necesario a puntos que no sea la Corte”; “nombrar Procurador General de Cabaña cuando ocurriera la vacante y también de Escribano”[59].

En las Juntas se ejecutaban los repartimientos de mercancías y señalamiento de rutas por sorteo mediante cédulas o “palitas”.

Las Juntas tenían una duración de dos o tres días. Se celebraban en cualquiera de los pueblos de la Hermandad, “por suerte de Cabaña”[60]; Quintanar, 1750; Vilviestre, 1788-90; Hontoria, 1819; Canicosa, 1840. Tenemos conocimiento de que existieron Juntas en: 1732, 1733, 1743, 1749, 1750, 1751, 1752, 1758, 1759, 1760, 1785, 1786, 1787, 1877, 1819, 1836, 1840, 1841, 1851, 1852…[61]. Las fechas de celebración de las Juntas eran las comprendidas entre enero y abril de cada año.

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Juntas locales

Cuando los comisionados o junteros regresaban de las reuniones de Junta de Cabaña, los Alcaldes de Hermandad citaban a reunión de Concejo “a repique de campana o pregón según costumbre”[62].

En el Concejo tenía lugar el repartimiento de los transportes. Previamente se llegaba a un acuerdo en la manera de llevarlo a efecto. A continuación tenía lugar el sorteo por insaculación de cédulas o palitas en las que figuraba la carga a transportar, los lugares de origen y destino de las mercancías, los precios por legua y fanega o por carro, según la mercancía. A los que correspondían rutas más fáciles se les solía dar sobras “de hueso”, para nivelar en cierto modo las suertes.

En las reuniones, firmaban todos los carreteros cumplir con lo acordado siendo ya cada transportista el responsable de su cumplimiento.

Si así no lo hacía, la Junta próxima le ponía la sanción correspondiente ya que el sancionado sería el pueblo al no cumplir con los compromisos adquiridos[63].

Terminaba el repartimiento dando fe el escribano de todo lo acordado y firmando todos los carreteros[64].

En cada pueblo había un libro llamado de Cabaña, en el que se reflejaban los transportes, los transportistas, viajes hechos y resultados de los mismos en pérdidas y ganancias. Las cantidades se repartían de modo proporcional al trabajo desarrollado y a los bueyes que llevaba cada propietario. El libro de Cabaña era llevado por el escribano o Notario de Hermandad por lo cual recibía los correspondientes honorarios[65].

En algunos de los pueblos de la Hermandad figuraba el cargo de Alguacil de Cabaña con las mismas misiones que el Alguacil a nivel de Junta[66].

Al cobrar las ganancias se dejaba en el libro un tanto por buey y carreta para pagar los gastos administrativos y contables. Alguaciles y Alcaldes de Cabaña eran los encargados de cobrar y controlar en el Concejo este tipo de impuestos municipales[67].

La Hermandad de carreteras Burgos-Soria, llegó a ser la más importante de España. Se hizo con las riendas del poder. Desde el siglo XVIII tuvieron facultad para elegir el cargo de Procurador General de la Cabaña Real. En 1701 y 1703 figuran con dicho cargo José Manero y Juan Martínez, vecinos de Vilviestre y pertenecientes a la Junta y Hermandad de Burgos-Soria[68].

En 1754 tenemos noticias de una elección del cargo[69].

Las Ordenanzas de la Real Cabaña de Carreteros del Reino de la villa de Quintanar del año 1832 dicen que “será peculiar atribución de la Junta el nombramiento de Procurador General y en uso de esta facultad procederá en los casos que ocurra la vacante…”[70].

Los servicios prestados por la Hermandad en Jos años difíciles de las guerras del XVII, dieron la supremacía a Ja Junta y Hermandad de Burgos-Soria.

Además de nombrar al Procurador General, Ja Hermandad Burgos-Soria enviaba a la Corte de Madrid dos comisarios cada año, para tratar con la Dirección General de Rentas “sobre contratas de sales, granos, carbón para el surtido de la Corte y otros efectos de conducción de géneros estancados y pertrechos de guerra…”

Estos comisarios eran elegidos por el Alcalde Mayor entre Jos diputados de las distintas villas y pueblos que componían Ja Junta de la Hermandad. Tenían que ser “de las cuatro villas más inmediatas al punto céntrico donde se halle el Alcalde Mayor, a saber, las precedentes y sus siguientes cuyos cuatro diputados en unión con el Alcalde Mayor practicarían dicha elección a pluralidad de votos”.

A estos comisarios se les exigía actitud, disposición, afecto a la Cabaña y que fueran interesados al menos en cinco pares de bueyes de trajino. No podían ser reelegidos hasta que no pasaran dos años desde su última elección a no ser por conveniencia de la Junta.

Los reelegidos podían ser obligados a aceptarlo bajo la sanción de 200 ducados. Sólo la falta de salud o enfermedad peligrosa de su mujer podría eximirles.

Durante su estancia en Madrid no podían ocuparse en negocios propios ni ajenos que no tuvieran relación con el objeto de la Comisión.

Menos aún hacer ajustes para sí u otros particulares de los géneros cuya contrata les estaba encargada.

Hemos visto el engranaje jerárquico administrativo. Era, de arriba abajo, perfecto, rápido y cómodo para los carreteros que estaban en la base Y podían acudir en sus asuntos y querellas directamente a cualquier jerarquía, hasta el Juez Conservador, sabedores de ser atendidos favorablemente en sus demandas.

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[1] A. R. CH. V., Seccion de Pleitos Civiles. Notaria de Quevedo, leg. 1079-1; 1080-1.

[2] N. R., lib. 7, tit. 28, ley 4. Nota 4. Real Provisión de 18 de octubre de 1645. A. P. Q. (3-4. 1667); A. A. Vil., 1750; A. G. S., Cámara de Castilla, 1831.

[3] Ringrose, D.: Op. cit., pag. 131.

[4] Gascon Bueno, Fco.: “EI Valle de Alcudia durante el siglo XVIII”. 1978. Ciudad Real, pag. 228.

[5] Ringrose, D.: Op. Cit., pag. 132.

[6] a. A. P. Q., s. XVII (3-4-1667).

[7] A. R. CH. V., Secc. Pleit. Civ., Nota. Lapuerta 3323-1.

[8] a. Ringrose, D.: Op. cit., pag. 132.

[9] N. R., lib. 7, tit. 28, ley 5.

[10] a. N. R., lib. 7, tit. 28, ley 5.

[11] A. H. N., Consejo, leg. 51197, fol. 33.

[12] a. N. R., lib. 7, tit. 28, ley 5.34

[13] N. R., lib. 7, tit. 28, ley 5.

[14] A. H. N., Consejo, leg. 51197, números 13, 17, 29, 36.

[15] N. R., lib. 7, tit. 28, ley 5.

[16] A. H. N., Cons. leg. 51197-13, 28.

[17] N. R. Q., 1640-1649. A. H. N., Consejo, leg. 51197, num. 52; Libro privativo de cuentas de Francisco de Diego y Nuñez, natural de Salduero, ano 1850. Propiedad de Herminio Latorre, vecino actualmente de Salduero.

[18] A. R. CH. V., Sección Pleitos Civiles. Notaria de Quevedo, leg. 3323, num. 1; 1070-1; 1080-1. A. H. N., Consejo, leg. 51197, números 2, 3, 7, 9, 16, 21, 23, 24, 27, 28, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 51, 52.

[19] A. R. CH. V., Sección Pleitos Civiles. Notaria de Quevedo (1679), leg. 3323, num. 1 (1679-1682).

[20] Gascon Bueno, Fco.: Op. cit., pag. 228.

[21] A. P. Q., s. XVII.

[22] A. R. CH. V., Secc. Pleitos Civiles. Notaria de Quevedo, leg. 3323-1.

[23] Ordenanzas de la Real Cabaña de Carreteros del Reino para el uso de la villa de Quintanar de la Sierra (1832).

[24] N. R. lib. 7, tit. 28, ley 4. Nota 1.

[25] N. R. lib. 7, tit. 28, ley 4. Nota 1.

[26] A. R. CH. V., Sección de Pleitos Civiles. Notaria de Quevedo, leg. 1079-1; 1080-1.

[27] N. R. lib. 7, tit. 28, ley 4. Nota 5.

[28] N. R. lib. 7, tit. 28, ley 4. Nota 6.

[29] A. H. N., Consejo, leg. 395, num. 9.

[30] Ordenanzas de la Real Cabaña de Carreteros del Reino para el uso de la villa de Quintanar de la Sierra (1832).

[31] Idem.

[32] A. A. Vilviestre, s. XVIII; A. H. N., Consejo, leg. 395, num. 9.

[33] Tudela, J.: Op. cit., pag. 28.

[34] Real Provision de 23 de mayo de 1815.

[35] A. A. Vil., s. XVIII (18-4-1750).

[36] Ringrose, D.: Op. cit., pag. 127.

[37] Art. 23 del Capitulo 2 y art. 2 del capitulo 13. Ordenanzas de la Real Cabaña de Carreteros del Reino para el uso de la villa de Quintanar de la Sierra (1832).

[38] N. R. lib. 7, tit. 28, ley 5.

[39] N. R. lib. 7, tit. 28, ley 5.

[40] N. R. lib. 7, tit. 28, ley 5.

[41] A. P. Q., s. XVII; A. A. Vil., s. XVIII; A. H. N., Consejo, leg. 2067, fol. 2.

[42] A. H. N., Consejo, leg. 51197, nums. 13, 16, 18, 22, 36, 40, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 52.

[43] A. H. N., Consejo, leg. 51197, nums. 13, 16, 28, 39, 48, 51.

[44] A. H. N., Consejo, leg. 51197, num. 28.

[45] A. H. N., Consejo, leg. 51197, num. 13.

[46] A. H. N., Consejo, leg. 51197, num. 36.

[47] A. H. N., Consejo, leg. 51197, num. 9.

[48] Ordenanzas de la Real Cabaña de Carreteros del Reino para el uso de la villa de Quintanar de la Sierra (1832).

[49] A. H. N., Consejo, leg. 51197, nums. 6, 33, 37, leg. 2334, num. 1.

[50] A. R. CH. V., Sección Pleitos Civiles. Notaria de Quevedo, leg. 107917; leg. 3323, num. 1. A. H. N., Consejo, leg. 51197, números 10, 16, 40.

[51] A. H. N., Consejo, leg. 51197, num. 33, art. 1 y 2.

[52] Ordenanzas de la R. Cabaña de C. del R. de Quintanar (1832).

[53] A. H. N., Consejo, leg. 51197, num. 57.

[54] A. H. N., Consejo, leg. 51197, num. 57.

[55] Ordenanzas de la Real Cabaña de Carreteros del Reino para el uso de la villa de Quintanar de la Sierra (1832).

[56] A. A. Q., s. XVIII.

[57] Ordenanzas de la Real Cabaña de Carreteros del Reino para el uso de la villa de Quintanar de la Sierra (1832).

[58] Idem.

[59] Idem.

[60] A. A. Vil., s. XVIII (18-4-1756).

[61] A. A. Q., Libro de Cuentas municipales, 1749-52; A. A. Vil., Ordenanzas, 1750. A. P. Q., Libro de Cuentas de Xristobal Mancio.

[62] Ordenanzas de la Real Cabaña de Carreteros del Reino para el uso de la villa de Quintanar de la Sierra (1832).

[63] A. A. Vil., s. XVIII; A. A. Q., s. XVIII.

[64] A. A. Vil., s. XVIII, s. XIX; A. A. Q., s. XVIII, XIX.

[65] A. H. N., Consejo, leg. 395, nums. 8, 9. Ringrose, D.: Op. cit., pag. 127.

[66] A. A. O., s. XVII, XVIII; A. A. Pal., 1818.

[67] A. A. Q., s. XVII, XVIII; A. A. Palacios 1818; A. A. Vil., s. XVII; A. A. Canicosa,

  1. XVIII.

[68] A. A. Vil., 1756. A. A. Vilv., s. XVIII.

[69] A. H. N., Consejo, leg. 51197, num. 22.

[70] Ordenanzas de la Real Cabaña de Carreteros del Reino para el uso de la villa de Quintanar de la Sierra (1832).

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