SISTEMAS VECINALES DE EJECUCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES COMUNALES EN LAS COMARCAS MERIDIONALES DE LAS DISTERCIAS (SORIA Y BURGOS) – V

SISTEMAS VECINALES DE EJECUCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES COMUNALES EN LAS COMARCAS MERIDIONALES DE LAS DISTERCIAS (SORIA Y BURGOS) – V

FISCALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES A TRAVÉS DE ENTES VECINALES

La existencia de un contrato de mandato tiene su trascendencia en el ámbito tributario, afectando bien a los beneficiarios individuales, bien a la propia Sociedad Vecina[1], de conformidad con el art. 20 del Reglamento de Montes aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero.

Así, en cuanto al Impuesto de Sociedades, al ser enajenados a nombre de los correspondientes vecinos, éstos no pueden ser sujetos pasivos del tributo, mientras que la Sociedad Vecinal tampoco tiene tal consideración al no obtener renta alguna, ni explotar como tal el monte ni emplear en la gestión de los lotes ni medios materiales o económicos, ni tampoco medios personales[2]. De este modo se evita la situación a la que se ven avocados los montes vecinales en mano común[3].

Tampoco el Ayuntamiento propietario se encontraría vinculado a este tributo, pues ni explota ni aprovecha esa madera[4]. Si a lo precedente se añade que la declaración de exención total del Impuesto de Sociedades, primero por la Disposición Adicional Novena de la Ley 30/1994 y más tarde por el art. 9 de la Ley 43/ 1995 del Impuesto de Sociedades[5], no cabrá en momento alguno considerar la sujeción a este impuesto[6].

Todo lo cual nos conduce al hecho de que el ingreso que por estos aprovechamientos obtengan los vecinos beneficiarios quedará sujeto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aunque la cuestión pudiera parecer pacífica, no lo es en la doctrina. Hay quien reconoce la sujeción a este tributo[7], pero como una consecuencia de un pretendido carácter de derecho rea1[8]. Sin embargo, esta percepción dineraria obtenida por la enajenación de un bien entra de lleno en el tipo del art. 5 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siendo un rendimiento derivado de un elemento patrimonial[9]. Desde luego, sólo quedará sujeta la percepción dineraria, nunca la mera participación en los aprovechamientos si éstos no se enajenan y los elabora y transforma directamente el particular.

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No siendo pacífica la sujeción al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no ocurre otro tanto con el Impuesto sobre el Valor Añadido. Entendiendo la enajenación del aprovechamiento como una entrega de bienes efectuada por un empresario a título oneroso en el desarrollo de su actividad empresarial, no puede haber dudas sobre la procedencia del Impuesto sobre el Valor Añadido en este caso[10]. Con esta premisa, concretaremos que siempre se han enmarcado dentro del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca[11], dentro del cual se compensa el pago de las cuotas a abonar[12]. Este régimen especial será de aplicación con independencia de que la entrega de los productos forestales se efectúe en pie o bien se haya procedido al corte de los mismos[13].

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VII. RECAPITULACIÓN

De todo lo expuesto en este sentido, cabe inferir las siguientes conclusiones:

A) Que para la ejecución de los aprovechamientos forestales comunales en la vertiente meridional de las Distercias los beneficiarios se agrupan en comisiones o sociedades vecinales con el fin de lograr una mayor racionalización en su extracción y un mejor rendimiento económico.

B) Que es perfectamente compatible con la naturaleza comunal del aprovechamiento la confección de lotes de carácter multivecinal, siempre que no se imponga a la voluntad de los beneficiarios.

C) Que las Comisiones Vecinales, como órgano adscrito a un Ayuntamiento, adolecen de varios defectos jurídicos, obviando la voluntad de los beneficiarios, no englobando a la totalidad de éstos y careciendo de personalidad jurídica propia, con lo que es el propio Ayuntamiento quien enajena los aprovechamientos forestales, vulnerando el carácter comunal de los mismos.

D) Que las Sociedades Vecinales de Maderas se configuran como el estadio más avanzado en este tipo de ejecuciones de los aprovechamientos, con base en la voluntad de los beneficiarios y gozando de personalidad jurídica propia, por lo que soluciona los problemas que plantean las Comisiones Vecinales. Al igual que éstas su principal función es la enajenación de los aprovechamientos forestales. Mas al configurarse la relación jurídica entre la Sociedad Vecinal y sus socios como un mandato de gestión, administración y enajenación, se respeta el más puro espíritu de lo comunal.

E) Que tanto las Comisiones como las Sociedades Vecinales son una solución original y peculiar de la zona en la ejecución de los aprovechamientos forestales comunales.

F) Los rendimientos obtenidos de la enajenación de los derechos forestales están sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre el Valor Añadido, no así la simple extracción y transformación de la madera por el propio beneficiario.

[1] Excluimos al Ayuntamiento en tanto en cuanto, como luego se verá, en su calidad de propietario del monte está exento del pago de tributos. Sí mencionaremos, brevemente, el Acuerdo de 19 de enero de 1954 (Ar. 387) del Tribunal Económico-Administrativo Central, en el cual se resolvía la duda sobre si las Entidades Locales titulares de estos bienes estaban sujetas al entonces Impuesto sobre los Bienes de Personas Jurídicas. Dicha resolución venía a determinar que el monte debía de ser integrado en la base de este Impuesto, toda vez, entendía, que proporcionaba una renta a los Municipios. y ello a pesar de su carácter comunal que constituía causa de exención.

También es preciso referirnos a la problemática surgida acerca del pago de la cuota empresarial de la Seguridad Social agraria, lo que obligó a varios municipios sorianos a acudir a los Tribunales. En un primer momento, y en base a la Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de enero de 1979 (Rec. 40.210), se estableció que el mero hecho de ser titular de un bien inmueble, sin serlo además de una empresa agraria constituida sobre ese bien, no debía estar sujeto a la cotización empresarial , “( … ) siendo precisa la existencia del binomio empresario-trabajador para caracterizar adecuadamente la exigibilidad de lo que, a la postre, constituye la naturaleza de un ”contrato de seguro”( … )” (Considerando Tercero); ”( … ) es la Administración la que debe prescindir de girar cotizaciones, en tanto no se establezcan sobre los montes gravados una empresa agraria”, es decir, “( … )estamos ante un supuesto de no sujeción, en tanto no se dé la instauración de una empresa agraria ( … ) cuya efectividad despliega permanentemente su inmunidad” (Considerando Quinto). Esta postura cambió de signo a raíz de varias modificaciones legislativas, como bien se apunta en la contestación dada por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social al ruego formulado por el Senador Sr. Vida Soria (Boletín Oficial Cortes de 27 de enero de 1978), por lo que ya la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. de fecha 30 de marzo de 1990, desestimó las pretensiones de varios Ayuntamientos, pues se señalaba que el sujeto obligado a la cotización de la cuota empresarial agraria lo es el propietario de las fincas, sin más; es decir que aquella obligación tributaria es consecuencia de la cualidad dominical, tanto si se explotan las fincas como si se mantienen improductivas, como si se tienen cedidas a otras personas para su explotación (F.J. 3º ): “Por lo demás, esta obligación contributiva basada en la configuración formal de empresario agrícola (roto el binomio: empresario-trabajador), es respuesta paliativa -y de justicia distributiva- del legislador a la agudización progresiva de las peculiaridades de la Seguridad Social Agraria (descenso demográfico del sector, envejecimiento de la población agrícola, aumento de pensionistas, inclusión en este Régimen Especial de trabajadores autónomos junto con trabajadores por cuenta ajena, etc…). Cotización, cuya causa última se halla en el principio financiero de generalidad del art. 31.3 de la Constitución, que, precisamente, es con secuencia del derecho fundamental a la igualdad (art. 14 CE)”. En este mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 10 de mayo de 1995 (Rec. 1043/95).

[2] Fundamento Jurídico Cuarto de la STS de 4 de abril de 1990 (Ar. 2736), la cual cita las SSTS de 27 de noviembre y 23 de diciembre de 1989 (Art. (8105 y 9168).

[3] El Grupo Parlamentario Mixto presentó recientemente una Proposición de Ley de régimen fiscal de los aprovechamientos de las comunidades de montes vecinales en mano común (BOCG, serie B, núm. 336-1, de 29 de noviembre de 1999), por la que se pretendía regular una fiscalidad específica de estos montes vecinales, partiendo de la no sujeción al Impuesto de Sociedades de las comunidades titulares de los montes vecinales. En el caso de los aprovechamientos individuales propone remitirse directamente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, evitando la doble imposición que se genera con la sujeción al Impuesto de Sociedades. Y en el de los aprovechamientos colectivos configura un régimen fiscal que prevé importantes exenciones y deducciones de la base imponible en atención a la consideración de bienes de utilidad pública y a su importante trascendencia social.

Esta doble imposición fiscal es puesta de relieve por la CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE SELVICULTORES DE ESPAÑA. Propuesta de reforma de la fiscalidad aplicable a los montes privados y a la actividad silvícola de sus propietarios, primer borrador de Informe, junio de 1997, p. 26.

[4] Por esta misma razón se entendía que los aprovechamientos comunales se excluían de la base a la hora de liquidar la Contribución Rústica (STS de 12 de abril de 1965. Ar. 1820).

[5] Bernardo CARNICERO MODREGO. “Montes, Agricultura y Ganadería”, en Derecho local Español (Tomo II) de A. BALLESTEROS y F. CASTRO (coord.), Ed. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid. 1999, p. 34.

[6] B. CARNICERO MODREGO: op. Cit., pp. 34 y 35, habla de que “la Administración Tributaria pretende sujetar estos aprovechamientos comunales en metálico al Impuesto de Sociedades por vía de equiparación o de asimilación de éstos a los Montes en Mano Común Gallegos, con una naturaleza y régimen jurídico que nada tiene que ver con los comunales”. Efectivamente, eso supondría la consideración del lote multivecinal como una comunidad germánica con personalidad jurídica propia, independiente de la de sus integrantes, con lo que nos llevaría a su consideración como sujeto pasivo del Impuesto de Sociedades. Pero es que en los bienes comunales la tensión dialéctica entre la forma de comunidad y el individuo se inclinó a favor de este último, al contrario que en los montes vecinales de mano común, de ahí su diferencia, excluyéndose la propiedad colectiva, perteneciendo el derecho no a la comunidad sino a los individuos singularmente.

[7] “Si bien este intento de sujetar al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los aprovechamientos comunales en metálico, que realmente constituye la esencia del propio bien comunal, carece a nuestro modo de ver, de cualquier tipo de cobertura legal, no obstante ello es la postura que viene manteniendo la Administración Tributaria en estos momentos” (B. CARNICERO MODREGO, op. Cit.,. p. 34). Así mismo, Alberto GÓMEZ BARAHONA: Exención tributaria de los bienes comunales. Dictamen inédito encargado por el Ayuntamiento de Covaleda, Burgos, 1999. pp. 3 y ss. (Archivo Municipal de Covaleda, sin referencia), defiende esta postura basándose en que el art. 80.1 de la Ley 7/1985 considera a los comunales como bienes no sujetos a tributo alguno. No podemos estar más en desacuerdo con esto último, pues aunque el bien en sí, el monte comunal, efectivamente no está sujeto a ningún tributo, en nuestro caso no se hace referencia al bien sino a la incorporación de una renta en la esfera patrimonial de ciertas personas físicas, por lo que debe, en consecuencia, estar sujeto a es te tributo.

[8] A. EMBID IRUJO. op. cit., pp. 184 y 185, aplica el ar. 65 b) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, al estar sujetos a este impuesto los titulares de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles gravados. “Y este derecho real de aprovechamiento y goce del que he predicado su aproximación jurídica al derecho de servidumbre, tendría muy probablemente una consideración semejante al derecho de usufructo a los ojos de la Hacienda Pública (…)”.

[9] Al tratarse de un rendimiento de capital inmobiliario no cabe practicar deducción, al no ocasionarse ningún gasto necesario para su obtención. Para A. GÓMEZ BARAHONA. op. Cit., pp. 11 y 12, se trata, en cambio, de una renta irregular de las previstas en los art. 59, 64, 65 y 66 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, para cuya determinación la Administración forestal responsable de su administración y gestión debiera precisar el periodo de producción medio.

[10] La Resolución de 30 de junio de 1986 de la Dirección General de Tributos en consulta vinculante sobre la tributación de las entregas de made ras procedentes de montes de titularidad comunal o municipal, mediante subasta y de las cesiones a terceros de terrenos para la plantación y explotación de especies forestales (BOE núm. 162, de 8 de julio de 1986) considera que están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido las entregas de productos forestales efectuadas por los titulares de las explotaciones selvícolas, cualesquiera que sea la naturaleza de dichos titulares.

[11] Conforme el apartado tercero del art. 124.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, “Quedarían excluidos del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: 3º.- Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones durante el año inmediatamente anterior hubiese excedido de 50.000.000 de pesetas, siempre que no tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el sistema de estimación objetiva, en la modalidad de signos, índices y módulos”.

[12] La Resolución de 16 de junio de 1986 de la Dirección General de Tributos sobre consulta vinculante sobre el reintegro de las compensaciones del régimen especial de la agricultura. ganadería y pesca en las entregas de productos agrícolas, forestales, ganaderos o pesqueros (BOE núm. 157, de 2 de julio de 1986) considera ajustado a Derecho que “La compensación correspondiente a dicho régimen especial será la cantidad resultante de aplicar el porcentaje del 4 por 100 al precio de venta de los productos naturales obtenidos en sus explotaciones y de los servicios accesorios a que se refiere el art. 109 del Reglamento del Impuesto” (párrafo primero del Segundo Apartado).

[13] Apartado Quinto de la ya reseñada Resolución de la Dirección General de Tributos de fecha 30 de junio de 1986.

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