SISTEMAS VECINALES DE EJECUCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES COMUNALES EN LAS COMARCAS MERIDIONALES DE LAS DISTERCIAS (SORIA Y BURGOS) – IV

SISTEMAS VECINALES DE EJECUCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES COMUNALES EN LAS COMARCAS MERIDIONALES DE LAS DISTERCIAS (SORIA Y BURGOS) – IV

LOTES INDIVIDUALES VERSUS LOTE MULTIVECINAL

Ya se ha expuesto anteriormente que el Ayuntamiento de Covaleda fue el primero en reconocer la existencia de lotes multivecinales, compuestos por la suma de las suertes que le corresponden a un conjunto de beneficiarios, los cuales voluntariamente aceptan su agrupación y posterior traslado a un ente que a tal efecto les representa. Ese hecho constituyó toda una novedad[1], sobre todo teniendo en cuenta que ninguna Ordenanza reguladora de los aprovechamientos foresta les de carácter comunal así lo recogía, y aun tampoco se recoge hoy en día[2].

No discutiéndose en momento alguno que en origen las suertes son individuales y elaboradas conforme la Ordenanza correspondiente, la naturaleza jurídica del aprovechamiento comunal queda inalterada si el beneficiario hace manifestación de voluntad en la integración de su lote individual en uno multivecinal, que podrá agrupar a la totalidad o no de los titulares del derecho. Su origen, ya se ha visto, no es otro que abaratar costes de explotación y obtener ventajas económicas en su enajenación.

El elemento de voluntariedad, manifestado de un modo antiformalista, es respaldado por la Sentencia de la Audiencia Territorial de Burgos de fecha 22 de noviembre de 1983, al afirmar en su primer Considerando que “el sistema a seguir desde 1969 por el Ayuntamiento de Covaleda para distribuir los aprovechamientos comunales entre los vecinos mediante adjudicaciones de lotes globales a las agrupaciones por ellos constituidas, para facilitar así la industrialización o comercialización de los productos, en vez de hacerlo mediante lotes individuales ( … ), está evidentemente subordinado a la voluntad de los propios vecinos interesados ( … ), de suerte que el Ayuntamiento debe incorporar sus lotes al de la agrupación que libremente ellos designen, sin exigirles justificación de la baja en otras distintas a que antes pudieran pertenecer ( … )” [3].

Dos son, pues, los elementos claves que han de concursar en la formación de un lote multivecinal, uno consecuencia del otro: el reconocimiento del lote individual y la voluntariedad de sus vecinos titulares, bajo pena de nulidad. Por ello, acuerdos como el del Ayuntamiento Pleno de Vinuesa de fecha 17 de marzo de 1982, y cuyo tenor literal es el siguiente: “Que la totalidad de la madera adjudicada por ICONA al Ayuntamiento, sobre la que pesa el reparto comunal, se traslade a la Comisión de Vecinos para su venta en lotes, sin confeccionar lotes individuales”, habría que considerarlos contraventores del art. 79.3 (LRBRL) y concordantes y de la doctrina jurisprudencia), que configura el derecho a acceder a los aprovechamientos comunales como una “categoría de derecho público subjetivo”[4], y ello a pesar de haber recaído sentencia judicial sobre dicho acuerdo[5]. Quizás, más que el acuerdo en sí, lo único incorrecto sería su parte final, “sin confeccionar lotes individuales”, pues aunque el derecho vecinal no sea privado, no es menos cierto que posee un carácter personal[6]. Consecuentemente cualquier beneficiario podrá solicitar, si así es su deseo y a su costa, le sea entregado su lote, bien en madera, bien en dinero, para lo cual será preceptiva la confección de suertes individuales.

Esta obligación no puede obviarse alegando que el art. 75.1 del Texto Refundido, como así lo hiciera el art. 192.1 de la antigua Ley de Régimen Local, prevé que el aprovechamiento y disfrute de bienes comunales se efectuará preferentemente en régimen de explotación colectiva o comunal[7], pues éste sólo tendrá lugar si tal disfrute es practicable, lo que no ocurre en ninguno de los montes distércicos.

Lo que sí deja clara la mencionada Sentencia de la Audiencia Territorial de Burgos de 30 de julio de 1986 es que ambas formas de ejecución del aprovechamiento comunal, es decir, asignación por lotes individuales o mediante lotes multivecinales, son legalmente posibles (Fundamento Jurídico Cuarto).

SO-0619

LAS SOCIEDADES VECINALES DE MADERAS. ESPECIAL ATENCIÓN AL CASO DE COVALEDA

La aparición de las sociedades vecinales de maderas supone la cota más alta alcanzada en la evolución de la distribución de los aprovechamientos forestales comunales. De origen covaledense[8], ya expuesto, constituye la joya más preciada del universo jurídico comunal en las comarcas Pinares-La Sierra y, más concretamente, de la localidad de Covaleda. Con ello se superó las deficiencias congénitas de las Comisiones Vecinales, madurando y profundizando en el carácter comunal de unos aprovechamientos forestales con fuerte raigambre consuetudinaria, respetando con exquisita escrupulosidad la legislación vigente en la materia.

Las sociedades vecinales de maderas se configuran como entidades de Derecho privado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, integradas por todos o parte de los vecinos de un Municipio titulares del derecho a aprovechamientos comunales y cuya finalidad es la de gestionar y administrar el lote multivecinal correspondiente a sus miembros, enajenándolo, y realizar el posterior reparto del precio de remate[9].

Es decir, la Sociedad Vecinal se sustenta jurídicamente en la existencia de los lotes multivecinales, y en la idea de que su formación, y posterior gestión y enajenación, corresponde a los vecinos, sin intervención alguna del Ayuntamiento. Y puesto que goza de personalidad jurídica propia evita, por un lado, las deficiencias señaladas de que adolecen las Comisiones Vecinales (dependencia del Ayuntamiento, decisiones no autónomas, imposibilidad de actuar como tal en el tráfico jurídico y no integración de todos los interesados) y, por otro, garantiza la voluntariedad de los beneficiarios, al ser requisito necesario el solicitar “la inclusión de su lote individual en el global o multivecinal de la Sociedad, que es la suma de los lotes individuales de todos los socios” (art. 6 Estatutos), no interfiriendo el Ayuntamiento en su esfera privada. Hasta tal punto es así que dos son las causas de bajas como socios: la pérdida definitiva del derecho a la percepción de aprovechamientos forestales, y la renuncia voluntaria a permanecer en el Sociedad[10].

La existencia de estas sociedades vecinales no desnaturaliza la esencia del aprovechamiento comunal, y aunque profundiza en la idea de patrimonialización de ese aprovechamiento, mantiene el carácter público del privilegio. Hace hincapié, eso sí, en el dominio que del aprovechamiento, y sus frutos, posee el beneficiario, una vez que toma posesión de él. Pues el derecho en su nacimiento se configura público, como expectativa de percepción, pero se transforma en un elemento privado cuando se incorpora a la esfera jurídica individual del vecino, adquiriendo su propiedad, perdiendo la Entidad Local toda posibilidad de tutela o dirección sobre los mismos, y rigiéndose por las normas del Derecho privado[11].

Esta situación evita perfilar el aprovechamiento forestal comunal de conformidad con construcciones jurídico-privadas, excluyendo su configuración como usufructo[12] y siguiendo de este modo la unánime postura jurisprudencia): “(…) su esencia no es la disposición de los bienes, sino solamente su aprovechamiento o disfrute, por los miembros de la comunidad, de modo que, el derecho de “participar de los aprovechamientos comunales” (…), cualquiera que sea su mayor o menor analogía, en las categorías civiles de propiedad especial, usufructo, servidumbre personal o dominio dividido, puede configurarse como un derecho real administrativo de goce (…)”[13]. De admitir su naturaleza usufructuaria, la Sociedad Vecinal respondería más al patrón de un administrador de usufructo[14] en el que aparece como el tercero que garantiza la futura evitación de perjuicios al nudo propietario, en los que se transformaría el disfrute de directo a indirecto. Pero esta solución sólo se contempla en casos extremos[15], no susceptibles de concurrir en los presentes supuestos.

Tampoco cabe entender a las Sociedades Vecinales como una gestión de negocios ajenos, pues esta figura, la negotiorum gestio, de rancio abolengo romano, supone un acto impulsado por motivos altruistas, generalmente en supuestos de necesidad apremiante, en favor de un sujeto cuyos asuntos se gestionen[16]. Es decir, supone una intromisión en la esfera jurídica de otro sin mediar encargo específico o previo consentimiento. Pues aunque la Sociedad Vecinal realiza actos de gestión, comprensivos de manejo, administración, disposición o posesión del lote de varios vecinos, en el cuidado y satisfacción de los intereses de éstos, no es menos cierto que no concurre el carácter voluntario o espontáneo de dicha gestión, toda vez que la Sociedad Vecinal está obligada a ello de modo sistemático, so pena de perder su razón de existir.

Y, desde luego, lo que excluye la gestión de negocios ajenos es la existencia de un contrato de mandato, que es precisamente lo que hemos de apreciar entre la Sociedad Vecinal y los socios que a ella pertenecen, un contrato por el que la primera se obliga a prestar un servicio o hacer alguna cosa[17], por cuenta y encargo de sus miembros. Ni tan siquiera actúa la Sociedad como mero representante de los socios, pues asume su obligación ab initio, desde el momento de su constitución, adquiriendo la facultad de actuar por cuenta y nombre del mandante, enajenando la madera[18]; sin embargo, el representante no viene en principio obligado a nada, mas adquiere la facultad de obrar por cuenta y en nombre del representado[19]. A la luz de la jurisprudencia[20] la Sociedad, como mandatario, tiene una obligación de gestionar, una facultad de decidir en cuanto a la enajenación de los aprovechamientos forestales comunales y una aptitud para representar. Preside su estructura una bilateralidad imperfecta que, sin entrañar reciprocidad, se halla muy lejos tanto de las ideas de amistad y confianza secularmente afirmadas como de la unilateralidad de la representación.

Se trata de un mandato especial, al comprender un solo negocio determinado, y expreso, por así indicarse en los Estatutos que rigen la Sociedad y por tener que suscribir cada socio un escrito solicitando la inclusión en el lote multivecinal, y, por supuesto, voluntario y personal, pues es de destacar el consensualismo de este tipo de contrato, sin cuya intervención nunca podrá perfeccionarse. Empero, el apoderamiento no sólo actúa como un presupuesto sino también como un límite, del que la Sociedad no podrá extralimitarse, más todavía cuando para poder enajenar el mandato, conforme lo prevenido en el art. 1713 (Cc), ha de ser siempre expreso.

El mandato no se agota con la enajenación de los aprovechamientos sino que una vez líquidos, deberá prorratearlo conforme los medios lotes o lotes enteros que sean propiedad de sus socios. Todo ello con carácter gratuito, no vulnerando esta idea el hecho de abonar una cuota de ingreso, pues lo es para mantenimiento de la persona jurídica y no como condición para percibir el aprovechamiento, ni tampoco que algunos miembros de su Comisión Ejecutiva perciban dietas de asistencia, pues su actuación en la Sociedad no reviste ánimo de lucro ni se encuadra como ocupación profesional de los mismos.

Por otro lado, nos encontramos ante una pluralidad de mandantes, un mandatario singular y un negocio común. La consecuencia de esta combinación no es otra que la aplicación del art. 1731 (Cc), por lo que todos los beneficiarios se quedarían obligados solidariamente para la totalidad de los efectos del mandato. Aunque en la práctica de la Sociedad Vecinal es difícil que se tenga que contemplar un supuesto de responsabilidad hacia sus miembros[21], lo cierto es que al no existir pacto en contrario, el contenido del precepto citado apunta hacia su inteligencia corno norma interpretativa de las voluntades concordadas en el mandato[22].

El Ayuntamiento, por último, no puede negarse al mandato, dado que se trata de una relación jurídica entre dos o más particulares, y, por otra, interferiría nuevamente en la esfera privada de los mismos, al carecer de poder de disposición o de tutela sobre esos derechos.

SO-0636

Por último señalar que la aceptación del contrato de mandato excluye la posibilidad de considerar a la Sociedad Vecinal como una sociedad civil a efectos del art. 1665 y siguientes del Código Civil,  aun a pesar de autodenominarse corno tal, puesto que las posibles aportaciones en común para la formación de la sociedad serían los lotes de maderas que, ya hemos visto, no pasan a propiedad de la Sociedad sino que permanecen en el ámbito del beneficiario, limitándose la Sociedad a enajenar las suertes a nombre de sus titulares . La existencia de un lote rnultivecinal no implica la conformación de un patrimonio común o social, con lo que decae el elemento patrimonial requerido para la constitución de una sociedad civil. El negocio, aun común, continúa perteneciendo a los beneficiarios privativamente, quienes hacen suyos los resultados de la enajenación de unos bienes que nunca han dejado de pertenecerles[23].

[1] Al menos formalmente, pues ya J.M.G. KLEINPENNING. op. cil .. p. 96. habla de que “aunque la venta de madera se haga con frecuencia individualmente, también se forman grupos de número variable de personas para proceder conjuntamente a la misma”.

[2] Con la sola excepción de la Ordenanza Reguladora de Aprovechamientos Comunales de Pinos de Privilegios de la Villa de Regumiel de la Sierra, aprobada por Orden de 19 de julio de 1991 de la Junta de Castilla y León. En su artículo 2.3 se habla de “la enajenación conjunta de los aprovechamientos en un solo bloque o en varios (…), encargando esta gestión a una comisión de vecinos”, comisión, por cierto, al día de hoy inexistente.

[3] En este concreto supuesto, un informe conjunto de los Sres. Secretario e Interventor de la Corporación ya advertían que ”( … ) debía respetarse la voluntad del interesado por entender que (…) se tiene una relación derivada de su condición de vecino-beneficiario de aprovechamientos comunales y, como dueño absoluto, le permite pedir su integración en uno u otro ente y el Ayuntamiento acceder a ello, prescindiendo de cuantos compromisos u obligaciones pueda tener contraídos al margen de esta relación municipal” (Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Covaleda de fecha 22 de febrero de 1980, Archivo Municipal de Covaleda, sin referencia).

[4] STS de 14 de noviembre de 1989 (Ar. 8304).

[5] Sentencia de la Audiencia Territorial de Burgos de fecha 30 de julio de 1986. correspondiente al Recurso núm. 174/82.

[6] Eloy COLOM PJAZUELO: Los bienes comunales en la legislación de régimen local. Ed. Tecnos/Gobierno de Aragón, Madrid. 1994, p. 326.

[7] En el Texto Refundido se habla de efectuarse el aprovechamiento preferentemente en régimen de exploración colec1iva, mientras que en la derogada Ley de Régimen Local se condicionaba a que el disfrute fuera practicable, fórmula reproducida en el art. 94.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

[8] Hasta la fecha sólo se han constituido la Sociedad Vecinal de Maderas de Covaleda y la Sociedad de la Madera de Talveila, esta última formada en el año 1999.

[9] El art. 1 de los Estatutos de la Sociedad Vecinal de Maderas de Covaleda, aprobados el 5 de octubre de 1983, establece que “Bajo la denominación de “SOCIEDAD VECINAL DE MADERAS” se constituye en el pueblo de Covaleda (Soria) una SOCIEDAD CIVIL para el mejor aprovechamiento y comercialización de los aprovechamientos comunales de maderas, adjudicado a los vecinos por el Ayuntamiento de Covaleda, y consecuentemente con los anteriores fines reducir los costes de producción de las maderas adjudicadas (formación de lotes, arrastres, etc … ) mejorar la rentabilidad de las mismas mediante una mejor y más segura incidencia en el mercado, ofertando mayor cantidad de madera y eliminando por antieconómicas las ofertas de lotes individuales”. En este mismo sentido, el art. 2 de los Estatutos de la Sociedad de la Madera de Talveila prescribe que “( … ) tiene por objeto la gestión en común de la madera y otros productos forestales fruto de los aprovechamientos comunales ( … )”.

[10] Art. 9 (Estatutos Sociedad Vecinal de Maderas de Covaleda).

[11] Durante la vigencia de las Leyes Municipales de 1870 y 1877 se realizaba una distinción entre el derecho al aprovechamiento y el producto percibido. Del primero no podía disponerse; en cambio, del segundo sí en cuanto se hubiera percibido y adquirido la propiedad (E. COLOM PIAZUELO, op. cit., p. 326, nota 169 in fine).

[12] E. COLOM PIAZUELO, op. Cit., p. 326, nota 168.

[13] STS de 14 de junio de 1968 (Ar. 3218), Considerando Primero, que profundiza lo ya apuntado en la STS de 11 de mayo de 1968 (Ar. 2598). Esta posición, aunque mayoritaria y ampliamente aceptada, cuenta con opiniones discrepantes. Así, Antonio EMBID IRUJO: La defensa de los comunales. Planteamientos generales a partir de la realidad aragonesa. Ed. Cívitas, Madrid, 1993. pp. 136 y ss., lo considera un “derecho real de goce o aprovechamiento”, aunque lo aproxima conceptualmente más a una suerte de servidumbre personal que a un usufructo, y se refiere a los denominados bienes comunales atípicos.

[14] Figura regulada en el art. 494 del Código Civil.

[15] Cuando el usufructuario no preste fianza si está obligado a darla. Ciertamente en los montes comunales de las Distercias el común de los vecinos no debe garantizar el aprovechamiento, aunque sí se vea impelido a abonar ciertos derechos. como licencias, mejoras al monte, etc …

[16] Luis DÍEZ-PICAZO PONCE DE LEÓN y otros (coord .): Comentario del Código Civil. Tomo 11 . Ed. Ministerio de Justicia. Madrid, 1991, pp. 1943 a 1946. La gestión de negocios ajenos se regula en el art. 1888 y ss. (Cc).

[17] “Los fines de esta Sociedad son:

1) Facilitar y posibilitar al Ayuntamiento de Covaleda (Soria) la formación de un lote multivecinal comprensivo de la suma total de lotes individuales o suertes correspondientes, conforme a la Ordenanza de Aprovechamiento, a los vecinos integrantes de la “SOCIEDAD VECINAL DE MADERAS” para su adjudicación a la SOCIEDAD CIVIL que se constituye, en orden a los simples fines que a continuación se expresan.

2) Gestionar la venta y recibir el precio obtenido del referido lote ”MULTIVECINAL” de maderas copropiedad de los socios para su posterior reparto –del precio neto- entre los diferentes socios, TITULARES del derecho a la percepción de aprovechamientos forestales en régimen comunal.

3) Asumir por delegación de los Socios la gestión de los asuntos que puedan suscitarse entre los Socios y cualquiera otras Entidades y Organismos públicos y privados, en orden a los aprovechamientos forestales citados y sus incidencias” (art. 3 Estatutos).

Por otro lado, uno de los derechos de los socios es “percibir la parte alícuota anual del precio líquido resultante de la venta de los totales aprovechamientos forestales adjudicados para su venta a la Sociedad , en función del número y derecho de la totalidad de los vecinos socios, durante el año forestal de que se trate ( … )” (art . 7, letra d), Estatutos ).

[18] El Acuerdo que el Pleno del Ayuntamiento de Covaleda adopta es del siguiente tenor literal : “Aprobar el Plan Anual de Aprovechamientos a realizar en el Monte núm. 125 del C.U.P. relativo al año 2.000, y que los citados aprovechamientos de madera sean entregados a los vecinos por mediación de la Sociedad Vecinal de Maderas de Covaleda, a la cual pertenecen, para que ésta pueda enajenarlos con arreglo al Estatuto por el que se rige, legalmente aprobado y en vigencia, previo pago en las arcas municipales del precio de adjudicación, tasas y demás gastos inherentes al aprovechamiento” (Archivo Municipal de Covaleda, sin referencia). Estas cantidades no pueden ser perdonadas en ningún momento (Sentencia de la Audiencia Territorial de Burgos de 24 de Marzo de 1969, Recurso con1encioso-administrativo núm. 4/1969).

[19] L. DÍEZ-PlCAZO PONCE DE LEÓN et al. (coord .): Ofl . cit., pp. 1523 y 1524.

[20] V. gr. STS de 30 de diciembre de 1931.

[21] Más probable sería respecto de los integrantes de la Comisión Ejecutiva, en cuyo caso cabría exigir la restitución, la reparación del daño o la indemnización (que abarcaría tanto la disminución patrimonial o daño emergente como el beneficio dejado de obtener o lucro cesante), como medidas derivadas de una administración fraudulenta.

[22] L. DÍEZ-PICAZO PONCE DE LEÓN et al. (coord.): op. cit., pp. 1578 a 1580. Debería procederse, visto lo cual , a una modificación parcial de los Estatutos en este sentido, previendo una responsabilidad mancomunada en proporción al derecho a los aprovechamientos forestales fijados por el Ayuntamiento conforme las Ordenanzas reguladoras de los mismos.

[23] STS de 24 de octubre de 1975 (Ar. 3741).

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