SISTEMAS VECINALES DE EJECUCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES COMUNALES EN LAS COMARCAS MERIDIONALES DE LAS DISTERCIAS (SORIA Y BURGOS) – III

SISTEMAS VECINALES DE EJECUCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES COMUNALES EN LAS COMARCAS MERIDIONALES DE LAS DISTERCIAS (SORIA Y BURGOS) – III

III. LAS COMISIONES VECINALES DE MADERAS: SU ADECUACIÓN JURÍDICA

tPELANDO PINOS

Como se ha expuesto, tres son los sistemas o medios que rigen actualmente en la distribución y aprovechamiento de los derechos de naturaleza comunal en la zona meridional de las Distercias:

  1. Los vecinos perciben sus lotes o suertes directamente, enajenándolos ellos mismos individualmente, previa intervención o no de una comisión vecinal de carácter consuetudinario o de un
  2. El Ayuntamiento correspondiente constituye una Comisión Vecinal en su seno, cuyo funcionamiento se sujeta a unos Estatutos aprobados por la Entidad Local, y cuya fiscalización corresponde a los propios miembros de la Corporación o personal a su cargo. Esta Comisión enajena los aprovechamientos forestales y distribuye posteriormente su fruto entre los beneficiarios.
  3. Los vecinos se agrupan voluntariamente en una entidad con personalidad jurídica propia y sin tutela municipal, la cual enajena los aprovechamientos forestales y distribuye el rendimiento entre los vecinos con privilegio.

Partiendo del primer caso, el tradicional y más puro sistema de aprovechamiento comunal, la ejecución de los aprovechamientos ha evolucionado hasta la Sociedad Vecinal de Maderas. Pero, previamente, y como ya se ha expuesto, surge como paso intermedio, la Comisión Vecinal de Maderas, que se configura como un órgano, carente de personalidad jurídica propia, dependiente del Ayuntamiento correspondiente y cuya finalidad es la enajenación de los aprovechamientos forestales comunales en representación de los beneficiarios, distribuyendo el resultado de la venta entre éstos.

Se trata, en efecto, de un órgano, y no de una comunidad de bienes, como así se justifica en el informe jurídico referente a la aprobación de los Estatutos de la de Covaleda[1]. Y no estamos ante una comunidad de bienes, pues aunque la propiedad de un derecho, en este caso los aprovechamientos forestales comunales, pertenece, al hacerse un lote multivecinal, de modo pro indiviso a varias personas, a pesar de que ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad[2], y de que tanto los beneficios como las cargas son proporcionales a sus respectivas cuotas, sin embargo, existen otros datos que nos hacen desechar esta idea. Así, y fundamentalmente, que las diferentes Comisiones Vecinales no están constituidas por la totalidad de los vecinos beneficiarios de aprovechamientos forestales, sino que lo son por un número limitado de ellos (trece en el caso de San Leonardo de Yagüe, nueve en la de Covaleda, ya extinta, y en la de Hontoria del Pinar, y siete en la de Vinuesa). Lógicamente no cabe pensar en una comunidad de bienes no compuesta precisamente por los copropietarios del derecho, es decir, se excluye a la mayor parte de los partícipes de la propia comunidad de bienes, aun cuando los miembros de la Comisión actúen en nombre y representación de los restantes beneficiarios, pues en este caso nos encontraremos ante figuras de diferente naturaleza jurídica. Por otro lado, la compatibilidad entre la persistencia de una comunidad sobre el todo y la atribución a cada copropietario de un derecho permanente de uso exclusivo sobre una parte suficientemente determinada de aquél exige que estas partes carezcan de la autonomía física y económica que les impedirá ser reputados como objetos jurídicos nuevos y absolutamente independientes entre sí, pues, en otro caso, aquella atribución implicará una verdadera división[3], como es el caso de los lotes individuales, completamente independientes entre sí, de tal modo que si algún vecino decide beneficiarse del aprovechamiento directamente y no a través de la Comisión Vecinal puede hacerlo perfectamente[4]. Aceptar la Comisión Vecinal como una comunidad de bienes, y según la denominada teoría de la propiedad plúrima total, recibida como la mejor fundada sobre la naturaleza jurídica de la copropiedad y que se conceptúa más acomodada a nuestro ordenamiento positivo, supondría que cada copropietario tiene un derecho de dominio pleno en cuanto a su extensión, pero limitado en lo referente a su intensidad por la concurrencia de los demás, de manera que a cada titular le pertenecen todas las utilidades de la cosa, aunque el ejercicio del derecho venga constreñido cuantitativamente por la coexistencia de otros tantos derechos iguales[5]. Es notorio que en un lote multivecinal cada vecino sólo tiene el dominio pleno, tanto en su extensión como en su intensidad, de su lote o suerte (y no del conjunto del aprovechamiento anual), del que no pierde en ningún momento sus facultades dominicales, y del que puede disponer con independencia del destino de los demás, no constituyendo cuotas partes ideales o abstractas, pues ya poseen una concreción material desde su origen y sin necesidad de llegar al instante de la división.

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Otro dato que coadyuva en contra de la teoría de la comunidad de bienes, y relacionado con el hecho ya indicado de que esta Comisión no la conforman todos y cada uno de los copropietarios sino sólo nueve personas, es que estos nueve vecinos pueden no ser siquiera beneficiarios del aprovechamiento comunal. Conforme al art. 7 de los Estatutos de la antigua Comisión Vecinal de Covaleda, cinco de sus miembros, a elección del vecindario sí han de ser titulares del derecho, además de venir disfrutándolo con una antelación de dos años al menos, pero los cuatro restantes son el Alcalde y tres Concejales de la Corporación, personas que para alcanzar la condición de ediles no se les podía exigir ser beneficiarios del privilegio de pinos[6]. No es admisible en caso alguno que una comunidad de bienes esté integrada por personas que no sean titulares de los bienes o derechos que conforman la misma o se fiscalicen por quienes son ajenos a ella[7]. Por esta razón, el vigente Reglamento de la Comisión Vecinal de Vinuesa exige, en su art. 5, que todos y cada uno de los integrantes de la misma sean beneficiarios de los aprovechamientos forestales[8].

Qué duda cabe que en su nacimiento rigió esta idea de comunidad de bienes, hasta tal punto que incluso se estableció un mecanismo para un ejercicio del derecho de retracto entre los vecinos con derecho a aprovechamientos forestales[9]. Este derecho de retracto legal recogido en los Estatutos pretendía ser una implementación del art. 1522 del Código Civil, cuando se dispone que el copropietario de una cosa común podrá usar del retracto en el caso de enajenarse a un extraño la parte de todos los demás condueños o de alguno de ellos. Aquí el problema vendría dado por el hecho de que los comuneros, o en es te caso la Comisión de Vecinos, no venden sus cuotas individuales, sino la totalidad física del lote multivecinal sobre el que recae la copropiedad, con lo que se daría la absurda paradoja de que el retrayente podría adquirir su propia cuota en el objeto[10]. Además, el derecho de retracto se reconocía a cualquier vecino de la localidad, bajo la única condición de elaborarlos en Covaleda, sin necesidad de ser beneficiario de los aprovechamientos forestales, con lo que se contravenía la exigencia de ser copropietario para poder ejercer aquel derecho[11].

Las Comisiones Vecinales de Maderas se han configurado siempre como un órgano del propio Ayuntamiento[12], por ser éste quien dicta sus normas de funcionamiento y organización, y por disponer de parte de los miembros de la Comisión[13]. Ciertamente, no cabe considerarla como una comisión informativa, pues ésta se integra exclusivamente por miembros de la Corporación y no dispone de facultades resolutorias[14], no dándose ninguna de estas dos condiciones. Tan sólo quedaría encuadrarla como un consejo sectorial, como cauce de canalización de la participación  ciudadana en los asuntos municipales. Empero, es patente que tampoco nos encontramos ante esta figura, pues sus funciones son exclusivamente informativas[15] y la enajenación de los aprovechamientos forestales es un asunto estrictamente privado. Además, si fuese un órgano municipal, el Secretario de la Comisión sería el del Ayuntamiento correspondiente, y el fruto de la enajenación de los aprovechamientos forestales lo sería del propio Ayuntamiento como un ingreso de Derecho privado al tratarse de un rendimiento o producto derivado de su patrimonio, como así lo es su Monte. Todo lo cual es contrario completamente a la idea misma de bien comunal, en el que el aprovechamiento corresponde al común de los vecinos, siendo éstos sus únicos titulares dominicales y dueños en exclusiva de la administración y destino de su derecho. Es decir, los Ayuntamientos, al institucionalizar las Comisiones Vecinales y aprobar sus Reglamentos no sólo vulneran la legislación propia de organización local sino que interfieren en la esfera privada de los beneficiarios, vulnerando el espíritu del aprovechamiento comunal al imponer a los vecinos un modo o sistema de administración de sus bienes personales[16].

Con la aprobación del Reglamento no sólo se arroga las facultades que la ley confiere a los beneficiarios, invadiendo una propiedad ajena[17], sino que además al tratarse de un órgano del Ayuntamiento, le hurta personalidad jurídica propia a la Comisión Vecinal, la cual carece en consecuencia de facultades por sí sola para enajenar los aprovechamientos forestales[18] y para cualquier actuación como sujeto en el tráfico jurídico, incluida la de ser parte en una litis[19]. Ni puede enajenar los aprovechamientos[20], aun por mandato de los beneficiarios, ni tampoco reclamar ante los Tribunales en caso de impago. Así, nos encontramos en el supuesto de que es el propio Ayuntamiento quien enajena los aprovechamientos, con lo que el fruto de los mismos debería aparecer en su contabilidad, cerrando en consecuencia toda posibilidad a un real reparto comunal[21].

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Por último, cabe señalar que tampoco la Comisión Vecinal representa realmente a los beneficiarios, pues nadie puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que por ley se tenga su representación legal[22]. Y en los diferentes casos de Comisiones Vecinales, esta representación ha sido impuesta desde los Ayuntamientos, sin manifestación expresa de los beneficiarios en tal sentido aceptándola. Consecuentemente, la Comisión Vecinal, o el Ayuntamiento, no puede comprometer su esfera jurídica, independientemente del resultado del iter negocial, hecho que el Código Civil sanciona con la nulidad de pleno derecho. Sin embargo, nos encontramos ante una nulidad que no es absoluta, sino que puede ser neutralizada por la ratificación, expresa o tácita, del dominus negotii, confirmándose así el negocio transmisivo[23]. La posterior ratificación del contrato de compraventa tiene eficacia retroactiva y validez plena entre las partes contratantes, y debe considerarse como ratificación de la representación el mero cobro del resultado de la enajenación del aprovechamiento, con lo que sus efectos se entenderán válidos y plenamente existentes al momento de la celebración por el representante del negocio en cuestión[24]. Así, nos encontramos no ante un acto propiamente inexistente, sino un negocio jurídico en estado de suspensión subordinado a una conditio iuris, al purificarse según el conocido brocardo “ratihabitatio mandato comparatur”[25]. También el no ejercicio de la acción de nulidad en tiempo y forma debe considerarse un indicio de una tácita ratificación[26], por extinción del vicio. Esta ratificación no debe ser confundida con la confirmación de los actos anulables de la que hacen mérito los artículos 1309 y siguientes del Código Civil, ya que ésta última significa subsanación de un acto que lleva en sí todos los elementos necesarios para su existencia, adoleciendo empero de un vicio que origina su invalidez, mientras que la ratificación confiere plena eficacia a un negocio que se celebró con falta de un elemento esencial cual es el consentimiento del principal o representado, es decir, del beneficiario.

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[1] Informe de fecha 24 de septiembre de 1969 encargado al Abogado-asesor del Ayuntamiento (dictamen inédito, Archivo Municipal de Covaleda, sin referencia), en el cual, y para justificar la no constitución de un ente sin personalidad jurídica propia expone que “El hecho cierto del que hay que partir es el de que el Ayuntamiento adjudica y asigna los aprovechamientos a los vecinos de acuerdo con la Ley de Régimen Local y de conformidad con la Ordenanza que los rige, lo cual una vez realizado determina una verdadera comunidad de bienes entre todos los partícipes de los citados productos. Por tanto no cabe en modo alguno eludir esta realidad que se crea como consecuencia de la actuación municipal, siendo lógico que a esta situación haya que proveer mediante la aplicación de las reglas rectoras de dicha comunidad previstas en los artículos 392 y siguientes del Código Civil en cuanto se ajusten a su peculiar naturaleza”.

[2] Art. 392 y 400 del Código Civil. Así, cada uno de los copropietarios podría pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común.

[3] Esto es así cualquiera que sea la denominación elegida o el mecanismo jurídico bajo el que pretenda encubrirse (RDGRN de 26 de junio de 1999, RJ 4748/99).

[4] Este extremo es reconocido por el propio Ayuntamiento de Covaleda en su atenta de fecha 29 de noviembre de 1969 en contestación al requerimiento hecho por el Gobernador Civil de Soria en respuesta a las ya mencionadas quejas elevadas al órgano provincial por algunos vecinos a raíz de la aprobación de los Estatutos de la Comisión Vecinal. Así, se dice que “Es más, si un vecino beneficiario de productos en particular exilie la entrega del lote que le corresponda dividido, acaso pueda hacerlo” (pág. 3, Antecedente V) (Archivo Municipal de Covaleda, sin referencia).

[5] STS de 28 de mayo de 1986 (Ar. 2832).

[6] En la práctica en la Comisión Vecinal de Maderas de Covaleda no entró nadie que no fuera titular de los mismos. Quizás porque la totalidad de la Corporación estaba integrada por beneficiarios es por lo que no se preveyó aquella contingencia.

Los Reglamentos de la localidad burgalesa de Hontoria del Pinar y de la soriana de San Leonardo de Yagüe mantienen el esquema covaledense ya expuesto. Salvo pequeñas variaciones, ambos reglamentos son copia literal del de Covaleda. El de Hontoria del Pinar contiene una particularidad, al reservar una plaza en la Comisión a un representante de Aldea del Pinar y otro de Navas del Pinar, Entidades dependientes de la primera.

[7] Como así se expuso que reflejaba el Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Covaleda de 11 de abril de 1969. Ver nota núm. 15.

[8] Sin embargo, mantiene que se constituya con siete miembros, y no se integre por todos los beneficiarios, no pudiendo, por tanto, considerarla tampoco en este caso como una comunidad de bienes.

[9] El art. 3 de los Estatutos de la Comisión Vecinal de Maderas de Covaleda establecía que “Previo acuerdo adop1ado por dicho organismo. podrá también adjudicarse uno o más lotes a los vecinos que lo solicitaren, quienes vendrán obligados a satisfacer el precio medio resultante de las ventas que de los citados productos se hicieren, habida cuenta de la calidad de la madera que en cada caso concreto se les adjudique, viniendo obligados a elaborarlos en este pueblo” (Archivo Municipal de Covaleda, sin referencia). Este precepto fue modificado en su integridad por Acuerdo de fecha 27 de julio de 1970, como ya se dijo.

[10] STS de 1 1 de mayo de 1992 (Ar. 3896/92).

[11] Quizás por ello el Reglamento de la Comisión Vecinal de Hontoria del Pinar no recoge este derecho, al contrario que el de San Leonardo de Yagüe.

[12] Así se manifestó el Sr. Interventor del Ayuntamiento de Covaleda en sesión plenaria de Covaleda de fecha 27 de julio de 1970: “Si el Ayuntamiento tiene intervención en la Comisión Vecinal de Maderas, por ser una Comisión de las reguladas en las normas de la Ley de Régimen Local, entonces el Secretario de la Comisión debe ser el del Ayuntamiento, y la fiscalización e intervención de la misma debe estar a cargo del Interventor; por el contrario si la Comisión Vecinal de Maderas, al regir aprovechamientos forestales de los vecinos, no interviene el Ayuntamiento, entonces serán los vecinos con derecho a aprovechamientos los que de terminen las normas por las que ha de funcionar” (Archivo Municipal de Covaleda, sin referencia).

[13] La Comisión Vecinal de Vinuesa tiene su domicilio en las propias oficinas municipales, y el Ayuntamiento debe facilitarle la gestión mecánica y documental, poniendo a su disposición el equipamiento y materiales precisos para el desempeño de su labor (art. 2 Estatutos).

[14] Conforme todo ello lo prevenido en el art. 123.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre.

[15] Función que también comparte con las Comisiones Vecinales “Así mismo le corresponde asesorar al Ayuntamiento en la solicitud anual que se formula sobre petición de aprovechamientos forestales en los Montes Catalogados de Utilidad Pública de su propiedad (…)” (art. 1, segundo párrafo, del Reglamento de la Comisión Vecinal de Vinuesa).

[16] Algo parecido ocurre con la denominada papela en Quintanar de la Sierra (Burgos): cuando por necesidades del Municipio (obras, servicios, … ) los presupuestos no son suficientes se extrae la diferencia de la masa dineraria resultante de la enajenación de los aprovechamientos forestales comunales, con la correspondiente reducción proporcional de las suertes a percibir por los vecinos. Por cieno, no confundir con la papeleta de los pinos de Duruelo de la Sierra, que es el pago que el vecino ha de practicar para poder obtener la suene de maderas; actuación amparada en el art. 77 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.

[17] Recordemos que el contenido de esta propiedad es el aprovechamiento o disfrute, pues la vertiente dominical del “ius disponendi” corresponde a las diferentes Entidades Locales.

[18] Sin perjuicio de cualquier otra función de carácter informativo, la razón de ser de las Comisiones Vecinales gira en torno a “( … ) la venta de los aprovechamientos forestales que el Ayuntamiento adjudique a los vecinos de esta localidad” (art. 1 del Reglamento de la Comisión Vecinal de Maderas de Covaleda). O en palabras de la norma reguladora de la de Vinuesa (art. 1, primer párrafo): “La Comisión Vecinal de Maderas tiene por objeto principal la enajenación de los aprovechamientos forestales que el Ayuntamiento les traslada globalmente para su posterior distribución entre los beneficiarios (…)”. En el caso de Vinuesa ya el Ayuntamiento Pleno acordó e l 17 de marzo de 1982 que “la totalidad de la madera adjudicada por ICONA al Ayuntamiento, sobre la que pesa el reparto comunal se traslade a la Comisión de Vecinos para su venta en lotes (…)”.

[19] La STS de 28 de octubre de 1987 (Ar. 7479) no reconoce siquiera a pueblos y parroquias no constituidos en Entidad Local Menor personalidad jurídica propia y, por tanto, tampoco capacidad procesal para realizar actos en juicio.

[20] Sólo podrán celebrar el contrato de compraventa todas las personas a quienes el Código Civil autoriza para obligarse (art. 1457).

[21] Salvo en casos excepcionales, como en la imposibilidad material de distribuirlo mediante las tradicionales suertes (STSJ de Castilla y León de 24 de junio de 1992).

[22] Art. 1259, primer párrafo, del Código Civil.

[23] En este sentido, las SSTS de 12 de junio de 1997 (Ar. 4765) y de 18 de marzo de 1999 (Ar. 1858), entre otras muchas, así como la RDGRN de 11 de diciembre de 1997 (Ar. 8822).

[24] Ahora bien, tal eficacia re1roactiva no puede afectar a terceros que durante el periodo de pendencia del contrato dispositivo adquirieron del dueño originario algún derecho incompatible con la nueva propiedad (STS de 12 de diciembre de 1984. Ar. 8821).

[25] Sentencias, además de otras, de 14 de diciembre de 1940 (Ar. 1135). de 7 de julio de 1944 (Ar. 908), de 5 de abril de 1950 (Ar. 990), de 16 de abril de 1952 (Ar. 2103). De 27 de mayo de 1958, de 13 de diciembre de 1965 (Ar. 5814). y de 20 de diciembre de 1980 (Ar. 3635).

[26] La jurisprudencia considera que la ratificación tácita, al no quedar excluida en el texto legal, debe deducirse presuncionalmente (v.gr. STS de 22 de diciembre de 1977, Ar. 4841), pero que ha de resultar de hechos que impliquen necesariamente una aprobación del dominus, lo que ha lugar “(…) cuando sin hacer uso el mandante de la acción de nulidad por él ejercitable, acepta en su provecho los efectos de lo ejecutado -sin su autorización- poniendo con ello de manifiesto su consentimiento concordante con el del tercero, con lo que el contrato no puede reputarse inexistente (…)” (STS de 25 de marzo de 1968. Ar. 3408).

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