PERMANENCIA Y FUNCIONALIDAD DEL RÉGIMEN COMUNAL AGRARIO – I

Hemos encontrado publicado en la página del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente un interesante libro basado en la tesis doctoral de D. Carlos Gimenez Romero realizada en el año 1991 y que estudia un caso comparativo entre la región pinariega de Soria-Burgos con una región de México. Este estudio nos sirve para entender mejor el origen y funcionamiento comunal de nuestros montes.

Es un estudio muy extenso que he tratado de resumir centrándolo en la zona de pinares y en lo que nos afecta directamente, por ello lo he dividido en varios capítulos para facilitar su lectura y comprensión. Al final del texto, el último día, pondré el enlace al libro por si alguien tiene la curiosidad de leerlo entero.

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VALDELAGUNA Y COATEPEC: PERMANENCIA Y FUNCIONALIDAD DEL RÉGIMEN COMUNAL AGRARIO EN ESPAÑA Y MÉXICO

Este libro trata de un tipo específico de campesinado.

En diversas áreas del mundo existen poblaciones rurales cuya economía está basada en la propiedad comunal de la tierra y en el aprovechamiento de recursos comunales, como el pasto, la madera, la leña, la piedra, los frutos arbóreos, el agua, amén de las parcelas de cultivo. Los comuneros comparten, lógicamente, numerosos rasgos con otros tipos de campesinado parcelario, como pueden ser los agricultores familiares de secano, los ganaderos en pequeña escala o los pequeños regantes. Sin embargo, la tenencia en común de la tierra, los derechos y obligaciones que ésta conlleva, la fuerte cohesión comunitaria, la práctica de un rico derecho consuetudinario y la existencia de representantes no oficiales, son rasgos específicos del campesinado comunal.

Los patrimonios comunales fueron antaño mucho más extensos. Las ventas públicas, la política de «enclosures» o las leyes desamortizadoras fueron reduciendo paulatinamente esos espacios y arrinconándolos hacia las áreas de montaña. No obstante, esta modalidad de organización del terrazgo y de la vida rural tiene aún plena vigencia en vastas regiones del mundo contemporáneo. La subsistencia de amplias masas de campesinos de diferentes países continúa estando basada en el aprovechamiento de unos recursos naturales cuya propiedad no recae ni en el individuo ni en el Estado, sino en la colectividad local.

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Los territorios comunales son, hoy día, objeto de nuevas demandas por parte del complejo urbano-industrial de los respectivos países. Esas nuevas exigencias se materializan, en ocasiones, en programas de intensifuación productiva, ya sea en el ámbito forestal, ganadero o agrícola. Ejemplos de esa línea de actuación son las talas sistemáticas de los bosques comunales, la expansión de la ganadería extensiva mediante la apertura de pastizales en el monte o las roturaciones de terrenos nunca cultivados. Otras veces, la demanda exterior supone la introducción de nuevos usos del suelo en los espacios comunales. La creación de urbanizaciones, campos militares, embalses, polígonos deportivos, zonas dedicadas al turismo rural o a reservas ecológicas, son ejemplos de esa segunda línea de transformación de los espacios comunales.

La incompatibilidad o no de esos programas de transformación con la propiedad comunal de los recursos es un debate abierto. Para unos queda claro que las propiedades y usos comunales, entendidas como formas arcaicas, están impidiendo el desarrollo rural, regional y nacional. Oímos en esta versión que si los bosques comunales fueran públicos o los pastizales estuvieran en manos privadas, los rendimientos por unidad de superficie se incrementarían muy notablemente y las actividades económicas locales se diversificarían.

Se sugiere que las viejas costumbres consuetudinarias ahogan la iniciativa individual de los vecinos más emprendedores, y se considera que los bienes comunales son fósiles del pasado, que no hacen sino estorbar, por lo que se propugna su desaparición.

Hay también quienes, estando de acuerdo en su carácter de «dinosaurio social», que perdura en la historia contra viento y marea, discrepan rotundamente de la anterior posición, al valorar lo que las instituciones comunitarias rurales tienen de «esencia» de la cultura, rasgo «folk» o símbolo del igualitarismo social. Desde esa posición se han estudiado los bienes comunales como una preciosa reliquia que, desgraciadamente, va a desaparecer. Quisieran salvarla, pero… ¿cómo hacerlo en un contexto de concentración capitalista, con industrias altamente tecnologizadas y con comportamientos consumistas e individualizantes de la sociedad?

Adaptando, modernizando, transformando estas antiguas instituciones, contestan aquellos que vislumbran rasgos cooperativos y jurídicos perfectamente aprovechables en un mundo moderno en la adjudicación periódica de las parcelas de labor, en el pastoreo mancomunado o en la propiedad comunal de los montes. Se ha propuesto municipalizar, cooperativizar, establecer consorcios municipio común de vecinos y se han llevado a cabo algunas reformas exitosas y otros muchos fracasos, dependiendo uno u otro resultado, por lo general, de si la adaptación pivotó localmente o se trató más bien de una imposición oficial.

El debate comunal viene de muy antiguo. En el terreno práctico, las políticas económicas de numerosos países de Europa y Latinoamérica han venido cuestionando desde hace siglos si es conveniente o no utilizar las instituciones colectivas agrarias para el fomento de la agricultura. En el terreno de la teoría, el dilema de si las instituciones comunales agrarias son meras supervivencias, o bien son instituciones vivas, está abierto al menos desde el siglo XVI.

En la segunda mitad del siglo XIX se escribieron no cientos sino miles de obras sobre el «mir» ruso, la «marca» germánica, el «allmend» suizo, la «zadruga» balcánica, el «township» anglosajón, la «commune» francesa, la «dessa» de Java, el «común» castellano o la comuna hindú. Conservadores, nacionalistas, populistas, anarquistas, marxistas y liberales tomaron partido, en función de sus particulares concepciones del desarrollo de la industria y del capitalismo, bien por la desaparición, bien por la conservación de las comunidades aldeanas. Historiadores, juristas y etnólogos debatieron sobre si las comunidades aldeanas contemporáneas representaban los restos del supuesto comunismo primitivo de la humanidad, o si, por el contrario, habían sido creadas en épocas más o menos próximas, a partir de !os intereses económicos y políticos del Estado.

El problema central que guía este estudio es el de la significación evolutiva del comunalismo rural o régimen comunal agrario, entendiendo por tal el conjunto de instituciones rurales referentes a la tenencia comunal de la tierra, el aprovechamiento de los recursos comunales, el trabajo en común, la gestión colectiva de los recursos, la normativa consuetudinaria y las expresiones de identidad del grupo comunero.

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Este asunto presenta distintas caras. Desde un punto de vista sincrónico, la cuestión estriba en si la función de dichas instituciones comunales es verdaderamente relevante o de carácter residual en la sociedad. Desde el punto de vista diacrónico, se trata de cómo explicar su larga persistencia histórica. En el plano conceptual, el debate está en ver si son restos de una antigua fase comunal o bien se trata de instituciones creadas por y para sistemas globales o modos de producción dominantes, como el feudalismo, el capitalismo u otros. En el plano de la praxis se trata de determinar cuál es o cuál pueda ser su contribución económica y social en el presente y el futuro inmediato.

Este trabajo de investigación trata de mostrar, tanto con la información etnográfica como con la de archivos, el carácter dinámico de las poblaciones comunales, así como la potencialidad del régimen comunal para el desarrollo endógeno de esas áreas. Frecuentemente, se ha concebido la propiedad comunal de la tierra como una institución «precapitalista» y, como tal, desfasada y obstaculizadora del «progreso». Al actuar sobre áreas comunales se parte, con frecuencia, de la premisa de que son zonas atrasadas o deprimidas; nada hay que objetar a ello, pues, por lo general, lo son. Donde ya no estamos de acuerdo es en que la causa de ese atraso o marginalidad sea, precisamente, su propia naturaleza comunal.

La madera de los bosques experimentó en las últimas tres décadas una enorme demanda con la consiguiente subida de su precio, principalmente como resultado de la expansión de las industrias de construcción y de la red de ferrocarriles. El Estado viene controlando la situación a través de unos planes de ordenación forestal que aseguran el abastecimiento de la madera a la industria. Hay una situación latente de conflicto entre las autoridades locales, los madereros y el Estado.

Las comunidades de la Región Pinariega se generaron en el proceso de reconquista y repoblación ocurrido en la Península Ibérica durante los siglos X, XI y XII. Desde sus orígenes, estas poblaciones estuvieron conectadas a imponentes actividades económicas de ámbito nacional, como la trashumancia,

la carretería y la arrieria. Las familias campesinas lograban su subsistencia combinando la venta de su fuerza de trabajo como pastores o gañanes, con el mantenimiento de su actividad agrícola y ganadera en base a la explotación de los recursos comunales. Estos bienes del común eran también aprovechados por beneficiarios externos, como los dueños de los rebaños mesteños o los propietarios de las caravanas de carretas.

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