SOBRE LAS ANTIGUAS INSTITUCIONES POPULARES DE CASTILLA – I

Hace tiempo que encontré en internet este interesante artículo, si bien por torpeza mía no guardé su procedencia ni referencia alguna sobre el mismo.

Como siempre, debido a su extensión lo he dividido en varios capítulos para facilitar su lectura.

Sobre las antiguas Instituciones populares de Castilla – I

Vamos a abordar en este modesto ensayo algunos de los aspectos del asociacionismo castellano, preferentemente en la Edad Media, como una muestra de a qué podía conducir el sentido comunitario de nuestros antepasados al enfrentarse, sobre todo, con problemas de explotación de tierras, montes, pastos y demás medios naturales de producción.

I-Comunidades (o Universidades) de Villa y Tierra

La exposición de las instituciones tradicionales de la vieja Castilla es materia de mucha importancia y volumen. No obstante, diremos aquí lo más esencial para su conocimiento. Empezaremos nuestra exposición con las Comunidades de Villa y Tierra, una realidad que todavía pervive, siquiera confundida con lo municipal y sometida a los Ayuntamientos.

Estas seculares Comunidades no han merecido aún la atención debida: por parte de los historiadores profesionales; al minimizarlas, calificándolas simplemente como la tierra de los grandes Concejos (lo cual es verdad a medias, porque son algo más que Concejos); y por parte de los eruditos, aficionados y ensayistas, al mitificarlas, desorbitando su significación y sentido, creando equívocos tan poco concordes con la realidad histórica como el de llamarlas “repúblicas autónomas”. Intentaremos, en consecuencia, dar una visión de conjunto de las mismas con algún fundamento.

En rigor, durante los cuatro primeros siglos de su existencia (del XI al XV) la porción de Castilla ocupada por la Comunidades no era aún Castilla, sino la Extremadura del Duero; es decir, los orígenes de este río, más lo situado al Sur del mismo hasta las serranías centrales. Todo porque el Duero, en el siglo X, fue un “limes” fronterizo de Castilla con sus espacios meridionales más o menos desertizados (según ha comprobado Sánchez Albornoz) hasta el gran murallón de Guadarrama y Gredos, verdadera frontera real con el mundo islámico del Reino de Toledo. Los castellanos del Norte del Duero (es decir, los de la Castilla condal de Fernán González y sus sucesores) comenzaron ya desde ese mismo siglo X la repoblación y colonización de tan vastos territorios, primero con un carácter guerrero (tal, el bastión meridional de Sepúlveda) y después con otro más pacífico y constructivo.

Del Duero arriba, los castellanos del siglo X (según Sánchez Albornoz) vivían una vida comunal del tipo de aldeas libres, es decir, de Comunidades locales con personalidad jurídica indudable, expresada en sus “Concejos abiertos”, que poseían colectivamente los campos de labor, los prados, los montes, los bosques, las aguas, los molinos y las salinas. Por tanto, la sociedad castellana era singular, sin comparación posible con otras de la España y la Europa de entonces, sumergidas en lo que (de acuerdo con la interpretación marxista de la Historia) se ha dado en llamar “el modo de producción feudal”.

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Pero la Castilla norteña del siglo X (al menos en esa centuria) muy poco o nada tenía que ver con el modo de producción feudal, ya que desconocía tanto al Señor feudal como al siervo, y  en la práctica de su colectivismo (tan bien estudiado por Joaquín Costa) preludiaba formas comunales de posesión, explotación y hasta autogestión compatibles (por ese mismo concepto de libertad e iniciativa privada) con la pequeña propiedad individual.
Naturalmente, la Castilla norteña del siglo X llevó este modelo a los amplios territorios de la Extremadura del Duero, pero modificándolos (por razones físico-naturales) y creando así nuevas instituciones, denominadas primero “Concejo de Villa e aldeas” y más adelante “Universidades de la Tierra” o “Comunidades de Villa y Tierra”. En ellas, una villa o ciudad cabecera constituía el centro y eje de un conjunto de aldeas (equiparadas jurídicamente en todo a la cabeza) y su territorio, a efectos administrativos, se parcelaba en unidades menores denominadas “Sexmos”, “Cuartos” u “Ochavos”, según lo exigiese la extensión geográfica de la Comunidad. Probablemente la abundancia de pastos y bosques (tan frecuentes en una tierra semiabandonada desde el siglo VIII) determinó, a su vez, el predominio de una economía y ganadera, en la que (al margen de bienes específicos y de “propios” de cada aldea) existió una “comunidad” de pastos, leñas y tierras igual a todas, y extendida (en ocasiones) a otras “comunidades” limítrofes, con lo que se creó un “intercomunalismo” muy fecundo en lo pastoril, aunque conflictivo a veces.

El área de extensión de esta Castilla comunera abarcó desde el alto Duero (“Soria pura, cabeza de Extremadura” reza el lema del escudo concejil soriano) al Duero medio en Medina del Campo, y desde el río (Comunidades de Peñafiel, Roa, Gormaz, etc.) hasta el Sistema Central, y aun más allá de él, como veremos. En este amplio marco territorial existían hasta 37 Comunidades de Villa y Tierra, distribuidas de la siguiente manera:

-Diecisiete Comunidades en la actual provincia de Soria: las de Soria, Ágreda, Osma, San Esteban de Gormaz, Berlanga, Caracena, San Pedro de Yanguas, Almazán, Calatañazor, Yanguas, Medinaceli, Fuentepinilla, Magaña, Ucero, Gormaz, Andaluz (absorbida más tarde por Fuentepinilla) y Solpeña.

-Diez en la actual provincia de Segovia: Segovia, Sepúlveda, Pedraza, Ayllón, Coca, Cuéllar, Fuentidueña, Fresno, Maderuelo y Montejo.

-Seis en la actual provincia de Valladolid: Curiel, Peñafiel, Portillo, Íscar, Olmedo y Medina del Campo.

-Dos en la actual provincia de Burgos: Haza y Roa.

-Dos en la actual provincia de Ávila: Ávila y Arévalo.Ç

Se habla de provincias porque es una forma de entendernos, ya que las actuales provincias son una división convencional del uniformismo administrativo del siglo XIX, calcado del modelo francés del “departamento”, aunque a la hora de crear partidos judiciales se fijara en algunas de esas cabeceras de Comunidad para parcelar, judicialmente, las nuevas provincias. Pero el nuevo hecho administrativo destrozó la cohesión de las viejas Comunidades (respetadas, en parte, por la administración de los Austrias del XVI y XVII y los Borbones del XVII) creando anomalías como la sucedida a la Comunidad de Arévalo, por poner un ejemplo de tantos. Esta Comunidad fue dividida entre 4 provincias (Ávila, Salamanca, Valladolid y Segovia):

– Arévalo y 37 aldeas quedaron en Ávila

– Rágama quedó en Salamanca

– Lomoviejo, Salvador de Zapardiel, Muriel, Honcalada, Honquilana y San Pablo de la Moraleja fueron incluídos en Valladolid

– Aldeanueva del Codonal, Codorniz, Don Hierro, Martín Muñoz de la Dehesa, Montejo de Arévalo, Montuenga, Rapariegos, San Cristóbal de la Vega y Tolocirio quedaron en Segovia.

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Como la riqueza, complejidad y avatares de tales instituciones es tan amplia, será necesario centrarnos tan sólo en las tres mayores Comunidades de Villa y Tierra: las de Soria, Segovia y Ávila, pues aunque en lo jurídico y sustancial todas fueran más o menos análogas, en lo territorial fueron muy diversas. Hubo Comunidades pequeñísimas, como la de Curiel, con sólo seis aldeas, y la de Fresno, con ocho. Medianas, como las de Medina del Campo (50 aldeas), Sepúlveda (66), Arévalo (74) o Medinaceli (89); y enormes como las de Segovia (204), Soria (238) o Ávila (305). Su génesis comenzó, lógicamente, en la frontera del Duero (con la excepción de la Comunidad de Sepúlveda) a mediados del siglo XI. Acabamos de mencionar a Andaluz, una localidad a 30 kilómetros de Almazán que apenas contará hoy con 150 habitantes; pues bien, hacia el año 1040 Andaluz recibía ya en su Fuero (otorgado por el gobernador de Lara, Gonzalo Núñez y confirmado en 1089 por el rey Alfonso VI) una constitución comunera, al aludirse en el mismo no sólo al “concejo de la Villa” (como cualquier otro pueblo de la Castilla septentrional) sino al “Concejo de Villa e aldeas”. Concejo, por cierto, de un carácter popular tan original que hasta pagaba al vecino por asistir a sus sesiones, según esta frase del Título I, capítulo 3º de su versión romanceada: “Et por cada iuncta que fueren los buenos omes, ayan un maravedí”.

Consideremos otro caso: Roa, Concejo también de frontera. Le faltaba, sin embargo, su “Tierra”, y ésta se la otorgó Alfonso VII en un nuevo Fuero fechado en 1143, añadiendo a su pequeño “alfoz” (término municipal) del siglo anterior (lo mismo que el de cualquier otro pueblo de la Castilla del Norte) hasta 42 aldeas citadas nominalmente, con los términos privativos de cada una de ellas. Y no contento con esto, le concedió también “omnes montes et pinares de meo realengo”, sancionando toda corta abusiva o todo atentado a la vegetación con una multa cuya mitad sería para él, y la otra para el “concejo de Villa e aldea”. “Además de esto (continúa el monarca) puesto que no puedo dar a los pobladores de Roa tanta heredad como les haría falta, les autorizo a que labren una parte y otra del Duero, todo cuanto puedan encontrar yermo y desierto de mi realengo, desde el Arlanza hasta la Sierra”. La concesión es extraordinaria, y se fundamenta en los principios jurídicos romanos de los “bona vacantia”, es decir, bienes (en este caso tierras) sin dueño conocido, que según el Derecho Romano recaían en el Estado (de ahí el “mi realengo” al que alude el rey) y que éste, en consecuencia, reparte a los pobladores, exentos de toda carga fiscal, aunque con los tributos debidos a la Comunidad.

La peculiaridad del régimen comunal de la Tierra en materia de labranzas era singular en la Comunidad de Aza, a cuyas tierras novales (que llamaban “oraños”) accedían y usufructuaban, vitaliciamente, los primeros que las trabajasen. Como señuelo de atracción de pobladores, la aldea comunera de Tordeherán (en la Comunidad de Osma) había señalado graciosamente una parte de la tierra de su vega para el que quisiera avecindarse en el pueblo; pero eso sí, si el nuevo vecino era un holgazán o no la cultivaba como debía, se la quitaban y se le privaba de la vecindad.

Una elemental reflexión sobre estos datos aporta ya consecuencias interesantes, y sobre las que no cabe hacer ni apologías demagógicas ni desmitificaciones esterilizantes; la compenetración entre realeza y pueblo, la moderación fiscal, el sentido de una democracia espontánea, nacida del vínculo solidario de vecindad o comunidad, el sistema foral de Gobierno de cada Comunidad, el trabajo como mejor título de posesión o usufructo de una tierra…Hasta la aparición de un incipiente proteccionismo ecológico sobre la naturaleza, son aspectos que hay que destacar, sin más comentarios que los que de la realidad de los hechos se desprenden. Que todo esto cambiase con el tiempo ya es otro cantar. Ahora (fines del siglo XI-XII)  es así y así se obra.

Pero conozcamos ya las grandes Comunidades de Villa y Tierra, comenzando por la de Soria. El proceso del poblamiento cristiano (ya definitivo) en el alto Duero, centrado preferentemente en la villa de Soria, conoció dos etapas marcadas por las superestructuras políticas del momento; una, de 1109 a 1135, caracterizada por el predominio del rey aragonés Alfonso I “el Batallador” (rey consorte y marido mal maridado de la reina de Castilla y León Urraca Adefonsez); y otra, de 1136 en adelante, singularizada por la progresiva “castellanización” de la villa y su territorio, tras el influjo navarro-aragonés del rey batallador. Interesa más esta última etapa (coincidente con la segunda mitad del siglo XII) porque en ella conocemos ya algunas zonas terminales del territorio comunero, que en 1191 se adentraba incluso en el frontero Reino de Aragón (“Soria es una barbacana hacia Aragón, que tiene la torre castellana”, dijo, poéticamente, Antonio Machado) afectando a pueblos del Obispado de Tarazona, que los sorianos (quizá ya contagiados de aragonesismo) reivindicaban tercamente para sí, y que (al serles negado) intentaron destruir, asolando de paso sus tierras para convertirlas en pasto de sus ganados. La vitalidad, por tanto, de los neosorianos (procedentes, en su mayoría, del “Alfoz de Lara” condal) era estrepitosamente arrolladora.

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En el siglo XII, la situación se calmó un tanto, y gracias a un par de Fueros (sobre todo el de 1256) y a un viejísimo Padrón vecinal de la Villa y Tierra de 1270, podemos conocer (con detalle y precisión) no sólo su población, número de aldeas, fronteras y extensión superficial, sino su régimen y funcionamiento. La Comunidad de Soria, en esa época de finales del siglo XIII, ocupaba una superficie de 2666 km2: es decir, era mayor que las actuales provincias de Guipúzcoa (1884 km2) o Vizcaya (2165 km2). En su territorio se alzaban 238 aldeas que, por lo general, eran muy pequeñas, con un promedio (tan sólo) de 10 vecinos, siendo así muy acusado en contraste entre la villa de Soria (con 777 vecinos) y estos núcleos rurales, entre los que sólo destacaba Noviercas, con 52 vecinos. Villa y aldeas sumaban un total de 3162 vecinos (algo más de 10000 habitantes) lo que da una densidad media muy baja; 1,18 vecinos o 3,5 habitantes por km2. Para su mejor gobierno y administración, el territorio de la Comunidad se parceló a fines del siglo XIV en cinco Sexmos, denominados de Frentes (en el cual se incluía la propia Soria), de Tera, de San Juan, de Arciel y de Lubia. Esta división se correspondía (en parte) con factores naturales y fisiográficos.

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