MODERNAS TENDENCIAS JURÍDICAS EN LA GESTIÓN DE LOS MONTES COMUNALES – III

MODERNAS TENDENCIAS JURÍDICAS EN LA GESTIÓN DE LOS MONTES COMUNALES – III

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4.- EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS VECINALES DE EJECUCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES COMUNALES.

Como ya hemos señalado en otro momento[1] la ejecución de los aprovechamientos forestales comunales a través de lotes multivecinales y su posterior enajenación mediante entes interpuestos ha supuesto una solución práctica y moderna a la constante pérdida del valor de la madera en los últimos tiempos. En todo caso, estamos ante un contrato de mandato, en donde dicha entidad se obliga a prestar un servicio o hacer alguna cosa, en este caso la enajenación del aprovechamiento comunal y posterior reparto entre sus titulares, por cuenta y encargo de sus miembros[2].

En aquellas localidades en donde se instauró el aprovechamiento comunal en los años cincuenta del pasado siglo, el propio Ayuntamiento ha venido enajenando la madera y posteriormente reparte su equivalente en dinero entre los beneficiarios. El lote multivecinal es indudable y es aceptado por todos los vecinos, por lo que no ha evolucionado hacia la constitución de comisiones o, sobre todo, sociedades vecinales.

En cambio, en aquellos Municipios cuya tradición fue la de percibir la madera en lotes constituidos por pinos diseminados en el monte, la creación de los lotes plurivecinales ha dado lugar a una resistencia no siempre entendida.

Aunque ya existían precedentes[3], últimamente la jurisprudencia ha apoyado totalmente esta figura[4], en base a los siguientes argumentos:

  1. El lote multivecinal no interfiere con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ordenanza Especial; ésta se respeta con la mera inclusión del interesado en el Padrón de Beneficiarios. Tampoco la vulnera la percepción del lote en madera o en especie: “(…) en definitiva, el lote multivecinal además de no ser obstaculizado por la Ordenanza no supone pérdida alguna del derecho del actor a su aprovechamiento, que en este caso se obtiene en dinero una vez enajenados los pinos por dicha Sociedad[5]. También el Consejo de Estado ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto en el Dictamen de fecha 18 de diciembre de 1969[6], considerando al lote multivecinal “una modalidad más rentable económicamente que la de atribución de aquellas suertes y su enajenación por separado[7].
  2. Que el lote multivecinal es legal, para lo que habrá de estarse en cada caso a lo acordado por el Ayuntamiento, siendo recomendable que coincida además con la opinión de la mayoría del vecindario. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 24 de junio de 1992 (Recurso contencioso-administrativo núm. 607/1990) abunda en esta cuestión. Afirma que como la Ordenanza Especial vigente no contempla el procedimiento de ejecución del aprovechamiento (reparto y formación de lotes), “tal procedimiento ha de llevarse por el Ayuntamiento en cuanto gestor de los intereses de la comunidad vecinal y en el presente supuesto, además, por imperativo de la normativa (…) en cuanto administrador de los bienes de un patrimonio, de conformidad a lo establecido en el art. 42 (…)” del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio (Fundamento Jurídico 3º).
  3. La racionalidad en la explotación forestal del monte, cuyos detalles veremos más adelante, y que así reconoce la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 6 de septiembre de 1995 (Recurso contencioso-administrativo núm. 783/1994) da por bueno el sistema del lote multivecinal (uno o varios) a fin de “facilitar mejor la labor a los fabricantes de maderas” para “obtener los beneficiarios mayor rendimiento económico (…)” (Fundamento Jurídico 3º, primer párrafo). También ratifica que el lote multivecinal no es contrario a la Ordenanza Especial, “ya que lo que prevé tal artículo es el derecho a un lote vecinal de aprovechamientos maderables, y no hay obstáculo alguno en que tal lote se materialice en un importe equivalente en metálico si con ello se obtiene un mayor beneficio de los beneficiarios y es éste el deseo de los vecinos, ya que no se ha de olvidar que estamos hablando de bienes comunales que se distribuyen vecinalmente y, en consecuencia, el sentir de tales vecinos y el interés general de los mismos está por encima del interés particular del recurrente que prefiere la adjudicación de lotes directamente (…)” (Fundamento Jurídico 3º).
  4. El lote multivecinal no es contrario al constitucional derecho de asociación de los derechohabientes en su faceta negativa.

Las circunstancias económicas, sociales y técnicas que aconsejaron en su momento la creación del lote multivecinal no sólo no han desaparecido, sino que se han agravado. Conforme los informes técnicos[8]:

  1. Los precios de la madera en pesetas constantes no han dejado de descender en los últimos treinta años (algunos cálculos elaborados para montes de la comarca muestran que entre 1985 y 2000 la reducción ha sido superior al 50%).
  2. La repercusión de los costes de los trabajos facultativos (señalamiento y medición) y de los trabajos de explotación (corta, arrastre, saca, …) en el precio de la madera no deja de crecer.
  3. El mercado de la madera es cada vez más exigente y, por otro lado, cada día es más fuerte la competencia con producciones de otras regiones o países de nuestro entorno.

Conforme este mismo Informe, retornar al reparto de lotes individuales supondría, por tanto:

  1. Un incremento en los gastos de los trabajos facultativos. Se señala que actualmente sólo en gastos de señalamiento y medición anual del Monte de Covaleda, como ejemplo, está en torno a los 24.000,00.- €. Esta cantidad se vería incrementada hasta en un 75 % tomando como referencia los datos de los años 60: por un lado, en los señalamientos habría que incorporar un clasificador a la cuadrilla, quien, al realizar su labor, retrasaría la velocidad de avance del resto y, por otro lado, el número de mediciones se incrementaría y dispersaría enormemente y, en paralelo, su coste.
  1. La incorporación de un nuevo gasto de procesado de la información cualitativa captada en el señalamiento y confección de los lotes individuales. Con datos del periodo previo a 1969 se puede deducir la necesidad de aproximadamente 400 jornales de personal relativamente cualificado, con el aumento de los gastos que ello conlleva.
  2. La reducción del precio de la madera. Es obvio que en una situación de debilidad del sector y fuerte competencia, el sistema de lotes individuales, pequeños y dispersos, no parece el más atractivo para los maderistas, lo que, sin duda alguna, repercutiría en el precio.
  3. El desarrollo de los trabajos de regeneración, ligados al ritmo del desembosque, se verían dificultados por la enorme dificultad de sincronizar cortas, hechura de leñas y eliminación de despojos. Sin duda, se generarían de nuevo sobrecostes y, lo que es más grave para la marcha ordenada del monte, retrasos en la regeneración.
  4. El porcentaje de daños no deseados sobre las pistas y arbolado en pie se incrementaría, lo que se uniría a unas mayores dificultades de control, implícitas en el sistema.

De todo lo cual infiere la siguiente conclusión: “desde el punto de vista técnico y económico, parece que lo más oportuno es continuar con el sistema  actualmente vigente de lote único multivecinal”.

Por otro lado, esta situación se agrava si el número de lotes ha aumentado[9].

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5.- REORIENTACIÓN DE LA FINALIDAD DE LAS SUERTES DE PINOS.

No hay duda de que los repartos vecinales de maderas en los montes comunales han respondido desde siempre a una finalidad de que sus habitantes obtuvieran una renta para su subsistencia. Tampoco hay duda alguna de que esta finalidad al día de la fecha necesita de una revisión, pues los modos de vida han variado sustancialmente, así como los fundamentos de la economía rural.

En virtud de esta revisión, los principales sacrificados han sido los requisitos de vinculación y arraigo o permanencia, especialmente el de residencia, el cual se ha visto sujeto a interpretaciones en todos los sentidos, hasta prácticamente vaciarlo de contenido y virtualidad. En muchos casos, dicha interpretación es razonable (v.gr. camioneros, estudiantes, etc…), pero en otras basta el simple empadronamiento y, se ha llegado, incluso, a considerar residente a quien estaba formalmente empadronado en otro Municipio diferente.

Si bien es cierto que durante un tiempo los Tribunales han tendido a comprender las situaciones de traslado temporal (sobre todo en los años 60 y 70 donde la emigración se generalizó), también es cierto que actualmente el problema es otro: el del despoblamiento y envejecimiento rural. La gente prefiere vivir en grandes ciudades, donde las comodidades, servicios y posibilidades son mayores. Circunstancia que no debe ser excusada por diversas razones, ninguna desconocida. La primera por ser contraria a la letra y al espíritu de las Ordenanzas Especiales y leyes del Derecho Local, como ya se ha expuesto. En segundo lugar porque se crea una situación de agravio comparativo respecto de aquellas personas que se empadronan y viven todo el año en cada localidad, donde los servicios y oportunidades son inferiores a las grandes ciudades. En tercer lugar, porque los verdaderos residentes dinamizan el comercio local, pues consumen todo el año, y no sólo en época de veraneo y asueto, impulsando y manteniendo así la economía local. Además participan de un modo u otro en la vida social, algo que no puede hacer quien trabaja a varios cientos de kilómetros de distancia casi todo el año. Por otro lado, porque no se incentiva la fijación de población joven, aliviando la desertización del mundo rural, siendo el aprovechamiento forestal, cada vez menos, un aliciente para permanecer en el mundo rural. Se ha llegado a extremos en que los Tribunales conceden la suerte de pinos a quien no escolariza a sus hijos en la localidad, a pesar de existir centro educativo adecuado para ello.

Es notorio, además, que quien no reside permanentemente en estas localidades rurales no puede ayudar cuando la sociedad lo necesita, como por ejemplo, cuando es preciso aplacar un incendio en el monte, fuente éste, curiosamente, del aprovechamiento forestal. Desconocer estos extremos está conllevando a desnaturalizar el aprovechamiento forestal comunal, bastando en muchos casos el mero empadronamiento para ser perceptor.

Debe tenerse en cuenta que los requisitos de vinculación y arraigo o permanencia[10]:

  1. No son contrarios a la ordenación de nuestro Montes.
  2. Han permitido “el mantenimiento y conservación del Monte (…) en un estado óptimo desde tiempo inmemorial, así como su explotación ordenada y sustentable (…)”.
  3. Para el mantenimiento adecuado del sistema de reparto, es preciso hacerlo conforme los requisitos contenidos en cada ordenanza Especial.
  4. Que no existen razones que aconsejen la relajación del estricto cumplimiento de los requisitos de las Ordenanzas.

Estas ideas no son nuevas. Ya la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Burgos, de 6 de abril de 1992, Rec. 238/91, en su Fundamento Jurídico Segundo, decía que “Según los art. 4 y 8 de las mismas [Ordenanzas], la residencia fija en Covaleda es condición indispensable para poder disfrutar de los aprovechamientos comunales, perdiéndose el derecho desde el momento en que no se resida en la localidad”. “En anteriores Sentencias esta Sala no ha elevado esta condición de residencia fija y continuada a la categoría de absoluta, al considerar que no debían perder el derecho a los aprovechamientos forestales las personas que por ineludible razón de estudios tuvieran que residir fuera de la localidad. Esta excepción a la norma hace más justa su aplicación, pero como tal excepción debe entenderse siempre en sentido restrictivo, pues de lo contrario equivaldría a una derogación de facto de lo dispuesto en las Ordenanzas”. Sabias palabras que suscribimos.

No ser conscientes de la situación de grave despoblación que sufren estas localidades, además de embarcadas en un proceso progresivo de envejecimiento, y de las posibilidades que para frenar esta dinámica ofrece el requisito de residencia, está sirviendo de minusvaloración del requisito legal de residencia efectiva, piedra angular del derecho a la percepción de los aprovechamientos forestales comunales. Como bien expresó el citado Tribunal en Sentencia de 14 de octubre de 1991 (Rec. 344/89), se dispensaría de un requisito constitutivo del derecho cuestionado (Fundamento Jurídico Segundo). Es decir, y en otras palabras, se daría paso a circunstancias fraudulentas y tramposas, además de vaciar de contenido un requisito que su plena exigencia tiene sentido más que nunca.

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[1] GARCÍA ASENSIO. “Sistemas vecinales …”, op. cit. pág. 537-565.

[2] GARCÍA ASENSIO. “Sistemas vecinales …”, op. cit. pág. 559.

[3] Sentencia de 30 de julio de 1986 (Audiencia Territorial de Burgos), recaída en el Recurso núm. 36/1983; Sentencia de 24 de junio de 1992, recaída en el Recurso núm. 607/1990; Sentencia de 06 de septiembre de 1995, recaída en el Recurso núm. 783/1994; y Sentencia de 16 de noviembre de 2001, recaída en el Recurso núm. 320/2000 instado contra el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra.

[4] SSTSJ de Castilla y León, Sala de Burgos, de 29 de noviembre de 2003 (Rec. núm. 422/02); de 12 de diciembre de 2003 (Rec. núm. 500/02 y 503/02); 3 de enero de 2004 (Rec. núm. 494/02); 5 de enero de 2004 (Rec. núm. 497/02); 16 de enero de 2004 (Rec. núm. 496/02 y 502/02); 24 de junio de 2004 (Rec. núm. 498/02); y 13 de julio de 2004 (Rec. núm. 501/02).

[5] Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Burgos, de 29 de noviembre de 2003, ya citada, Ponente: Sra. Dña. M. Paz Barbero Alarcia, Fundamento Jurídico Tercero.

[6] Expediente 36.734.

[7] Este Dictamen se emite con ocasión de la tramitación de la Ordenanza Especial de la localidad soriana de Villaciervos, en donde el Ayuntamiento procede a enajenar el lote multivecinal y posteriormente reparte el producido de la subasta entre los vecinos con derecho.

[8] Informe del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Territorial en Soria de la Junta de Castilla y León obrante en los autos del Recurso Contencioso-Administrativo núm. 422/02 ya citado.

[9] En Covaleda, por ejemplo, su número ha aumentado desde el año 1969.

[10] Conforme informe técnico del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Territorial en Soria de la Junta de Castilla y León, que obra en los autos del Recurso Contencioso-Administrativo núm. 438/2003 (TSJ Castilla y León, Sala de Burgos).

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