LOS MONTES Y LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN SORIA ENTRE EL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA LIBERAL – II

LOS MONTES Y LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN SORIA ENTRE EL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA LIBERAL – II

  1. La revolución liberal y los montes: propiedad y gestión. Lo que sabemos del caso soriano

La legislación forestal de corte liberal supuso el paso de la diversidad a la uniformidad, de la autonomía local a la centralización, de la confusión y ambigüedad de los regímenes o sistemas de posesión a la propiedad perfecta (y, en relación con esto, de los derechos colectivos a los individuales), de la vigencia de derechos y prácticas consuetudinarios al predominio de la norma escrita. Los principales pasos, a través de los cuales, se desplegó esta política fueron: la municipalización de la titularidad de los montes de los pueblos, la privatización de los que las leyes desamortizadoras declararon enajenables (y encontraron comprador en las subastas) y la tutela administrativa de los que subsistieron como montes públicos. En suma, se desarrolló un enorme esfuerzo para homogeneizar o simplificar la realidad preexistente, una realidad marcada por una extraordinaria variedad de derechos y usos, fruto de complejos y dilatados procesos históricos de adaptación de las comunidades rurales a los diferentes medios naturales en que, en cada caso, desenvolvían su actividad, y de enfrentamientos —y acuerdos— entre grupos sociales y políticos con intereses contrapuestos por el control de los recursos y de la renta que generaban. En el transcurso del siglo XIX se dictaron más de 1.000 disposiciones legislativas en materia forestal y se produjeron más de 500 resoluciones de jurisprudencia[1]; a las que habría que añadir otras que, indirectamente, también afectaban a los montes. Una auténtica selva normativa en la que, a veces, no era —ni es— sencillo abrirse paso, pero cuya mera existencia constituye un indicador de la complejidad que revistió la tarea de refundir en los moldes liberales las normas, costumbres y tradiciones del Antiguo Régimen. Una de las principales dificultades estribó en la transformación de derechos de aprovechamiento en derechos de propiedad.

En última instancia la “revolución liberal” trataba de facilitar y estimular el funcionamiento de los mecanismos de mercado. En uno caso, el de los montes de dominio particular, esto se hizo dando plena libertad a la iniciativa privada para que pudiera hacer uso de ellos guiándose por la lógica de la búsqueda del beneficio económico; en otro, el de los montes públicos, bien privatizándolos, bien ejerciendo un control administrativo que tendió a marginar los usos directos y gratuitos de carácter vecinal y comunal en beneficio de mecanismos de carácter capitalista, las subastas públicas, para la asignación de los aprovechamientos[2]. Esta política chocaba con modos de vida tradicionales, muy arraigados y para los que, en ocasiones, había escasas alternativas a corto plazo. De ahí que la voluntad liberal de ahormar la realidad no se impusiera sin conflicto y que su triunfo fuese mucho mayor sobre el papel que en la práctica, donde la diversidad resistió y logró sobrevivir por diversas vías.

De ahí también, la intensa politización que a diferentes escalas —nacional, provincial y local— afectó a todo lo relacionado con la propiedad y la gestión de los montes.

SO-0636

Por otro lado, en el caso soriano, el despliegue de la nueva legislación de montes coincidió con una serie de cambios económicos que aquí no cabe desarrollar por extenso, pero que también afectaron a los montes. Dichos cambios fueron básicamente tres: la expansión del cultivo a costa de las superficies de pasto y de monte; la crisis de la trashumancia y de la ganadería en general, y la decadencia de la carretería. En tanto que el movimiento roturador afectó a toda la provincia, los otros dos fenómenos se dejaron sentir con especial intensidad en las comarcas serranas y pinariegas del norte y noroeste. Además, y paralelamente a todo lo anterior, se produjo una creciente demanda de madera desde otras zonas del país.

En este contexto de cambio político, legal y económico, conviene centrar la atención en algunas de sus manifestaciones, relacionadas entre sí. Las que más afectaron a los montes sorianos durante el siglo XIX fueron:

  1. los cambios que se produjeron en la titularidad y la gestión;
  2. los cambios en los usos y aprovechamientos;
  3. la destrucción de arbolado, y d) la politización de la que podría denominarse “cuestión forestal”.

antigua serreria

  1. a) Cambios en la titularidad y en la gestión: municipalización, particularización,

privatización y tutela administrativa Hasta la promulgación de la Ley de Montes de 1863, desarrollada por el reglamento de 1865, los pueblos gozaron de autonomía en la gestión de sus montes públicos. Lo cual no significa que todo siguiera igual. El nuevo ordenamiento político y legislativo introdujo novedades de gran trascendencia.

Entre otras las siguientes:

Primero, por lo que se refiere a la titularidad de los “montes de los pueblos”, éstos, “los pueblos”, pasaron a identificarse ya exclusivamente con “los municipios” y no, como había ocurrido hasta entonces, con “el concejo y los vecinos” (ejecutoria de 1606). El común de vecinos perdió consistencia legal como sujeto de derechos y la propiedad se municipalizó por completo. Lo cual supuso la culminación de un largo proceso iniciado en la Edad Media[3], pero que en el siglo XVIII aún se mantenía en el terreno de la ambigüedad.

Peor suerte que los montes concejiles corrieron los realengos. Éstos y todo el patrimonio colectivo del que formaban parte y que durante siglos habían disfrutado en común los vecinos de la capital y de los pueblos de la Tierra de Soria entraron en una suerte de limbo legal tras la disolución de la Junta de la Universidad de la Tierra en 1836-37. Ninguno de los nuevos municipios podía reclamar por separado la propiedad de dicho patrimonio ni, tampoco, había forma de que lo hicieran colectivamente. La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Soria asumieron interinamente la gestión del mismo, hasta 1898 cuando se constituyó la actual Mancomunidad de los 150 pueblos, cuya aparición resolvió sólo una parte del problema. La Mancomunidad y el Ayuntamiento de Soria pleitearon durante más de un cuarto de siglo por la determinación de la cuota que en el condominio de los bienes de la antigua comunidad correspondía a cada una de las dos partes. Así, la cuestión de la titularidad del patrimonio de la vieja comunidad de villa y tierra permaneció en la indefinición y fue objeto de disputas legales durante más de un siglo, en lo que constituye un ejemplo más de la dificultad que entrañaba traducir las instituciones del Antiguo Régimen a las categorías liberales. Entretanto, el deslinde de los nuevos términos municipales, las roturaciones arbitrarias y la desamortización redujeron a unas 29.000 hectáreas de monte un patrimonio que, probablemente, había sido cuatro veces mayor[4].

Segundo, se acentuó la particularización de todos los esquilmos forestales, en el sentido de que los ayuntamientos procuraron acotar sus montes y sustraerlos de cualquier mancomunidad de aprovechamientos —incluso de la de pastos—, reservando su uso en exclusiva a los vecinos del municipio correspondiente. Esto acarreó un recrudecimiento de las disputas entre los vecinos de pueblos colindantes o próximos, con términos dotados de recursos desiguales. Algunos perdieron de repente la posibilidad de aprovisionarse de leña o de llevar su ganado a pastar allí donde lo habían hecho siempre. A veces, sin otra alternativa que renunciar a dichos aprovechamientos o pagar por lo que siempre habían obtenido de forma gratuita. Los problemas económicos y sociales que esto suscitó eran de tal gravedad que la Diputación y otras instituciones, como la Sociedad Económica de Amigos del País, asumieron la defensa de la antigua mancomunidad de pastos, como una institución imprescindible e irrenunciable.

Tercero, muchos montes fueron desamortizados, es decir privatizados.

Foto de Félix Ciudad Molina

En la provincia de Soria, según el Catálogo de los montes públicos de 1862[5],

los montes de “los pueblos” (no había montes públicos de otra naturaleza en la

provincia) sumaban 147.619,5 ha, de las que más de una tercera parte (51.340,5 ha, el 34,78 por 100) se declaraban enajenables. Desconocemos cuántos montes fueron, finalmente, vendidos en el conjunto provincial. Sí sabemos, sin embargo, lo que ocurrió en el ámbito de la antigua Tierra de Soria (actual Mancomunidad), donde de los 173 montes catalogados como “de los pueblos”, con una extensión total de 86.253 ha, fueron declarados enajenables 80, que sumaban 23.702 ha (un 27,48 por 100 del total), de las que se vendieron 13.434,48 ha, que representaban el 56,68 de la superficie que podía haberse vendido y el 15,57 por 100 de la superficie total de montes[6]. Resulta evidente que, en la Tierra de Soria, la desamortización transfirió muy pocos montes públicos a manos privadas. Los pueblos conservaron su patrimonio forestal prácticamente intacto. Los dos factores más importantes que contribuyeron a ello fueron, por un lado, la propia legislación desamortizadora[7], y por otro, la falta de estímulos mercantiles inmediatos para su adquisición.

Cuarto, las leyes confirieron al Gobernador de la provincia y la Diputación Provincial competencias para supervisar y controlar la gestión que los ayuntamientos hacían de sus montes. Uno y otra trataron de ejercerlas; pero sus circulares y reglamentos toparon con la resistencia de los pueblos, reacios a aceptar cualquier interferencia de las autoridades provinciales en la toma de decisiones en relación con sus montes.

La aplicación de la Ley de Montes de 1863 supuso una pérdida de autonomía por parte de los pueblos sobre la gestión de sus montes. No obstante esta pérdida no fue inmediata porque la administración forestal tardó casi tres lustros en estar a punto y en condiciones de ejercer sus competencias y aún más en contar con un sistema de guardería eficaz. Los pueblos siguieron, en muchos casos, utilizando sus montes con escaso respeto a los planes de aprovechamiento. Por otro lado, algunos consiguieron que se les autorizara a realizar cortas y repartos vecinales como tradicionalmente lo habían hecho. Estos derechos fueron aceptados por una real orden de 1901.

  1. b) Cambios en los usos y aprovechamientos

La explotación de los montes sorianos durante el siglo XIX —en general, durante toda la época contemporánea— apenas ha sido objeto de estudio.

Para el último cuarto del siglo contamos con una buena fuente, los planes de aprovechamiento, pero por lo que se refiere al período anterior, el rastreo de información útil a tal propósito resulta mucho más problemático. No obstante, si nos referimos al conjunto provincial, los pocos indicios disponibles apuntan lo siguiente: primero, que los pastos y la leña —destacadamente los primeros— continuaron siendo los aprovechamientos más importantes, lo cual resulta coherente con una economía volcada en la actividad agropecuaria; segundo, que, la explotación maderera fue ganando en importancia[8], lo cual, a su vez, debe relacionarse con los cambios que se estaban produciendo en otras partes del país (el despegue de la industrialización, una creciente urbanización, el tendido de ferrocarriles, etc.), que impulsaban la demanda de madera; y, tercero, que una buena parte de los aprovechamientos fueron ilegales y tuvieron efectos destructivos para los montes públicos (de los privados apenas sabemos nada).

Si hiciéramos un estudio por zonas, parece evidente que tanto la explotación maderera como las cortas ilegales tuvieron como principal escenario el área de pinares.

De la dificultad para determinar la entidad y el valor económico de los aprovechamientos que se realizaron durante el siglo XIX en los montes sorianos, baste señalar que, en una fecha tan avanzada como 1900, el ingeniero agrónomo Vicente Herrero Salamanca, en una memoria elaborada a instancias de la Junta Consultiva Agronómica, reconocía que “no podía determinar, por la falta de los datos necesarios, ni aun aproximadamente, la estimación y aprecio de estos aprovechamientos”, al tiempo que dejaba constancia de “la falta de plan y método para la explotación y mejora que en los montes se observa[ba], así como sobre el deplorable estado de la guardería y [la] ausencia completa de pensamiento regenerador”. Por entonces, la ordenación sólo se había iniciado en los pinares, precisamente la parte del patrimonio forestal soriano que más había sufrido en el transcurso del siglo[9].

La queja de Herrero sobre la falta de datos no era del todo exacta, porque tenía a su disposición los planes de aprovechamiento desde el decenio de 1880. Aunque quizá haya que interpretarla en el sentido de que los aprovechamientos ilegales eran tan importantes que los datos oficiales carecían de valor. A este respecto, en 1885, el Delegado de Hacienda en Soria estimaba que las cortas de pino fraudulentas podían decuplicar las legales. En el mismo sentido, el Gobernador Civil afirmaba dos años más tarde que “las maderas de procedencia legal o legítima sólo sirven en esos establecimientos [las serrerías], en general, para ocultar las de procedencia fraudulenta”, puesto que “hay maquinaria movida al vapor que funciona todo el año, siendo así que las maderas de procedencia legal no podrían alimentarla más que algunos días”[10].

Tierra de pinares_un mar de pinos5

[1] Cuevas del Rey (1925). Sanz Fernández (1985) analiza esta legislación.

[2] 13 Jiménez Blanco (2002), pp. 159-160. La diferenciación fundamental entre montes de dominio particular y montes públicos parte del decreto de 14 de enero de 1812. Sobre el carácter problemático de la categoría de monte público, véase Balboa (1999), pp. 97-107.

[3] Balboa (1999), pp. 98-99.

[4] Pérez Romero (1999).

[5] Catálogo de los montes públicos exceptuados de la desamortización en la provincia de Soria por Real decreto de 22 de Enero de 1862. Para evaluar los resultados de la desamortización en Soria resulta más útil tomar como referencia este catálogo de 1862 que la Clasificación General de 1859.

[6] Por lo que se refiere al conjunto provincial, se ha estimado que la superficie total de montes enajenados pudo situarse entre las 50.000 y las 69.030 ha [Calavia (1985), t. I, p. 103]. Si aplicásemos a todo la provincia el porcentaje de montes enajenados sobre los enajenables que resulta para la Tierra de Soria, en aquélla se habrían vendido unas 29.100 ha.

[7] Las reglas que fijaron las leyes para exceptuar montes de la desamortización, en función de la especie dominante y de la extensión, favorecieron la permanencia en manos de los pueblos de muchos de los de esta zona.

[8] En los ingresos que el Ayuntamiento de Soria obtenía de sus montes, la madera pasó de representar el 13 por 100 en el quinquenio 1880-85 a constituir el 34,5 por 100 en el de 1896-1901. Los pastos, no obstante, eran el esquilmo que proporcionaba el grueso de los ingresos (el 85,5 por 100 en 1880-85 y el 62,5 por 100 en 1890-1901); la leña aportaba el resto (Archivo Municipal de Soria, Montes, leg. 12). Para el conjunto de los montes de la provincia, la madera representó en torno al 40 por 100 del valor de los aprovechamientos forestales hasta la Guerra Civil, siempre superados por los pastos, cuya importancia cayó en picado a partir de los años 40, en beneficio de la madera y la resina [Calavia (1985), t. II, p. 516, cuadro 130]. La resinación empezó a cobrar cierta importancia en los años finales del siglo XIX en los pinares de Almazán, Tardelcuende y Quintana Redonda [Herrero (1903), p. 30]. En 1906-1910 ya constituía el 3,3 por 100 del valor de los aprovechamientos a escala provincial; tras la Guerra Civil y hasta comienzos de los años 70 representó entre el 15 y el 20 por 100 [Calavia (1985), t. II, p. 516, cuadro 130].

[9] Herrero (1903), pp. 30-31.

[10] Archivo del Banco de España, Secretaría, leg. 1.027; Ordax (1887), p. 38.

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