LOS MONTES Y LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN SORIA ENTRE EL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA LIBERAL – I

Vamos con la segunda de las charlas que se dieron en las Jornadas Forestales celebradas en Covaleda en el año 2005. En esta ocasión se trata de una charla dedicada a Los Montes y los aprovechamientos forestales en Soria entre el final del antiguo régimen y la consolidación del sistema liberal, charla impartida por D. Emilio Pérez Romero, Doctor en Historia.

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LOS MONTES Y LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN SORIA ENTRE EL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA LIBERAL

Emilio Pérez Romero

Doctor en Historia

  1. Introducción

El estudio de los montes españoles desde un punto de vista histórico ha experimentado un considerable avance en los últimos años[1]. Sin embargo, el caso soriano no ha recibido aún suficiente atención; desde luego, no una atención proporcionada a su importancia, tanto si tenemos en cuenta la superficie que el monte ha ocupado y ocupa en la provincia[2] como si atendemos a sus singularidades.

Aquí abordaré la forma en que la implantación del régimen liberal afectó a los montes públicos sorianos. Primero, esbozaré la situación de partida. Para ello no abarcaré todo el territorio provincial, dada la gran diversidad de situaciones que en aquél se daban en la etapa final del Antiguo Régimen.

Consideraré un solo caso, que en bastantes aspectos puede considerarse representativo, el de la Tierra de Soria, de cuyos montes describiré, brevemente, las formas de titularidad, las modalidades de aprovechamiento y sus funciones económicas en el siglo XVIII. Después, basándome en los pocos trabajos disponibles, expondré las principales transformaciones que la propiedad, la gestión y la explotación de los montes sorianos, en especial los pinares, experimentaron en el transcurso del siglo XIX, como consecuencia tanto de la nueva política forestal como de los cambios económicos que afectaron a la provincia. En relación con ello, señalaré las implicaciones sociales y los efectos que para la conservación de los bosques tuvieron dichos cambios. El conocimiento de las condiciones y los avatares de este proceso es esencial para, a su vez, entender la pervivencia hasta hoy de ciertas prácticas de aprovechamiento, como los repartos vecinales (las “suertes de pinos”), que podrían considerarse anacrónicas.

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  1. Los montes en la Tierra de Soria en el siglo XVIII

Para entender el régimen (titularidad y gestión) al que se ajustaban los patrimonios comunales —y, como parte de ellos, los montes— en el Antiguo Régimen se debe partir de que el marco básico en el que hay que considerarlos no eran los municipios sino la comunidad de villa y tierra, regida por dos instituciones, el Ayuntamiento de Soria y la Junta de la Universidad de la Tierra, que se controlaban y limitaban mutuamente.

  1. a) El régimen general de aprovechamientos comunales

En el aspecto que nos ocupa, lo sustancial era la existencia de una amplia comunidad de pastos y de aprovechamientos que, en distinto grado, afectaba a todo el territorio y de la que participaban todos los vecinos de la jurisdicción, independientemente de que residieran en uno u otro pueblo dentro de ella. A este respecto, en la Tierra de Soria podían distinguirse tres tipos de espacios:

1.- Los “términos apartados”, “propios” o “peculiares” de cada pueblo (su “primitiva dotación”), que, a su vez, —dejando a un lado la superficie ocupada por el caserío, los caminos y otros espacios públicos de parecida naturaleza— constaban de tres componentes: las tierras de propiedad particular (básicamente, los campos cultivados y los prados), las pertenecientes al concejo (bienes de propios) y los espacios en que los vecinos del pueblo gozaban de derechos de uso preferentes sobre los vecinos de los demás lugares de la jurisdicción. Estos últimos eran las dehesas boyales y algunos montes[3] a los que se les aplicaba el calificativo de “concejiles”, sin que de ello pueda deducirse que su propietario fuera el concejo. La norma era que su aprovechamiento fuera comunal, aunque, eventualmente, podían ser “apropiados” (arrendados como si se tratase de bienes de propios) o arbitrados (imponiendo el pago de tasas por ciertos usos o actividades). Por otro lado, también las tierras de propiedad privada estaban sujetas a aprovechamientos colectivos que, igualmente, podían ser objeto de arrendamiento en beneficio de las arcas del concejo, como ocurría, por ejemplo, con las rastrojeras.

2.- Los baldíos” o “realengos”, que abarcaban todo el territorio que no formaban parte de ninguna de las categorías mencionadas en el apartado anterior, y que, por ello constituía un espacio de común aprovechamiento, al que tenían acceso en pie de igualdad todos los vecinos de la jurisdicción. Estos “baldíos” o “realengos” podían estar ubicados dentro o fuera —y, en este último caso, entre— los términos de los distintos pueblos, dado que la delimitación de éstos respondía más a motivos fiscales y administrativos que dominicales. Los aprovechamientos que podían realizarse en ellos eran tanto pastoriles como forestales. No obstante, la mancomunidad de pastos era la clave de todo el sistema. Cuando un lugar se despoblaba, salvo las tierras de propiedad privada, todo lo que había sido su término “apartado” (y aquí se capta el sentido de este término), es decir los bienes de propios, la dehesa y el monte concejil, retornaban a la categoría de “baldíos” o “realengos”, aunque solían diferenciarse de éstos con la denominación de “derraigados” o “despoblados”, puesto que siempre cabía la posibilidad de que fueran repoblados y de que se reconstituyera la comunidad vecinal, en cuyo caso, ésta recuperaba los espacios “concejiles”.

3.- Finalmente, también había espacios “privilegiados”, entendiendo por tales los de aprovechamiento comunal sobre los que los vecinos de un pueblo habían adquirido —por compra o donación real— un derecho de uso privativo que les facultaba para acotarlo y sustraerlo de forma completa y permanente de la comunidad jurisdiccional de pastos y aprovechamientos. Podía tratarse de una dehesa, de un monte o de un término completo, como era el caso de Covaleda y Duruelo.

En el funcionamiento de este sistema resultaba esencial la noción de vecindad. La condición de vecino de la jurisdicción y, dentro de ella, de uno u otro pueblo determinaba el alcance de los derechos de aprovechamiento. Las normas que regulaban la vecindad en el siglo XVIII seguían basándose en el Fuero y eran bastante simples (lo que no significa que su aplicación no fuera problemática y conflictiva): se tenía derecho a participar de la mancomunidad jurisdiccional de pastos y aprovechamientos si se era vecino de Soria o de algún pueblo de la Tierra; esta vecindad se adquiría y mantenía teniendo casa abierta en la que residiera la mayor parte de la familia durante la mayor parte del año; y, a efectos de aprovechamientos, no se podía ser vecino de varios pueblos simultáneamente.

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  1. b) Los tipos de montes

Todo lo anterior tenía una traducción concreta en el caso de los montes.

En el siglo XVIII, dentro del territorio de la antigua Tierra de Soria, dejando a un lado los de propiedad particular, que apenas ocupaban un 5 por 100 de la superficie forestal, los montes se dividían en dos grandes categorías: montes realengos y montes concejiles4. Esta distinción, vigente ya a finales del siglo XV, hacía referencia, como se ha explicado, más a los derechos de aprovechamiento que a los de propiedad. Todos eran comunales; pero mientras que los realengos estaban abiertos a todos los vecinos de la jurisdicción de ciudad y Tierra, en los concejiles gozaban de derechos preferentes o exclusivos “el concejo y los vecinos” de un lugar concreto, derechos que, al menos desde 1606, podían regular y ejercer sin interferencias del Ayuntamiento de la capital. Éste conservó hasta el final del Antiguo Régimen el control de los montes realengos. Un caso poco frecuente era el de los pueblos con montes o términos privilegiados. 

  1. c) El aprovechamiento de los montes

Los esquilmos de los montes eran básicamente de tres tipos: a) pastos y frutos de los árboles, para la alimentación del ganado; b) leña —y carbón—, como combustible para los hogares y ciertos establecimientos industriales (hornos, fraguas, etc.), y c) madera, como materia prima para la construcción de edificios y la fabricación de carros, muebles y todo tipo de enseres. Su importancia relativa, teniendo en cuenta tanto su valor de uso como su valor de cambio seguía, seguramente, este mismo orden: pastos, leña y madera. Debe repararse en que los dos primeros usos tienen que ver con la disponibilidad de energía por parte de las comunidades rurales, en forma de tracción animal y de combustible para la cocina, la calefacción y otros usos productivos.

El grueso de los aprovechamientos iba destinados a satisfacer las necesidades, domésticas y productivas, de las familias campesinas, y éstas los realizaban de forma directa y gratuita, es decir, sin que los esquilmos pasasen por ningún mercado. Otra parte —fundamentalmente, leña y madera en bruto[4], semielaborada o elaborada— se destinaba a la venta en los principales núcleos de población de la comunidad de villa y Tierra, sobre todo en la capital, y en otras partes del reino. Los pastos, en cuanto eran utilizados por rebaños trashumantes, contribuían a un negocio de alcance internacional que fue muy rentable durante la mayor parte del siglo XVIII: la producción y exportación de lana fina de ovejas merinas.

Los aprovechamientos eran directos y gratuitos, pero estaban sujetos a regulación. La del Fuero —la más antigua— fue actualizada en 1497 con unas ordenanzas que regían tanto para los montes realengos como para los concejiles. Éstas prohibían: acotar o roturar “términos reales”; arrancar cualquier tipo de árbol; talar hayas y pinos, así como robles y encinas con frutos; cortar leña, especialmente en los “montes nuevos”, y sacar leña o madera fuera de la jurisdicción de ciudad y Tierra. En definitiva, tan sólo se permitían el pastoreo y la recogida de leña seca por parte de los vecinos para su propio uso. Los demás esquilmos quedaban prohibidos, salvo con licencia del concejo de Soria. En 1606 una ejecutoria reconoció a los pueblos la capacidad de regular los aprovechamientos de madera y leña en los montes concejiles. Estas normas ponen de manifiesto una concepción de los montes como espacios de los que se obtenían recursos imprescindibles para la subsistencia y que debían preservarse de una explotación abusiva o mercantil.

Si en las zonas cuya dedicación principal era la agricultura el monte desempeñaba un papel esencial, éste era aún más importante en el norte y noroeste de la actual provincia. Los datos del Catastro de Ensenada muestran que en el siglo XVIII, como en épocas anteriores, la actividad principal de muchos pueblos de esta zona era la carretería, complementada con la elaboración de útiles de madera. No es necesario explicar que los pinares resultaban fundamentales para ambas ocupaciones, lo cual explica el extraordinario interés por su conservación que muestran las ordenanzas con que algunos de esos pueblos regularon los aprovechamientos forestales. Buen ejemplo de ello son las de Covaleda (1683-84) o, fuera de la Tierra de Soria, las más antiguas de Abejar y Cabrejas del Pinar (1564).

En cuanto a la corta y extracción de madera para su venta como materia prima, la información disponible es escasa. Parece que la mayor parte de la madera de pino que se utilizaba en Madrid procedía de los bosques sorianos[5].

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Pero, probablemente, la explotación maderera era una actividad secundaria en relación con la carretería y, en buena medida, subordinada a ésta. La localización periférica del crecimiento urbano en el siglo XVIII (salvo el caso de Madrid) y la tendencia, debida a la carestía de los transportes, al abastecimiento local de materiales de construcción invitan a suponer que la exportación de madera desde los pinares sorianos no debió de alcanzar una escala importante. No obstante, esto es algo aún por dilucidar.

La principal novedad en cuanto a normativa forestal que se produjo durante la centuria fue la promulgación de las Ordenanzas de Montes y Plantíos de 1748[6]. Éstas encomendaban a los corregidores la conservación y el fomento de los montes, para lo cual les otorgaban amplias competencias en orden a su cuidado, repoblación y vigilancia. La 16ª de estas ordenanzas prohibía que se talasen o arrancasen árboles sin licencia real, de modo que los vecinos, “para proveerse de la leña necesaria”, sólo podían “aprovechar las ramas, dexando en ellos horca y pendón por donde críen, medren y se mantengan” y aún esto bajo la supervisión de “celadores expertos”. Las infracciones podían castigarse con multas, prisión e, incluso, el destierro. No obstante, en última instancia, la aplicación de las Ordenanzas dependía de las autoridades locales (“Concejo, Justicia y Regimiento de cada pueblo”), a las que correspondía supervisar las tareas de limpieza y repoblación, autorizar ciertos aprovechamientos, nombrar y pagar —con cargo a los propios o mediante repartimiento entre los vecinos— a los correspondientes “guardas de campo y monte”, juzgar las causas de menor consideración y trasladar a los corregidores las más graves. En definitiva, los pueblos siguieron gozando de un amplio margen de maniobra para la explotación de sus montes.

Nos falta información para determinar la incidencia que en la práctica tuvieron estas Ordenanzas. Pero en 1795 se ordenó que se reimprimiesen y se distribuyesen entre los pueblos de la provincia de Soria porque los encargados de aplicarlas alegaban “ignorar su contexto, por no haberla[s] visto ni tenerla[s]” en los archivos municipales[7]. Lo cierto es que las Ordenanzas de 1748 —a las que debían sujetarse cualesquiera privilegios, exenciones u ordenanzas locales— no se compadecían con la forma en que los pueblos de pinares habían regulado y verificado tradicionalmente los esquilmos forestales[8]. La respuesta de algunos pueblos fue la petición a la Corona de autorización para poder cortar y repartir entre los vecinos un determinado número de árboles al año, atendiendo a las especiales necesidades de madera que planteaba su modo de vida. Por lo que se refiere a los de la actual provincia de Soria, sabemos que obtuvieron una concesión de este tipo (“pinos de privilegio”) la villa de San Leonardo y los pueblos de su jurisdicción (Navaleno, Casarejos y Vadillo), en 1760[9]. Otros, como Covaleda, lograron que el Consejo de Castilla ratificara sus propias ordenanzas; en tanto que la mayoría debió de seguir practicando cortas sin un respaldo de este tipo, aunque la Junta de la Universidad solicitó y obtuvo en 1787 una real provisión que relajaba el control sobre los aprovechamientos vecinales de madera[10]. Sea como fuere, los repartos vecinales de pinos siguieron realizándose en algunos pueblos, de modo que la continuidad de esta práctica pudo ser esgrimida —con éxito— en la segunda mitad del siglo XIX como argumento para que dichos repartos fueran reconocidos y aceptados por las autoridades administrativas o judiciales[11].

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[1] Jiménez Blanco (2002).

[2] En el texto, nos referimos básicamente a los montes arbolados.

[3] También, probablemente, las eras.

[4] En otras partes de la provincia, la existencia de señoríos complicaba más el  panorama. Véase al respecto, Alcalde (1997).

[5] Hay que entender que de los de la antigua provincia de Soria. Ringrose (1985), p. 252.

[6] Novísima Recopilación, libro VII, título XXIV, ley XIV.

[7] Ordenanza (1795), pp. 1-2.

[8] La ordenanza 31ª determinaba: “En atención á los [daños] que también se han originado del abuso de dar los Concejos y Justicia por su propia autoridad licencias para entresacar los montes, y cortar árboles de pie para fábricas de madera á propios usos; se les prevenga, encargue y mande de nuevo, se abstengan de cometer este exceso, baxo la pena de ser castigados con el mayor rigor; sobre que deberán celar mucho los Corregidores, y en que solo permitan uno ú otro árbol en caso de necesidad para los propios obrages de los vecinos”.

[9] Real Provisión de 29 de marzo de 1760. Navaleno obtuvo una concesión adicional por Real carta de 26 de febrero de 1794. Los derechos de los vecinos de San Leonardo al reparto de pinos ya aparecen recogidos en sentencias y ejecutorias del siglo XVI, citadas en Calavia (1985), t. II, pp. 521-522. Por lo que se refiere a los pueblos de la actual provincia de Burgos, véase Moreno (1991). También Kleinpenning (1962), pp. 49-50.

[10] Pérez Romero (1995), pp. 123-124.

[11] Boletín Oficial de la Provincia de Soria, 16 de septiembre de 1901.

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