LOS APROVECHAMIENTOS COMUNALES EN LAS COMUNIDADES DE VILLA Y TIERRA CASTELLANAS – III

LOS APROVECHAMIENTOS COMUNALES EN LAS COMUNIDADES DE VILLA Y TIERRA CASTELLANAS – III

4.- La regulación del aprovechamiento de los términos realengos

El usufructo de los términos realengos estaba reconocido en la Tierra de Soria al conjunto de vecinos de la ciudad y sus aldeas, sin ninguna discriminación de unos respecto a otros. Pero no debemos olvidar que era el concejo de Soria, donde eran mayoritarios los oficiales vecinos de la ciudad mientras que sólo había una exigua representación de la Tierra, la única institución capacitada para regular su régimen de aprovechamiento, por lo que habitualmente prevalecieron los intereses de la población urbana sobre los de la población rural a la hora de determinar la dedicación de estos extensísimos términos.

Las normas fundamentales reguladoras del modo de aprovechamiento de los términos realengos estaban recogidas en el fuero extenso otorgado por el rey Alfonso VIII, del que sólo se conservan versiones tardías romanceadas, del siglo XIII, que probablemente contienen modificaciones respecto a la versión primitiva. No obstante se trata de unas normas muy genéricas, relativas al corte de leña y a la práctica de la caza y la pesca, que dejaban un gran número de cuestiones sin regular y permitían un amplio margen de discrecionalidad en su aplicación. Por ello la capacidad reconocida al concejo soriano para decidir el tipo de aprovechamientos que podían realizarse en los realengos era enorme, y consecuentemente las personas o grupos que controlaban esta institución disponían de un instrumento sumamente útil para asegurar que sus intereses económicos particulares quedasen en cada momento convenientemente atendidos.

midiendo la madera

Probablemente por este motivo los oficiales del concejo soriano apenas mostraron interés durante los siglos XIII, XIV y XV por complementar las disposiciones del fuero con una normativa adicional en forma de ordenanzas, que reglamentasen aspectos particulares del régimen de aprovechamiento de los realengos sobre los que nada se decía en el texto foral.

Debieron preferir no quedar maniatados por un cuerpo de leyes que apenas dejase espacio para la discrecionalidad, para estar así en condiciones de poder tomar en cada momento con mayor libertad las decisiones que considerasen más convenientes para sus intereses. Y, en efecto, hasta el año 1497, en que fueron aprobadas por el concejo de Soria unas importantes ordenanzas que regularon muchos y variados aspectos del aprovechamiento de los términos realengos, complementando o modificando las disposiciones del fuero, estas últimas fueron las únicas que proporcionaron un elemento de referencia para la resolución de los numerosos conflictos surgidos en torno a dicho aprovechamiento.

El amplio margen de discrecionalidad que este modelo de regulación aseguraba a quienes controlaban la institución del concejo soriano resultaba además reforzado por el hecho de que era éste el encargado de designar a los oficiales encargados de la vigilancia de los términos realengos. Según el fuero cada una de las 35 collaciones en que comenzó estando dividida la ciudad debía nombrar cada año dos caballeros para que guardasen los montes y los términos, los cuales habían de recibir en compensación por su trabajo el montante de todas las multas que impusiesen a los infractores que hiciesen un uso indebido de los mismos. Este modelo de retribución sin duda favorecía un ejercicio abusivo del oficio, que al quedar reservado para los caballeros, miembros del grupo privilegiado, tendió a adquirir progresivamente un carácter de prebenda. Y esta evolución llegó a su culminación en el transcurso de los siglos bajomedievales, cuando los oficios de guardas de los términos realengos, conocidos como montaneros, terminaron convirtiéndose en patrimonio de los Doce Linajes de la Ciudad de Soria, que pasaron a sustituir a las collaciones en la función de designar cada año a estos oficiales, que se habían de reclutar entre los hidalgos miembros de los dichos linajes, a razón de un montanero por linaje.

Ni que decir tiene que este régimen de selección de los encargados de velar por la conservación de los realengos favorecía los intereses de los miembros de la oligarquía hidalga de la ciudad de Soria en detrimento de los de los campesinos de la Tierra, al tiempo que propiciaba el ejercicio abusivo del oficio, que por muchos fue considerado como un simple instrumento para su enriquecimiento personal. Y todo esto no favoreció en absoluto una explotación racional de los abundantes recursos existentes en los realengos de la Tierra de Soria, al tiempo que disparó la desconfianza de los campesinos hacia la oligarquía ciudadana.

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Explotación de los realengos como bienes de propios del concejo de Soria: Los conflictos con la Universidad de la Tierra La explotación de los términos realengos como bienes de propios por el concejo de Soria tenía su principal fundamento jurídico en un privilegio que le fue concedido en 1256 por el rey Alfonso X, en el que le hacía merced de poder tener sus montes y dehesas libres, quedándose para sí todo lo que sacase de ellas. En la práctica, sin embargo, el concejo no hizo uso de forma sistemática ni regular de esta facultad, sino que por el contrario dio prioridad al aprovechamiento en régimen comunal, y sólo de forma irregular y esporádica recurrió a ceder a renta el derecho de aprovechamiento de determinados términos realengos para obtener ingresos con los que atender necesidades financieras concretas.

En rigor, por tanto, no cabe hablar de la existencia en la época de una nítida distinción entre bienes de propios y bienes comunales, sino que un mismo término unos años podía ser aprovechado en régimen comunal, y otros cederse a renta a un particular su usufructo, como si de un bien de propios se tratase, para destinar el dinero obtenido de la operación a la hacienda concejil. No obstante en el transcurso del siglo XVI ya empezó a abrirse paso la noción de que algunos términos en particular formaban parte del cuerpo de bienes de propios del concejo de la ciudad y Tierra de Soria, y no podían confundirse con los realengos que se aprovechaban en régimen comunal. Así nos lo testimonia, por ejemplo, el argumento empleado por este concejo en la década de 1580 para oponerse a la venta del término de Aleza, que pretendía llevar a cabo el juez comisionado por Felipe II para proceder a la enajenación de las tierras baldías, o realengas, al advertir que se trataba de un término despoblado y por tanto “había acrecido el término de la ciudad y formaba parte de sus propios”.

No vamos a entrar aquí en valorar la lógica de este razonamiento, pero en cualquier caso proporciona una buena prueba de que existía la balbuciente noción de bienes de propios concejiles, y de que se entendía que el rey no tenía potestad para enajenar este tipo de bienes, pues formaban parte del patrimonio del concejo. Y ciertamente la mayor parte de los términos que a partir del siglo XVI fueron regularmente cedidos a renta por el concejo de Soria para destinar su producto a la hacienda concejil nos consta que correspondían a despoblados, por los que se había litigado en la Chancillería de Valladolid para arrancarlos de manos de ciertas personas que habían tratado de usurparlos.

Precisamente por este motivo se planteó un enconado conflicto a mediados del siglo XVI entre el concejo de Soria y la Universidad de la Tierra, porque esta última institución denunció que, habiendo contribuido los vecinos de las aldeas en la financiación de los pleitos seguidos en la Chancillería para que volviesen a ser términos comunes y públicos algunos que estaban ocupados por personas particulares, después de haber sido recuperados, el concejo de Soria había procedido a arrendarlos, y no había consentido compartir la renta con la dicha Universidad. Por consiguiente ésta en 1547 reclamó que estos términos recuperados por sentencias de Chancillería volviesen a ser aprovechados en régimen comunal por todos los vecinos de ciudad y Tierra, y que además se le abonasen cinco octavos del total de la renta que el concejo soriano había obtenido hasta entonces de los arrendamientos de dichos términos para labranza, pasto y montanera de cerdos. El concejo de Soria replicó a esta demanda de la Universidad con el argumento de que, según la costumbre inmemorial, los términos de los lugares que se despoblaban pasaban a engrosar los propios de que disponía dicho concejo para atender sus necesidades, y que por lo tanto no podían ser aprovechados en régimen comunal, ni tampoco estaba el concejo obligado a compartir renta alguna con la Universidad. Pero este razonamiento no convenció a los jueces de la Chancillería de Valladolid, que al año siguiente, en 1548, dictaron sentencia por la que dispusieron que los términos objeto de litigio fuesen dedicados al pasto y aprovechamiento común de todos los vecinos de Soria y su Tierra, aunque también dejaron abierta la posibilidad de que, con consentimiento de la Universidad, se pudiesen arrendar, abonando a esta última el porcentaje de la renta con el que se le obligaba a contribuir en los repartimientos que efectuaba el concejo. Es decir, se reconocía a la Universidad el derecho a participar en los provechos en la misma proporción en que contribuía a las cargas.

Y, en efecto, a partir de entonces, el concejo de Soria y la Universidad se estuvieron repartiendo por mitad la renta obtenida de ciertos términos que se cedían todos los años a particulares para labranza o para aprovechamiento de montanera. Estos pocos términos podemos considerar, por tanto, que se consolidaron como auténticos bienes de propios de estas dos instituciones, a los cuales habría que añadir otros en los que la renta percibida quedaba en su totalidad a favor del concejo de Soria. Pero todos ellos representaban una fracción insignificante del extenso conjunto de términos realengos que albergaba la Tierra de Soria, que además proporcionaban unos ingresos muy escasos, en cereal y en dinero. Y por tanto su relevancia  desde el punto de vista económico fue muy escasa.

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En cualquier caso, como hemos adelantado, el concejo de Soria recurrió en otras ocasiones a otros términos realengos distintos de los anteriores para ceder en ellos derechos de aprovechamiento por breves períodos de tiempo a cambio de rentas en dinero. En ocasiones se trató de simples concesiones de licencias para meter en tales términos, a veces sin especificar cuáles, cierto número de cabezas de ganado propiedad de forasteros. Así, por ejemplo, en 1489 se concedió licencia para que pudiesen entrar 1.000 cabras de la villa de San Leonardo, para recaudar dinero con el que financiar la reparación de las iglesias de La Cruceja y La Tablada, que eran propiedad de la Diputación de los Doce Linajes de Soria. Y, más adelante, en 1508 y 1509 se otorgaron varias licencias a ganaderos de Borobia, Ágreda, Yanguas e incluso del reino de Aragón para meter a pastar en los términos realengos de Sequeruelo y Toranzo cierto número de cabezas de ganado ovino, destinándose en esta ocasión el dinero recaudado a la reparación de la iglesia de San Sebastián de Soria y a la financiación de los gastos que generase la confirmación de los privilegios de la ciudad en la cancillería regia.

Estas operaciones tuvieron, sin embargo, un marcado carácter puntual y además generaron bastante oposición, porque el incremento progresivo del número de cabezas de ganado ovino trashumante en manos de vecinos de la ciudad y Tierra de Soria llegó a provocar un cierto estado de saturación durante los meses del verano, y no se consideraba en consecuencia oportuno agravarlo aún más mediante la concesión de licencia de entrada a ganados de forasteros. Y, dado que en el transcurso del siglo XVI la institución del concejo de Soria terminó quedando controlada por los principales señores de ganados de la ciudad, que en ocasiones llegaron a reunir cabañas de en torno a las 30.000 cabezas, se impuso el criterio de no admitir la entrada a los realengos de ningún ganado de fuera de la jurisdicción, para que pudiesen aprovechar sus pastos en su integridad los ganados de los vecinos de la ciudad y sus aldeas, mientras que se recurría a otros expedientes para recaudar el dinero necesario con el que atender las necesidades financieras del concejo.

El aprovechamiento de los realengos en régimen comunal Hasta el fin del Antiguo Régimen, a comienzos del siglo XIX, el régimen de aprovechamiento de los términos comunales dominante en la Tierra de Soria fue el comunal, en virtud del cual todos los vecinos de la ciudad y de las aldeas podían acceder en igualdad de condiciones a los mismos, y de forma plenamente gratuita, aunque se establecieron algunas excepciones en los casos en que se autorizó la labranza en dichos términos.

En efecto, la extraordinaria extensión que alcanzaban los realengos en época medieval explica que entre ellos hubiese algunos terrenos aptos para el cultivo del cereal, la viña o el lino, por citar sólo algunos de los productos más relevantes. Y por contra en muchas aldeas sus vecinos no contaban con suficientes heredades propias para poder mantener a sus familias, por lo que en períodos de expansión demográfica, como el que tuvo lugar en las últimas décadas del siglo XV y primeras del XVI, los representantes de estas aldeas se dirigieron al concejo de Soria o a la propia monarquía solicitando que se les autorizase a poder labrar en los realengos para poder mantenerse, pues de lo contrario dichas aldeas volverían a despoblarse. Con bastante frecuencia estas licencias fueron concedidas, y en otras ocasiones las roturaciones se realizaron

de forma ilegal, siendo legitimadas a posteriori. Pero en todos los casos el concejo de Soria puso buen cuidado en garantizar que la autorización de la labranza no conllevase la pérdida del carácter realengo del término en que ésta se efectuaba, y por ello insistió en que los roturadores pagasen una cantidad simbólica en reconocimiento de la propiedad eminente del concejo y del rey.

Las tierras realengas dedicadas a la labranza fueron relativamente abundantes hasta bien entrado el siglo XVI, pero a fines de este siglo experimentaron una importante contracción como consecuencia de la decisión tomada por el rey Felipe II a comienzos de la década de 1580 de poner a la venta tierras realengas para atender las urgentes necesidades financieras que en aquellos momentos apremiaban a la Real Hacienda, pues fueron precisamente los terrenos más aptos para la labranza los que más atrajeron la demanda de los compradores. Y como consecuencia a partir de entonces el aprovechamiento de los realengos para el cultivo de cereal, viña u otros productos pasó a ser totalmente marginal, pues los pocos que presentaban aptitudes para ello eran cedidos a renta como bienes de propios por el concejo de Soria y la Universidad de la Tierra, según ya hemos indicado.

Mucha más relevancia tuvo desde el punto de vista económico, hasta bien entrado el siglo XIX, el aprovechamiento de los realengos para el mantenimiento del ganado. En concreto fueron los pastos de verano los que más apetencias despertaron, y los que efectuaron una contribución más importante al desarrollo económico de Soria y su Tierra en estos siglos, pues constituyeron un elemento clave para el mantenimiento de la numerosa cabaña de ganado trashumante reunida por los propietarios vecinos de esta jurisdicción. Por supuesto fueron unas pocas familias las que acapararon la mayor parte de los abundantes beneficios que generó este tipo de aprovechamiento, puesto que la propiedad de la cabaña de ganado trashumante estuvo muy polarizada, y unos pocos propietarios reunían la mayor parte de la misma. Pero a la sombra de estas familias de grandes señores de ganados vivieron también numerosos pastores avecindados en aldeas serranas que gracias a ello lograron convertirse entonces núcleos mucho más dinámicos y poblados que en la actualidad.

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En cualquier caso no fueron los ganados trashumantes los únicos que se aprovecharon de los extensos términos realengos que abarcaba la Tierra de Soria, aunque sin duda el aprovechamiento por ellos realizado sí destacó durante mucho tiempo por ser el más rentable desde el punto de vista económico. También los ganados ovinos mantenidos en régimen estante por las campesinos de la Tierra de Soria tuvieron acceso a estos términos, sobre todo durante los meses de invierno, cuando los montes con abundante arbolado podían proporcionarles cierto cobijo frente a las inclemencias del duro invierno soriano. En efecto, muchos campesinos mantuvieron pequeños hatos de ganado ovino, casi siempre por debajo del centenar de cabezas, para los que ni siquiera disponían de establos donde poder acogerlos en los días más crudos del invierno, y que debían por lo tanto permanecer a la intemperie todo el año. Para estos ganados los montes ofrecían durante el invierno el refugio más adecuado, y los que formaban parte de los realengos sabemos que fueron utilizados con este fin por los vecinos de las aldeas que se localizaban cerca de los mismos. Así, en concreto, nos consta que en los montes realengos más próximos a las aldeas de Vinuesa y Salduero el concejo de Soria asignaba cada año un término a éstas y otras aldeas del entorno para que sus vecinos pudiesen meter allí sus ganados desde que se diese por finalizada la temporada de montanera, a mediados de noviembre, hasta el día de San Juan de junio.

Hasta mediados de noviembre, por su parte, eran otros los ganados que tenían reservado el acceso a los montes, en particular a aquéllos poblados por robles, hayas y otros “árboles de fruillevar que desgrana de bellota”. Se trata de los cerdos, para los que se reservaba el aprovechamiento en exclusividad de este tipo de montes desde la fiesta de San Miguel (29 de septiembre) hasta la de San Martín (11 de noviembre). En este período todos los vecinos de la ciudad y sus aldeas podían llevar sus cerdos a los montes realengos que quisiesen sin tener que abonar derecho alguno, pero les estaba vedado el varear los árboles para que cayese de ellos la bellota, de modo que los cerdos sólo podían comer la que ya estuviese en el suelo. Por el contrario diversos oficiales del concejo de Soria, y muy en particular los regidores, se arrogaron el derecho a poder varear en estos montes, como compensación a sus trabajos en pro de la conservación de los mismos. Aquí tuvo su origen la práctica del arrendamiento por cada uno de estos oficiales de una vara, es decir, una licencia para meter en los montes cierto número de cerdos de propietarios forasteros, con derecho a aprovechar la bellota obtenida por el procedimiento del vareo. Y por este motivo, a mediados del siglo XVI, la Universidad de la Tierra de Soria siguió pleito en la Chancillería contra estos oficiales, a los que acusó de causar un notable perjuicio a los vecinos de las aldeas dueños de cerdos mediante el arrendamiento de las susodichas varas.

En cualquier caso no disponemos de indicios que nos lleven a sospechar que los montes realengos sorianos llegasen a acoger en los meses del otoño grandes manadas de cerdos  provenientes de otras comarcas, y tampoco sabemos de vecinos de la jurisdicción que se especializasen en la cría de este tipo de ganado para su posterior comercialización a gran escala, y llegasen a reunir gran número de cabezas con las que literalmente invadiesen los montes en los meses de montanera. Por el contrario todo indica que este tipo de  aprovechamiento se mantuvo en los márgenes de la economía de subsistencia, y no se llegaron a plantear graves conflictos como consecuencia de una sobresaturación de los montes en los meses del otoño.

Un carácter similar tuvo el aprovechamiento de estos montes para la caza y la pesca, pues se trató de actividades practicadas por los campesinos de la Tierra con el objetivo principal de satisfacer sus necesidades domésticas, y contribuir así a la subsistencia de sus familias, o a lo sumo de comercializar pequeños excedentes. Ambas pudieron ser practicadas libremente por todos los vecinos, aunque bajo ciertas restricciones. Así las ordenanzas aprobadas por el concejo de Soria en 1497 prohibieron que al pescar en los ríos de la jurisdicción se utilizasen técnicas que destruían la pesca menuda, que todavía no había crecido lo suficiente, y todas aquellas otras que provocaban una importante disminución de las reservas de pescado en los cursos fluviales. Y también dispusieron que en determinados trayectos de estos cursos quedase prohibida la práctica de la pesca para que quedasen reservadas a la reproducción de los peces. En lo relativo a la regulación de la práctica de la caza estas ordenanzas fueron bastante menos detalladas, y se limitaron a disponer que se multase con las penas dispuestas en la real ordenanza a quienes cazasen liebres o perdices “con fortuna de nieve”, es decir, cuando el suelo estuviese cubierto de nieve.

Además de los aprovechamientos señalados, también alcanzó notable importancia en los realengos sorianos el de corta de leña y madera, pero, teniendo en cuenta el carácter de estas jornadas, le dedicaremos a continuación un apartado específico, en el que daremos cuenta de la diferente forma en que los vecinos de unas y otras aldeas abordaron este tipo de aprovechamiento, y de la conflictividad que generó cuando desde el concejo de Soria se intentó someterlo a un control más estricto del previsto inicialmente en el fuero.

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