EL DERECHO DE SUERTES EN LA ZONA DE PINARES DE SORIA – FINAL

EL DERECHO DE SUERTES EN LA ZONA DE PINARES DE SORIA – FINAL

Covaleda 1920

8. CONCLUSIONES PROVISIONALES

De lo hasta ahora dicho sobre este tipo de aprovechamientos vecinales puede deducirse que pese a tratarse de bienes comunales (originariamente de la comunidad) el derecho de aprovechamiento de los vecinos se han transformado en unos derechos híbridos ejercitados bajo una peculiar forma dominical de uso individual, deviniendo en una especie de gravámenes sobre los bienes de propios.

Pero si una institución se caracteriza por su esencia, a los montes comunales catalogados hay que asignarles la del dominio público especial, ya que, aunque no cualquier vecino pueda beneficiarse de ellos, su utilidad pública es incuestionable (siendo lo que precisamente les califica) situándolos en un conjunto tripartito de intereses que afecta a los vecinos, al Municipio y a la Administración forestal.

Ya desde un plano marginal para la Historia de las instituciones, los derechos vecinales que en la práctica actual vienen a funcionar como verdaderas indemnizaciones compensatorias en especie y ciertamente no pueden ser ejercidos independientemente de la población integrada en la socio-economía de la zona, son materializados sin tener en cuenta que su razón de ser ha quedado en muchos casos desplazada y obsoleta[1]. En algunos municipios, aun siendo más racional vender en común, la asignación de «suertes» queda concretada en un número determinado de árboles diseminados por el monte implicando una gestión antieconómica del mismo. Sería por ello buena medida la modificación de las O.E. orientándolas al reparto vecinal de un porcentaje del valor anual de adjudicación que resultase de los aprovechamientos maderables y leñosos en lugar de hacia el reparto de productos en pie incompatible con la explotación económica de los montes. Y aunque todo cambio de usos y costumbres que rigen la distribución de los productos maderables de estos pueblos entrañaría serias dificultades por parecer un ataque a los derechos consuetudinarios vecinales tan constreñidos por la norma administrativa, sería también deseable la unificación de criterios en las Ordenanzas Especiales reguladoras para eliminar las diferencias existentes al respecto entre distintas localidades, aun respetando en lo posible la tradición y la normativa consuetudinaria de cada pueblo.

 Por otra parte, aunque los llamados «derechos de suertes» conectan con una perspectiva económica de autoconsumo, sólo ocasionalmente vinculada con amplios mercados, aún existen en nuestro suelo montes cuyos productos alcanzan a nivelar los presupuestos municipales y permiten la concesión gratuita al vecindario de «suertes» de valor apreciable que constituyen una fuente adicional de recursos y un epicentro de integración comunitaria que lleva a los particulares a afrontar la conservación, la custodia y la defensa del monte como algo propio, pasando la vinculación al monte a ser concebida no sólo como el ejercicio de un uso vecinal, sino también como un factor de participación en la gestión de los recursos del territorio. Por ello sería también deseable

que la nueva Ley de Montes, actualmente en elaboración, como sensor de la preocupación social por la conservación del patrimonio forestal, consagre unos «derechos de suertes» modernizados y acordes con la realidad socio-económica actual, por valorarlos como un factor de colaboración inestimable para la Administración forestal encargada, entre otras cosas, de planificar la estrategia de prevención de incendios.

Por último, debo agradecer el apoyo prestado a D. Miguel García Fuentes, ingeniero de montes y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid; a D. Ildefonso Manrique Ortego, ingeniero de montes de la Dirección General de Medio Ambiente de Soria; y a D. Jesús Rueda Fernández de la Dirección General de Medio Ambiente de Valladolid. Sin la desinteresada colaboración de todos ellos no me hubiera sido posible recabar la información necesaria para la elaboración de esta modesta reflexión.

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[1] El sesgo ideológico que inspirara la Ley del Régimen Local de 1948 (en la que se diseña una nueva estructura para los Ayuntamientos acorde con «el progreso y la tranquilidad de los pueblos»), en la que tiene su implante la ordenación/regulación de los aprovechamientos comunales por los Ayuntamientos, queda hoy día desplazado.

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