EL DERECHO DE SUERTES EN LA ZONA DE PINARES DE SORIA – II

EL DERECHO DE SUERTES EN LA ZONA DE PINARES DE SORIA – II

4. LOS MONTES COMUNALES DE LOS MUNICIPIOS

Los bienes comunales en la actualidad quedan definidos en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 1986 que los regula, como aquellos bienes cuyo dominio y titularidad corresponde al municipio, y cuyo aprovechamiento exclusivamente a los vecinos[1]. Dentro de este marco general que afecta a la totalidad de los bienes comunales, cabe advertir algunas peculiaridades cuando se trata de montes.

Los montes comunales de los municipios, que constituyen el objeto de estudio en que se centra nuestra atención, a pesar de su semejanza fonética y de ciertas similitudes en su régimen, deben ser diferenciados de los montes vecinales, ya que mientras que la titularidad y el dominio de los primeros corresponde al municipio como entidad de derecho público, en los segundos corresponde a las agrupaciones vecinales en cuanto particulares independientes del municipio.

Por otra parte, los montes de propiedad municipal pueden, o no, estar incluidos en el Catálogo de Montes[2], pasando, en caso de estarlo, a formar una categoría jurídico-administrativa específica, dotada de una regulación jurídica determinada por esta circunstancia.

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El Catálogo de Montes es un registro-inventario público de carácter administrativo (formando por provincias, con numeración independiente para cada una) en el que se agrupan los montes de utilidad pública por razón de su pertenencia. Creado por Orden del 12 de abril de 1862[3] remonta en sus antecedentes a la Ley Desamortizadora de 1 de mayo de 1855[4]. Pero si el sentido inicial del Catálogo era registrar allí los montes cuya venta debía exceptuarse por no considerarla oportuna[5], con el transcurso del tiempo fue cambiando hasta convertirse en una relación de presunciones posesivas, y en una lista de bienes que la Administración puede tener y retener aunque no puedan ser enajenados salvo que lo autorice la ley[6]. Por tanto, los efectos que se derivan en la actualidad de la inclusión de un monte[7] en el Catálogo, no prejuzga ninguna cuestión de propiedad, pero acredita la posesión a favor de la entidad a la que aquél asigna su pertenencia[8], lo que centra nuestra atención en los montes declarados de utilidad pública[9].

Desde el punto de vista de la legislación local los montes catalogados están incluidos en el patrimonio del Ayuntamiento o entidad local, con el carácter de propios, por no estar destinados al uso público y poder constituir fuente de ingresos para el erario municipal[10]. Pero desde el punto de vista del disfrute, los montes municipales, estén o no catalogados, quedarán sometidos por motivos de interés público a cuanto se establece en la Ley General de Montes[11].

Así pues, sobre los montes catalogados de las corporaciones locales gravita un régimen jurídico bifronte, presidido por un lado, por la determinación legal de su naturaleza como bienes del patrimonio de los municipios y, por otro lado, por la tutela que ejerce la Administración forestal del Estado sobre ellos, puesta de manifiesto en la regulación minuciosa de sus aprovechamientos que quedan sometidos a una serie de condiciones técnico-facultativas señaladas por la citada Administración[12].

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5. LOS APROVECHAMIENTOS DE LOS MONTES COMUNALES CATALOGADOS

Los aprovechamientos de los montes comunales catalogados[13] se sustentan en los principios generales, aplicables a la totalidad de los bienes comunales de vecindad[14], gratuidad, y de periodicidad anual. Pero, dentro de ello, los aprovechamientos pueden realizarse a través de una serie de modalidades excluyentes, o sea, elegidas en función de las efectivas posibilidades de aplicación práctica:

1.° En régimen de explotación colectiva o comunal, es decir, mediante el disfrute general y simultáneo de los bienes por quienes ostenten la cualidad de vecino o cabeza de familia en un municipio determinado.

De manera supletoria, cuando la anterior no sea practicable, se llevará a cabo un aprovechamiento peculiar, según costumbre o reglamentación local.

3.° En caso de no poder realizarse la anterior modalidad se procederá a la adjudicación por lotes o suertes.

4.° Si aún esta forma de aprovechamiento fuera imposible podrá ser autorizada la adjudicación del bien en pública subasta, mediante precio, prefiriéndose en igualdad de condiciones a los postores vecinos sobre los forasteros.

Los Ayuntamientos que vinieran ordenando el disfrute y aprovechamiento de sus montes comunales mediante concesiones periódicas de suertes o lotes de madera podrán acordar, en los términos prevenidos en la legislación local, ciertas condiciones de tipo económico así como exigir ciertos requisitos a los vecinos como condición previa al disfrute del aprovechamiento, tales como edad, vinculación, arraigo, permanencia, etc., según costumbre local, siempre que estas condiciones singulares, así como la cuantía máxima de las suertes, sean fijadas en Ordenanzas Especiales, que necesitarán para su puesta en vigor la aprobación del Ministerio del Interior, el cual la otorgará o denegará una vez oído el Consejo de Estado[15].

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[1] Los bienes comunales, independientemente de que sean montes o dehesas…, etc., deben ser diferenciados de los bienes de propios, aunque ambos tengan en común ser bienes patrimoniales del municipio. Esta cuestión, una de las más debatidas por la doctrina dada su ambigüedad legal, pero al margen de este trabajo, puede ilustrarse en la clásica monografía de NIETO, A., op. cit. supra, y también: MARTÍN RETORTILLO, C , Cuestiones jurídico-fiscales sobre los montes de los pueblos. Barcelona, 1944, págs. 5-30; BERMÚDEZ AZNAR, A., «Bienes concejiles de propios en la Castilla bajomedieval», en Actas del III Symposium de Historia de la Administración. Madrid, 1974, págs. 825-853.

[2] Los montes comunales de propiedad municipal catalogados no plantean problema alguno para su identificación, dado que existe una declaración formal y expresa sobre su carácter al figurar en el Catálogo.

[3] Vid. GraERT, R., «Antiguo Régimen..», cit. supra, pág. 30.

[4] Que al declarar en estado de venta todos los predios rústicos y urbanos, exceptuó, entre otros, a los terrenos de aprovechamiento común, previa declaración de serlo.

[5] Su realización se llevó a cabo tarde y mal, debido al desacuerdo entre el Ministerio de Hacienda interesado en vender para obtener recursos para el erario público, y el de Fomento, al que incumbía entonces la riqueza forestal. Por fin, después de haber trascurrido casi medio siglo desde la iniciación de los trabajos, se publicó el Catálogo General de Montes de utilidad pública, en 1901. Más detalles sobre la preparación del Catálogo, en SIEIRA BUSTELO, C , «Naturaleza y régimen jurídico de los montes catalogados de utilidad pública». Tesis del Instituto Español de Administración Local (en adelante Tesis I.E.A.L.), Madrid, 1955, págs. 14 y ss. y 35 y ss.

[6] Vid. GUAITA, A., Derecho Administrativo: Aguas. Montes. Minas. Madrid ,1982, páginas 221-222.

[7] El concepto legal de monte: Desde el punto de vista legal en nuestra legislación no aparece un concepto legal de monte hasta las Ordenanzas de Montes de 1833, debidas a Javier de Burgos, como señala MARTINEZ ALCUBILLA, Diccionario de la Administración española, T. XI Madrid 1924, Voz MONTES, pág. 502; desde entonces hasta la Constitución de 1978 (en que se contemplan los montes como competencia asumible por las Comunidades Autónomas, reservándose el Estado la competencia exclusiva sobre la legislación básica sobre ellos y sus aprovechamientos forestales), una extensa normativa, no siempre clara, se ocupa de los montes y sus consecuencias jurídicas. Según determina la Ley de Montes vigente, de 8 de junio de 1957, en su Título Primero, Capítulo 1, Artículo 1.° 3), bajo la denominación de montes se comprenden todos los terrenos forestales en que vegetan especies arbóreas, sea expontáneamente o procedan de siembra o plantación, siempre que no sean características del cultivo agrícola; y además aquellos otros terrenos que, sin reunir las condiciones expuestas, sean objeto (o lo hayan sido) de resolución administrativa, por aplicación de las leyes que regulen esta materia y en virtud de la cual haya quedado o queden adscritos a la finalidad de ser repoblados o transformados en terrenos forestales.

[8] Así diferencia entre montes Nacionales; Municipales (ya de propios, ya comunales); de Establecimientos públicos; de particulares, o proindivisos.

[9] La idea utilidad pública aplicada a los montes, perfilada ya a finales del siglo XIX, quedó objetivamente determinada en la Ley de 24 de junio de 1908, en la que se consideran montes de interés general y utilidad pública aquellos ya declarados con anterioridad (los catalogados) y además los que deban repoblarse forestalmente, cualquiera que sea su dueño, siempre que por su situación se hallen en uno de los casos siguientes:

— los existentes en las cabeceras de las cuencas hidrográficas;

— los que sirvan o puedan servir para regular eficazmente las alteraciones del régimen de las aguas llovidas;

— los que eviten desprendimientos;

— los que saneen parajes pantanosos.

Los preceptos de esta Ley quedaron recogidos en la de 1941, que crea y configura el Patrimonio Forestal del Estado como una entidad de Derecho público, con plena capacidad jurídica para adquirir, gravar, enajenar: bienes, derechos, acciones y créditos, así como para contraer obligaciones.

[10]Ley de Montes de 1957, Título Primero, Capítulo 1, Artículo 4.° 1).

[11] Ley de Montes de 1957, Título Primero, Capítulo 1, Artículo 4.°, 4).

[12] Los precios de la madera mínimo (también llamado precio de tasación) y máximo (o al menos superior al mínimo, llamado precio índice porque indica que por encima de él no puede la Corporación ejercer el derecho de tanteo o autoadjudicación de los aprovechamientos), son siempre fijados por la Administración. Tampoco puede llevarse a cabo ningún aprovechamiento sin que la Administración forestal haya expedido la Licencia de disfrute, documento que acredita haber cumplido los requisitos exigidos en la legislación, tales como el pago del porcentaje fijado para mejoras de los montes y presupuesto de gestión técnica, etcétera.

[13] El aprovechamiento de los montes comunales catalogados está regulado en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986, en su Cap. IV, Sección Tercera, Artículos 94, 95, 96 y 98.

[14] A este respecto, la regulación legal que ordena el aprovechamiento de los bienes comunales en los municipios es de corte tradicional, puesto que sigue siendo la condición de vecino el eje determinante, y requisito indispensable del derecho a los aprovechamientos de los bienes comunales, aunque a efectos de la Ley de Régimen Local vigente serán vecinos los españoles mayores de edad o emancipados (sean o no cabezas de familia) que residan habitualmente en el término municipal y estén inscritos con este carácter en el padrón municipal.

[15] Más detalles sobre este aspecto en NIETO, A., op. cit., págs. 719-741.

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2 respuestas a EL DERECHO DE SUERTES EN LA ZONA DE PINARES DE SORIA – II

  1. Manolo Puertas dijo:

    Date: Wed, 21 May 2014 02:01:04 +0000 To: tolema2009@hotmail.com

  2. Pingback: HISTORIA DE COVALEDA CUMPLE 3 AÑOS | HISTORIA DE COVALEDA

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