EL DERECHO DE SUERTES EN LA ZONA DE PINARES DE SORIA – I

EL DERECHO DE SUERTES EN LA ZONA DE PINARES DE SORIA – I

Durante los próximos cuatro días voy a compartir con todos vosotros un interesantísimo estudio sobre el origen del derecho a las suertes de pinos en la provincia de Soria realizado por Regina Mª Perez de Marcos, Profesora Titular D.° de Historia del Derecho y de las Instituciones. UNED.

 Se trata de un tema del que todos hemos oído hablar pero que no creo que sean muchos los que conocen en profundidad el como, cuando y porqué de este derecho.

Recomiendo su lectura ya que es de sumo interés.

BOLETÍN DE LA FACULTAD DE DERECHO, núm. 4.1993

EL DERECHO DE SUERTES EN LA ZONA DE PINARES DE SORIA

REGINA Mª PÉREZ MARCOS

(Profesora Titular D.° de Historia del Derecho y de las Instituciones. UNED.)

SUMARIO:

1. Presentación y planteamiento inicial del tema.

2. Las fuentes utilizadas.

3. Propiedad comunal y bienes comunales.

4. Los montes comunales de los municipios.

5. Los aprovechamientos de los montes comunales catalogados.

6. El marco infraestructural.

7. El reparto vecinal de los aprovechamientos en la actualidad.

a) Condiciones que deben reunir los sujetos beneficiarios,

b) Forma de reparto y cuantía,

c) Obligaciones de los beneficiarios.

8. Conclusiones provisionales.

1973-20

1. PRESENTACIÓN Y PLANTEAMIENTO INICIAL DEL TEMA

Los llamados «derechos de suertes» constituyen una modalidad de aprovechamientos de los bienes comunales de los municipios (particularmente adecuada cuando se trata de montes), consistente en la división por partes iguales del bien aprovechable para su consiguiente distribución gratuita a cada uno de los vecinos cualificados para ello[1].

Los diversos y dispares elementos que concurren en ella, confieren a esta figura jurídica un perfil atípico[2] y complejo, de naturaleza híbrida[3] que pese a encajar en la simplificante categoría de «arcaísmo jurídico» viene suscitando justificadamente nuestro interés desde la perspectiva de la Historia de las Instituciones, al hilo de sus manifestaciones en el Ordenamiento jurídico vigente en el que ha sobrevivido.

En términos generales, y en orden al encuadramiento del tema, puede observarse, en relación con las explotaciones silvícolas, que tanto su naturaleza jurídica como el régimen de dependencia del hombre respecto de ellas, quedan reflejados en la abundante y variada normativa general existente a lo largo de la Historia, ampliada por la costumbre y por situaciones singulares que enriquecen a la vez que confunden esas relaciones[4]. El interés por el ramo de montes asimismo ha sido siempre patente por parte de la Administración[5] resultando de ello una acumulación excesiva de disposiciones aplicables[6], de distinto rango jurídico y no exentas, entre sí, de contradicciones[7].

Una localización geográfica concreta, en la zona denominada de Pinares de Soria, añade al análisis institucional particularidades y matices específicos al acercarse a la evolución conceptual de las diversas categorías jurídicas que inciden en tan peculiar forma dominical, pensada desde la perspectiva de una economía de autoconsumo, escasamente monetizada, y asistida por una regulación legal de corte tradicional, que pese a su reducido interés práctico en la actualidad, presenta un interés dogmático excepcional[8].

1973-8

2. LAS FUENTES UTILIZADAS

Las fuentes utilizadas, pueden ser clasificadas en:

A) Documentales, de Archivos Municipales: Ordenanzas Espaciales de los Ayuntamientos de Talveila, Cabrejas del Pinar, Abejar, Muriel Viejo, Burgo de Osma, Vinuesa, Covaleda, Duruelo, Salduero, Navaleno, Casarejos, San Leonardo de Yagüe y Molinos de Duero.

B) Impresas: Ley de Montes de 1957, Ley del Régimen local de 1985, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 1986.

 C) Bibliográficas:

1. De bibliografía general.

2. De bibliografía específica.

 3. PROPIEDAD COMUNAL Y BIENES COMUNALES

Cualquier noción jurídica que intente formularse sobre los bienes comunales ha de tomar en consideración la necesidad de presentarlos como un campo de estudio afín pero diferenciado del que constituye el marco genérico de la propiedad comunal[9].

 Las huellas de la explotación comunal de terrenos pueden rastrearse en la Historia del Derecho español desde la época de la dominación romana en que se conoció con el nombre de «compascua» y desde la que probablemente se proyectó a la etapa visigótica. Tras el reparto de tierras entre visigodos e hispanorromanos quedaron indivisos los montes y los bosques a fin de que pudieran ser aprovechados comunalmente por los consortes de ambas nacionalidades[10]. Así, la propiedad comunal de las comunidades locales, formadas por propietarios vecinos de un poblado que aparece más tarde, tal vez fuera consecuencia de la fusión de la tradición germánica de la Allmende con la comunidad de pastos del ager compascuus romano[11].

 Con todo, la alta Edad Media constituyó el período más apto para la comunalización de la propiedad, debido fundamentalmente a la amplia colonización, que con mayor o menor grado de planificación[12], y desde diferentes bases se llevó a cabo. Las comunidades de vecinos que iban creándose en la España cristiana a tenor de la repoblación de la España musulmana, que iba siendo reconquistada, eran dotadas de amplios entornos para el disfrute de aprovechamientos comunales.

Las donaciones ad populandi realizadas por reyes o sus hijos o por los señores a monasterios, grupos de vecinos, etc., ponían especial cuidado en las asignaciones colectivas. Asimismo, en los fueros y cartas de población que iban siendo otorgados (por los reyes o los señores), señalaban los términos del lugar, haciendo a sus moradores donación colectiva de las tierras, montes y pastos y demás bienes y aprovechamientos de su alfoz. Las comunidades rurales así constituidas contaron con una ordenación trazada de acuerdo con los imperativos de su rudimentario substrato económico de autoconsumo, suponiendo en este contexto la propiedad comunal pieza indispensable y denominador común de la organización socio-económica de las colectividades agrarias en todos los países occidentales en la Edad Media, por representar una respuesta natural a los condicionamientos ambientales y facilitar la posibilidad de integración y aglutinamiento del grupo al suministrar un imprescindible complemento de las explotaciones agrícolas monofamiliares[13].

1972-13

Pero si bien la práctica de los aprovechamientos comunales hunde sus raíces en la Historia, puede apreciarse en su contenido un cambio de tendencia, reflejado en lo que podríamos llamar expresión moderna de los bienes comunales, que discrepa notablemente de las versiones iniciales hasta aquí mencionadas. Cronológicamente este punto de inflexión vino marcado por la recepción del Derecho común, en el siglo XIII, y el cambio ideológico que propició el desdoble de la categoría jurídica en cuestión. Para entonces el comunitarismo existencial de los primitivos reinos cristianos se había debilitado cediendo paso a un movimiento individualista que no dejaría de imponerse con la ayuda de ciertos elementos ideológicos como el laborismo (o énfasis de poner tierras en cultivo, abiertamente formulado ya en el Fuero de Logroño o en el Fuero Viejo de Castilla); y sobre todo del movimiento de juridifícación[14] que se manifestó en la acuñación de conceptos jurídicos (como el demanio) que favorecieron a los principios del Derecho romano-canónico; así como posteriormente el individualismo ya explícito en el siglo XVIII, tanto en el orden doctrinal como en el legal.

Hasta la recepción del Derecho común la propiedad correspondía o bien a titulares individuales o bien al común de los vecinos; pero a partir de ese momento, y como consecuencia de un proceso técnico-jurídico, comenzó a moldearse la idea de municipio como entidad con personalidad propia y separada de los vecinos, concebida como una nueva «univérsitas» extrapolada del Derecho romano, y hasta entonces rechazada por una conciencia popular inspirada en el Derecho germánico (que desconocía el concepto abstracto de corporación). De esta revisión jurídica resultó asimilada a la univérsitas municipio lo que hasta entonces se entendía como el contenido de la comúnitas civium. Como consecuencia de este deslizamiento conceptual se escamoteó limpiamente al común de los vecinos la propiedad de los bienes comunales que antes le pertenecían, colocando en su lugar un municipio con personalidad jurídica propia que se arrogó la titularidad de unos bienes que dejaron de ser jurídicamente comunales para convertirse en municipales[15], aunque no se viera afectada la totalidad de los bienes comunales por cuanto que respecto a cierta clase de ellos el común de los vecinos siguiera desempeñando un papel importante, si ya no de titularidad dominical, sí de mero aprovechamiento[16].

Por las causas mencionadas se observa cómo la propiedad comunal experimentó un doble proceso de deterioro, resultando el municipio el primer gran suplantador del común de los vecinos cuyos bienes usurpó parcialmente. Pero aún se había de llegar en el siglo XIX a la racionalización administrativa que trascendió en la fijación «moderna» y actual de los bienes comunales a partir de una administrativización de las colectividades, encasillándolas en fórmulas organizatorias uniformes a partir de un trazado geométrico de distribución de los límites territoriales de las competencias. Esta tendencia favoreció la atomización de la propiedad rural a través de vías jurídicas sancionadas por el Código civil y la movilización de los patrimonios colectivos por medio de la Desamortización[17].

 En síntesis, cualquier noción jurídica que intente formularse sobre bienes comunales debe abordar por separado los espacios del binomio conceptual pueblo y municipio, para explicar las razones a que en cada caso obedece el tratamiento de estos bienes[18].

foto 17

[1] El término «suerte» o «sorte», alude con toda claridad a la idea de lote o parte, en conexión con una tradición jurídica germánica. Por otra parte, la expresión «derechos de suertes» responde, más que a un derecho tipificado, a una realidad vivida y así comúnmente denominada en las zonas donde arraiga, y por ello será aquí siempre entrecomillado.

[2] En la medida en que discrepa del talante romanista de nuestro Código civil.

[3] Tanto por su contenido como por su realización los «derechos de suertes» ponen en relación a dos tipos de sujetos de derecho: unos de naturaleza simple, los individuos; otros de naturaleza corporativa, los municipios, interviniendo en su regulación elementos de Derecho administrativo y de Derecho civil.

[4] Vid. SALCEDO IZU, J., «Derecho forestal: conceptos e historia», en Estudios dedicados a la Memoria del Profesor L. M. Diez de Salazar Fernández. Vol. 1: Estudios Histórico-jurídicos. Bilbao, 1992, pág. 907.

[5] En este sentido, son clásicos los trabajos de CRUZ, E. (de la): Régimen de Montes de la Sierra de Segura. Córdoba, 1979: «El negociado de maderas de Segura de Sevilla». Separata de Historia, Instituciones y Documentos, 14 (Sevilla, 1988); «La Ordenanza de Montes de Marina de 1748», en Papers in European Legal History. Trabajos de Derecho Histórico Europeo en Homenaje a Ferrán Valls i Tabemer. Vol. V. Barcelona, 1992, págs. 1453-1663.

[6] Las huellas legales sobre materia de Montes fueron sistematizadas y expuestas por GIBERT, R., «Antiguo Régimen español de Montes y Caza». Introducción al Catálogo de la Exposición: «La acción Administrativa en materia de Montes y Caza», organizada por el Instituto de Administración Pública. Alcalá de Henares, 1969-70.

[7] Vid. GARRIDO FALLA y SERRANO GUIRADO, «Consideraciones sobre una posible reforma de la legislación de montes», en Revista de Estudios Agro Sociales (en adelante R.E.A.S.), n.° 1, Madrid octubre-diciembre 1952, págs. 3-47.

[8] Como señalara en su día NIETO, A., Bienes comunales. Madrid, 1964, pág. 712

[9] Sobre el discutido tema de la propiedad comunal las referencias bibliográficas son abundantes, y pueden encontrarse sistematizadas en NIETO, A., «Estudio preliminar» en Historia de la Propiedad comunal, de Rafael Altamira y Crevea. Ed.: Madrid, 1981, págs. 13-16. Además, otras argumentaciones que se han considerado interesantes al respecto: BENEYTO PÉREZ, J., «Notas sobre el origen de los usos comunales», en Anuario de Historia del Derecho Español (en adelante A.H.D.E.), IX, Madrid 1932, págs. 33-102; BAZ IZQUIERDO, «Explotación colectiva de los bienes comunales de aprovechamiento agrícola», en R.E.A.S., 51 Madrid, abril-junio de 1965, págs. 33-65; GARCÍA-GRANERO, J., «Cotitularidad y comunidad. Gesammtehand o comunidad en mano común», en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario (en adelante R.C.D.I.) Mdrid, 1946, págs. 214, 215, 217 y 218.

[10] Vid. TORRES LÓPEZ, M., Vol. 1, pág. 280, y también PÉREZ-PRENDES, J. M., Curso de historia del Derecho español. Madrid, 1989, pág. 1116.

[11] Vid. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., Historia de las Instituciones españolas. Madrid, 1977 (Quinta edición), págs. 175 y 208.

[12] Mientras que la colonización planificada resultó ser una causa de privatización acelerada, a través de la presura o instituciones semejantes, y de comunalización moderada; la colonización no planificada originó grandes proporciones de comunalización. Cfr. LALINDE ABADÍA, J., «El dominio público como paralogismo histórico en España», en Actas del III Symposium de Historia de la Administración. Madrid, 1974, págs. 447-482.

[13] MARTÍN MATEO, R., «El fiíturo de los bienes comunales», en Revista de Estudios de la Vida Local (en adelante R.E.V.L.), n.° 155 (septiembre-octubre 1967), págs. 661-682.

[14] Vid. LALINDE ABADÍA, J., «El dominio público como paralogismo histórico en España», en Actas III Symposium de Historia de la Administración. Madrid, 1974, pág. 465.

[15] Una vez configurados los municipios como organizaciones político-administrativas rígidamente modeladas por la ley (a partir de las Cortes de Cádiz de 1812), la posición de los vecinos quedó definida como un simple «ius in re aliena».

[16] Cfr. NIETO, A., Bienes Comunales. Madrid, 1964, págs. 15, 91-95, 200 y ss.

[17] La política liberal de atomización e individualización facilitó el expolio de unos bienes vitales en muchos casos para los vecinos de los pueblos. Cír. TOMÁS Y VALIENTE, F., «Bienes exentos y bienes exceptuados de Desamortización (Análisis de la Jurisprudencia del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo entre 1873 y 1880)», en Actas del III Symposiutn de Historia de la Administración. Madrid, 1974, pág. 90.

[18] Como hace tiempo afirmara FERNÁNDEZ DE VELASCO, «Naturaleza jurídica de los bienes comunales», en Revista de Derecho Privado, n.° 174, Madrid 1928, págs. 75 y ss., la determinación del titular de derechos sobre los comunales es distinta según el origen de los bienes y del municipio mismo en que se insertan. Y en tal sentido cabe diferenciar dos supuestos: uno cuando el municipio, sobre constituir una unidad patrimonial, se erige en unidad de imperio público con representación jurídica en la realización de funciones públicas, en este caso el titular de los bienes comunales es el pueblo representado por el Concejo, y las facultades de ambos polos no derivan del Estado por encontrarse ya establecidas. Otro supuesto distinto es cuando el municipio surgiera por voluntad de los Reyes y fuera dotado por éstos de sus comunales, en cuyo caso nacen a un tiempo la unidad patrimonial y la de imperio, en ambos casos el titular de los bienes comunales es el municipio como expresión jurídica del pueblo.

 

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