EL TURISMO RURAL EN LA TIERRA PINARIEGA SORIANA – I

A lo largo de los próximos días voy a compartir con todos vosotros un interesante artículo dedicado al Turismo Rural en la zona de Pinares de Soria, escrito por Jesús María Bachiller Martínez y publicado en Cuadernos de Turismo, nº 29, (2012); pp. 35-60.

El auge del uso público en los espacios rurales es un componente más de las crecientes relaciones campo-ciudad. Los conflictos se multiplican, no solo en la relación entre desarrollo turístico y conservación, sino también en el trato con los propietarios rústicos, públicos y privados, que tienden a organizarse y plantear sus reivindicaciones en la ordenación y gestión de los territorios implicados. Se expone, como ejemplo, un propietario de excepción, la Mancomunidad de los 150 pueblos de la Tierra de Soria/ayuntamiento de Soria, que ha tenido que hacer frente al cambio de función que ha supuesto el aumento del uso público en sus montes.

CONFLICTOS DE INTERESES EN LA ORDENACIÓN DE UN TERRITORIO DE MONTAÑA: EL TURISMO RURAL EN LA TIERRA PINARIEGA SORIANA

Jesús María Bachiller Martínez

Universidad de Valladolid

INTRODUCCIÓN

El turismo rural es una modalidad que ha irrumpido en España a finales del siglo XX y, desde entonces, no ha dejado de crecer debido tanto a los cambios acaecidos en el comportamiento de la demanda (democratización del ocio, fragmentación de las vacaciones, multiplicación de las actividades y motivaciones de viaje, etc.), como a la propia reorganización de la oferta turística en los espacios rurales (organización territorial del estado, políticas de desarrollo local, oferta de nuevas opciones y posibilidades de ocio, etc.). Tanto es así, que desde los años 90 se ha producido una verdadera eclosión del turismo rural en España, concibiendo éste como «todo el conjunto de prácticas de ocio y recreo que utilizan como soporte el medio natural y como estructura de apoyo a las comunidades rurales, con su oferta de alojamiento, restauración y actividades complementarias»

(Villalvilla, 1992: 9).

 El turismo es un componente importante del sistema de relaciones que se ha desarrollado entre el medio rural y urbano, motivado por las nuevas funcionalidades que están asumiendo los espacios rurales. Estas relaciones se han intensificado en la medida que se han reforzado los vínculos económicos y se han multiplicado las posibilidades de intervención sobre el territorio. Todo ello permite opciones de uso y gestión más diversificada, y, con ellas, la entrada también de nuevos intereses y conflictos, que complican el proceso de toma de decisiones. La existencia de una mayor diversidad de referentes en las

posibilidades de utilización del espacio ha impulsado en la población local un cambio de percepción respecto a los problemas de desarrollo, lo cual ha repercutido directamente en el nivel de expectativas que registran los derechos de propiedad o el grado de satisfacción que alcanzan las grandes actuaciones públicas o los grandes proyectos de protección de espacios naturales.

En este artículo se ofrecen algunas reflexiones sobre los conflictos que el auge del uso público genera con las sociedades rurales y, especialmente, con los propietarios rústicos, públicos y privados. Se expone un ejemplo en el que un propietario público de excepción, la Mancomunidad de los 150 pueblos de la Tierra de Soria-Ayuntamiento de Soria, se ha visto obligado a gestionar los cambios que se han producido en la función de sus montes, debido a la creciente demanda de uso público. Un debate con una marcada dimensión espacial, en el que se confrontan intereses muy diversos y se interponen visiones y culturas muy contrapuestas, no siempre fáciles de conciliar.

1. UN ENTRAMADO DE RELACIONES CADA VEZ MÁS ESTRECHO

El denodado interés hacia territorios que hasta hace poco habían permanecido prácticamente ignorados ha supuesto una revalorización de muchos espacios y ha despertado una mayor sensibilidad y preocupación por su cultura y por sus valores ambientales y paisajísticos, propiciando un renovado diálogo entre la sociedad urbana y la sociedad rural. Un contacto con una comunidad, la rural, que, a diferencia del pasado, se halla profundamente alterada por los cambios socioeconómicos acaecidos en España en la segunda mitad del siglo XX. Este nuevo encuentro, reencuentro en algunos casos, ha creado un entorno de relaciones entre ambas sociedades, la urbana y la rural, no siempre fáciles por la diferencia de mentalidades, de sistema de valores y, cómo no, de intereses que se ponen en juego.

Las dificultades se han agudizado más, si cabe, debido a que la despoblación ha generado posturas y reacciones más enconadas entre la población rural.

Esta confrontación de formas de pensar y de intereses no es nueva. La hemos visto, por ejemplo, en el ámbito de relaciones que se establecía en el seno del llamado turismo de retorno, que para la mayoría de las áreas rurales españolas era el único conocido hasta tiempos muy recientes y que todavía mantiene un peso importante en la mayoría de los espacios. El trabajador urbano llegaba a menudo a su pueblo natal como un triunfador que hacía gala de aportar ideas y planteamientos sobre lo que había que hacer o dejar de hacer en el pueblo. También son bien conocidas las disputas con «Patrimonio», por las restricciones que la ley imponía a la construcción o reforma de viviendas en caseríos con algún tipo de declaración. En la actualidad, el sistema de relaciones se ha estrechado, se ha diversificado y se ha intensificado como consecuencia de una acción política sobre el territorio mucho más amplia y precisa, por la función residencial que ha adquirido el mundo rural y por el mayor contacto que existe a través de las nuevas formas de relación y de ocio que tienen como soporte los espacios rurales. Se puede decir que espacio rural y urbano han tejido un sistema de relaciones recíproco en esta encrucijada.

Casa Rural El Bolo www.casaelbolo.com

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 Así, se multiplican los proyectos imaginativos que persiguen nuevas complicidades entre el medio rural y el medio urbano, aprovechando las posibilidades que ofrecen los actuales medios de comunicación. El enoturismo, el turismo micológico, el apadrinamiento de animales de distintas especies o el alquiler de cepas de vid son algunas de las experiencias más conocidas.

Esta trama de relaciones ha llegado también al campo de las inversiones, que han tenido unas derivaciones verdaderamente extraordinarias. Son cada vez más las personas que, atraídas por un determinado lugar, sin necesidad de tener ningún vínculo anterior con él, buscan entornos como segunda residencia o realizan inversiones para poner en marcha pequeños proyectos de casas rurales u otro tipo de oferta de alojamiento. Esta  nueva vocación ha posibilitado una inmensa labor de recuperación del patrimonio, a la que han contribuido eficazmente las normativas de las Comunidades Autónomas, reguladoras de los alojamientos rurales, y los programas de desarrollo rural que se han puesto en marcha desde los años 90 en las distintas regiones. Aunque aún falta mucho, ha sido portentosa la labor de recuperación de antiguos conventos, hospitales, palacios, casonas, molinos, etc. para ofrecerlos como alojamientos rurales. Estas inversiones eran fundamentales para sostener un cierto movimiento turístico en el medio rural y, lo que es más importante, han conseguido dotarle de unas señas de identidad, claramente diferenciadas del turismo convencional. Tal inyección económica ha supuesto la dinamización de muchas áreas y ha posibilitado también la entrada de nuevas ideas, de concepciones diferentes y de nuevos intereses, que pueden redundar positivamente en la conservación y mejora paisajística de los caseríos rurales, tan deteriorados por intervenciones del pasado, poco respetuosas con el entorno. Las distintas medidas tomadas por las Comunidades Autónomas, tanto para establecer condiciones de construcción como para imponer límites al crecimiento turístico en áreas saturadas, contribuyen también a lograr ese objetivo de protección (Sanz, 2008: 96).

 Por otra parte, esta encrucijada coincide con una multiplicación de las posibilidades de intervención sobre el territorio, que están permitiendo opciones de uso y gestión más diversificadas, y, con ellas, la entrada de nuevos intereses y nuevas contradicciones, que complican el proceso de toma de decisiones. La situación de desesperación en la que viven inmersos muchos municipios, acuciados por la despoblación y la falta de capacidad económica, cuando no de futuro, contribuye a enredar los debates.

No es de extrañar, por tanto, que en este entorno surjan mayores conflictos ante las perspectivas de ordenación y gestión de espacios tradicionales con una diversidad de alternativas de uso. Las nuevas potencialidades no solo chocan con las inercias locales, sino también con intereses más diversos, que acaban planteando un debate demasiado condicionado por la idea de cómo salvar las poblaciones rurales. El caso del turismo rural sigue siendo paradigmático. Prácticamente desde sus inicios ha encontrado resistencias al no ser percibido como solución a los problemas rurales o, en el mejor de los casos, pensarse que solo beneficia a unos pocos, resultando perjudicados la mayoría de los vecinos (subidas de precios, colisión con las actividades tradicionales, percepción de inseguridad, freno al desarrollo de otras alternativas, etc.). Esta percepción, lamentablemente, es la que suele imponerse cuando se plantea una decisión municipal ante la existencia de distintas opciones de uso de su territorio, como puede ser el caso, cada vez más frecuente, de la disyuntiva entre proteger el patrimonio paisajístico y/o monumental, o instalar parques eólicos. El desarrollo del turismo rural en los últimos años no ha sido suficiente para percibirse como una opción convincente de desarrollo frente a los ingresos rápidos y seguros que proporciona la instalación de aerogeneradores, aún en lugares con impactos negativos. También se observa, por desgracia, una cierta indiferencia hacia los valores paisajísticos y ambientales, en pro de unos ingresos que, si bien pueden suponer mejoras, pocas veces solucionan los verdaderos problemas de las poblaciones afectadas y, cuando lo hacen, es por la intervención de otros factores añadidos, como el caso de la localidad zaragozana de La Muela, que suele ponerse como referente. La disyuntiva, por otra parte, puede acabar en conflicto cuando los parques eólicos, que suelen alinearse en las cumbres que limitan términos municipales y cuentan con aerogeneradores cada vez más elevados, afectan a los atractivos turísticos de las poblaciones vecinas. Sería interesante evaluar los impactos que causan los parques eólicos en términos municipales colindantes y comprobar si, previamente, ha habido alguna planificación conjunta, y si se ha recibido algún tipo de contrapartidas.

Otro ejemplo recurrente es la reacción que suscita la política de protección de espacios naturales que, como se sabe, se ha extendido de manera exponencial en los últimos 25 años y que sigue siendo percibido por algunos sectores de las comunidades rurales como algo impuesto por la sociedad y los intereses urbanos. Las distintas formas de turismo y los problemas que inevitablemente se producen como consecuencia de ese aumento del número de visitantes, provocan en ocasiones reacciones legislativas de prohibición, que lesionan intereses rurales y extienden el malestar entre la población rural, que sienten recortados sus derechos tradicionales por causas externas a ellos. La reforma de la ley de montes de abril de 2006, en la que se prohibía la circulación de vehículos a motor, es solo un eslabón de una problemática más amplia. Existe un sentimiento muy extendido de que la población rural tiene escasa influencia en la elaboración de las leyes y una capacidad de decisión cada vez menor, a pesar de los procesos de participación que se abren en muchas de las decisiones que se toman. Hay un debate incluso sobre quién debe tener la capacidad de decisión, si un ámbito rural despoblado y marcadamente subsidiado o el ámbito urbano, donde vive la mayor parte de la población, que son también los principales usuarios de esos espacios naturales, y donde se recaudan la mayor parte de los impuestos.

Casa Rural La Cueva del Tío Melitón casaruralcovaleda.es

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 La nueva ley para el desarrollo sostenible del medio rural, que apuesta también por la diversificación económica y la integración del medio rural, supone un impulso decisivo a las nuevas concepciones del desarrollo rural. El apoyo a planes de zona que contempla esta ley replanteará presumiblemente los debates sobre el modelo de desarrollo a seguir en cada caso. Todo ello debería suponer el inicio de una nueva etapa en la relación de los pueblos con su territorio, pues va a poner de manifiesto la capacidad de los municipios para buscar acuerdos que signifiquen una verdadera ordenación de los recursos disponibles, una mejor adaptación de las funcionalidades territoriales a las potencialidades de cada espacio y una gestión más coherente con los criterios de sostenibilidad.

2. PROPIEDAD RÚSTICA Y TURISMO RURAL

El turismo en los espacios rurales, en sus más diversos tipos, es una modalidad que destaca sobre otras, como el turismo urbano o el turismo de sol y playa, por ser un gran consumidor de espacio. Miles de rutas y senderos cruzan nuestros montes, que son recorridas por decenas de miles de senderistas; el deporte de la nieve congrega cada invierno a cientos de miles de personas, que se mueven en una superficie muy amplia; la caza, el turismo micológico, las rutas a caballo o con distintos vehículos todo terreno, son practicadas por miles de seguidores; los deportes de aventura concentran cada año a miles de practicantes; cientos de espacios naturales, con o sin protección, que representan un elevado porcentaje del territorio nacional, se han convertido en soporte físico de la práctica turística en el medio rural.

El ascenso de la demanda de espacios de ocio al aire libre es un hecho que se empieza a constatar desde mediados de los ochenta (Valenzuela, 1984: 3). El turismo rural, sin embargo, se ha caracterizado en muchas de sus modalidades por la utilización gratuita de esos enormes espacios. Si exceptuamos las actividades de uso intensivo del suelo, como los deportes del esquí, ciertas modalidades de caza o algunos deportes de aventura, existen muchas prácticas turísticas que se desarrollan libremente, a espaldas de los propietarios de esos terrenos, que, de forma tácita, permiten la utilización de sus propiedades, generalmente carentes de un aprovechamiento expreso o al menos intensivo. Una gran parte de esos espacios son montes de utilidad pública, en su mayoría pertenecientes a las entidades locales. Pero otros tienen titularidad privada, aunque de hecho no sostengan una explotación definida, debido a la falta de rentabilidad de los aprovechamientos tradicionales, factor clave de su largo proceso de abandono y despreocupación. Muchos de ellos son montes proindiviso, carentes de una propiedad definida, debido al problema añadido de la emigración, y que llegan a representar en algunas provincias un porcentaje importante de su patrimonio. La Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE), que agrupa a las 9 asociaciones forestales provinciales de la comunidad autónoma y cuenta con más de 8.000 socios, gestiona más de 600.000 ha en el conjunto de la región. Solo en la provincia de Soria se calcula que puede haber hasta 300.000 ha en este régimen.

 Los responsables de la gestión turística en las distintas escalas administrativas se afanan por organizar el turismo en los montes de utilidad pública. A la hora de diseñar los senderos o las rutas turísticas, ya sea del GR, del PR u otras más locales, se procura que transcurran por caminos, cañadas, cordeles, pistas forestales u otras infraestructuras locales de uso público. Sin embargo, la realidad en un territorio tan vasto es más compleja y las situaciones que se presentan son bastante variadas. De hecho, los conflictos de propiedad son una de las grandes fuentes de problemas en las actividades de turismo rural. Tanto es así, que el crecimiento del uso público en algunos espacios ha llevado a la decisión de propietarios privados de cercar sus fincas e impedir la práctica turística. Este hecho, probablemente, no solo plantea la compatibilidad del derecho de propiedad con el uso y disfrute respetuoso de la naturaleza, sino también el derecho de los propietarios a percibir contrapartidas o garantías por el uso de sus propiedades. Los ejemplos se prodigan en distintos territorios y modalidades turísticas. Existen muchos GR o PR que atraviesan fincas privadas, sin ninguna compensación para sus propietarios; hay espacios naturales protegidos que ocupan un porcentaje significativo de propiedades privadas rústicas o de sociedades de propietarios. Ciertas prácticas deportivas utilizan también espacios privados sin coste alguno. A veces aparecen terrenos particulares para el acceso a determinados paisajes, que reclaman acuerdos con sus propietarios; no faltan ayuntamientos que ponen precio al paso de rutas o pistas de esquí por su término municipal. Se dan también casos en que los propietarios, asumiendo responsabilidades que quizá no les corresponden, han tenido que dotar de infraestructuras y servicios a determinados parajes de gran atracción turística, sin contrapartidas económicas directas y a pesar de representar riesgos para otros aprovechamientos tradicionales, más prioritarios y rentables para sus propietarios.

El turista no siempre es consciente de que muchos de los terrenos que recorre o que utiliza en su tiempo de ocio son de propiedad particular, aunque aparentemente no tengan un aprovechamiento expreso. Sin embargo, crece la toma de conciencia de los propietarios rústicos sobre el cambio de funcionalidad que están experimentando sus propiedades y esto está generando ya respuestas concertadas para aprovechar el nuevo escenario, bien para plantear nuevas reivindicaciones o para proponer nuevas regulaciones de sus recursos.

Se crea así una trama de conflictos en la que se ven involucrados colectivos de muy diversa naturaleza y con intereses dispares, no siempre fáciles de conciliar. Conflictos entre propietarios, usuarios y beneficiarios del turismo; conflictos entre municipios y asociaciones ecologistas; conflictos entre propietarios públicos y privados de montes, o entre estos y los agentes turísticos; conflictos entre administraciones. Conflictos que no siempre se resuelven con soluciones dialogadas y decisiones equilibradas entre todas las partes, y que suelen poner de manifiesto la falta de madurez del sector y, lo que es peor, la inexistencia de una cultura territorial en nuestro país capaz de defender una gestión más razonable y respetuosa del territorio.

Por otra parte, en esa ingente superficie que consume el turismo rural se superponen cada vez con más frecuencia más de una actividad, cada una de ellas con su peculiar sistema de organización y demanda de infraestructura y  servicios. Estamos habituados a reconocer la colisión entre las nuevas actividades turísticas y otras más tradicionales, como la agricultura, la ganadería extensiva, la caza o la explotación forestal. Pero el propio dinamismo

del fenómeno turístico está llevando a la aparición de conflictos entre dos o más actividades turísticas que compiten por el mismo espacio y tiempo de ocio, con la salvedad de que cada una de ellas haya pagado un precio distinto por el uso de ese territorio, con el consiguiente choque de intereses. El problema se plantea entre los defensores de una u otra actividad, pero también se ven involucrados otros actores, como los propietarios, entidades municipales, asociaciones deportivas, asociaciones de hosteleros etc.

Un ejemplo muy actual es el que tiene como escenario los espacios forestales. En el quinto Congreso Forestal Mundial de Seattle de 1960 se acuñó el principio de la utilización múltiple del monte. Cuando Rosa Jordá hablaba en 1991 de la creciente demanda de uso social del monte (Jorda, 1991: 121) quizá no preveía la gran variedad de usos que ha alcanzado en la actualidad. Los montes no solo han adquirido una demanda multifuncional, sino que se han convertido en soporte de una multiplicidad de prácticas deportivas o de actividades de mera contemplación. Aparte de practicarse la caza y la pesca, existe una tradición en la recogida de setas, convertida hoy en turismo micológico; además, son espacios con cierto atractivo para la práctica del senderismo, las travesías en mountain bike, las rutas a caballo y, actualmente, se ha desarrollado el interés por la práctica de deportes de aventura, como las rutas en quads, en 4×4, u otro tipo de vehículos, sin excluir el trineo tirado por perros. La mayoría de estas actividades se realizan libremente, sin coste alguno para los usuarios y sin ningún tipo de regulación, lo cual está provocando un aumento de las quejas, e incluso de los pleitos, por parte de propietarios forestales, ayuntamientos y practicantes de actividades reguladas.

Camping Refugio de Pescadores www.covaleda.com

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 Esta es una realidad que se reproduce en muchos espacios, y que tenderá a difundirse en la medida que el medioambiente sea un bien cada vez más demandado y aparezca a la vez como un activo clave en la revalorización de los recursos turísticos del medio rural.

Un panorama complejo que pone en evidencia la necesidad de una política de consenso en la ordenación territorial.

Otro escenario en el que se reproducen este tipo de problemas es el que se genera en los numerosos espacios donde se han puesto en marcha programas de desarrollo turístico, en el marco de la iniciativa Leader y Proder, o, más recientemente, en los programas de protección y desarrollo sostenible que se están llevando a cabo en el ámbito de los proyectos Life, que pretenden proteger un porcentaje significativo del territorio nacional. La proliferación de espacios protegidos, especialmente en áreas rurales desfavorecidas, se ha convertido, para algunos autores, en un instrumento de revitalización de las economías locales (Serrano, 2008: 1). Estos planes de protección en áreas que ofrecen cierta calidad ambiental, intentan conseguir un consenso entre la población local para llevar a cabo planes de protección ambiental y proyectos de desarrollo sostenible. Entre sus medidas se contempla la posibilidad de utilizar alguna de las distintas figuras de protección, aunque no siempre existan realmente amenazas medioambientales graves, con el objetivo, más bien, de dar a conocer y aumentar el uso público de estos espacios y conseguir, en última instancia, estimular el turismo rural por estas zonas con problemas estructurales serios.

Entre las principales aportaciones que se pueden atribuir a estos nuevos proyectos es su interés porque la planificación se haga desde abajo, buscando la participación de todos los sectores sociales implicados y con el concurso de especialistas en las distintas materias. En este sentido, resulta demostrativa la propuesta de plan de gestión del LIC «Sabinares Sierra de Cabrejas (Soria)», que pretende crear un modelo para la gestión de los espacios encuadrados en la Red Natura 2000 de la comunidad de Castilla y León. Resultan interesantes las reuniones que se han mantenido con los distintos agentes sociales de los municipios afectados. Largas reuniones sectoriales y transversales entre las distintas partes, incluida la administración local, en las que quedan reflejados los legítimos intereses que se ponen en juego. Un proceso que puede ser todo un referente en la búsqueda de consensos para el aprovechamiento sostenible de los recursos, con el apoyo de estudios técnicos detallados y una amplia participación social, aunque no hubiera sido posible sin el soporte económico y la ardua labor de coordinación llevada a cabo por el PRODER Tierras del Cid.

Un medio rural provisto de bienes estratégicos en la configuración territorial de las sociedades del futuro y con una creciente demanda como áreas recreativas tenderá a elevar las expectativas de muchos espacios y, con ellas, la de los propietarios afectados, que tenderán a reclamar una mayor participación en la gestión o incluso en los beneficios que proporciona el turismo, ya sea para rentabilizar el uso de sus montes o para plantear una nueva ordenación de la oferta, que garantice, por un lado, un aprovechamiento sostenible de los recursos y asegure, por otro, un impulso al desarrollo local. La creación de asociaciones de propietarios de montes o los planes de regulación de los recursos micológicos en distintas regiones constituyen todo un referente de un proceso que puede extenderse en el futuro.

El aumento del uso público ha desembocado en una gran diversificación de las actividades que concurren sobre un mismo territorio, cuyo grado de contraprestación económica a los propietarios es, sin embargo, muy desigual. Este desequilibrio es fuente de no pocos conflictos, por la intersección de actividades en el tiempo y el espacio. Corregirlo no resulta fácil puesto que no existe una valoración económica del disfrute de la naturaleza y el paisaje como parte integrante de nuestras necesidades de ocio. En los años 80 ya se planteaba la difícil evaluación económica de unos recursos que no tienen precio en el mercado porque son de carácter no comercial (Valenzuela, 1984: 5). Desde la disciplina económica se han desarrollado distintos métodos para la evaluación del medio ambiente, unos indirectos, como el método de los precios hedónicos, el del coste del viaje y los basados en funciones de producción, y otros directos, como el método de valoración contingente o los modelos de elección (Frutos, 2008:38). La realidad, sin embargo, no ha cambiado mucho. Pese al aumento de la demanda social de determinados espacios, la cultura del todo gratis sigue siendo la predominante. Como mucho, se oyen algunas voces de responsables públicos que incitan al debate sobre la posibilidad de solicitar contrapartidas económicas por el disfrute de ciertos espacios naturales y recreativos, lo mismo que la visita a determinados monumentos histórico-artísticos, museos o yacimientos arqueológicos. Pero no es una opinión que haya alcanzado todavía un consenso político mayoritario ni una toma de conciencia social lo suficientemente amplia, y que solo podría prosperar, a mi juicio, si lleva aparejada un cambio en la organización y la dotación de infraestructura y servicios en las áreas seleccionadas. Hay que reconocer, sin embargo, que cuando se ha encontrado un uso intensivo del suelo, la explotación se ha llevado hasta las últimas consecuencias, sin importar los impactos medioambientales y/o hacia otras actividades socioeconómicas.

La creación de algunas estaciones de esquí, como la de San Glorio, o la ampliación de otras, como la de Formigal en el Pirineo aragonés, son ejemplos muy actuales, pero ¡qué decir de la instalación indiscriminada de parques eólicos y huertos solares!

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